Gandásegui, Hay que derogar la Ley 51

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La lucha continua. Foto por la Coordinadora Ciudadana.

Hay que derogar la Ley 51 de la CSS

por Marco A. Gandásegui, hijo

En febrero de 2015 señalé que la Ley 51 de 2005 fue concebida para transferir los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) a las diferentes agencias privadas financieras panameñas y extranjeras que especulan con los ahorros de los trabajadores panameños. Ya era público y notorio que el daño que la ley 51 le hacía al programa de Invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CSS era catastrófico.

¿En qué consiste la lógica de la legislación introducida en la CSS en 2005? Por un lado, las cuotas que pagan los trabajadores a la CSS para el programa IVM se dividirían en dos fondos. Habría un programa para quienes pagan menos de B/800 que seguiría siendo solidario. También habría un programa para quienes pagan cuotas correspondientes a un salario de más de B/800, que sería individual. Es decir, el asegurado recibiría al llegar a su edad de jubilación la suma de lo acumulado durante toda su vida laboral.

Además, los que estaban en el programa solidario en 2005 y querían seguir siendo miembros podían hacerlo. Todos los que entraban al programa de la CSS con salarios superiores a B/800 después de 2005 estaban obligados a sumarse al plan de jubilación individual.

Por el otro, las cuotas que pagan los trabajadores benefician a los especuladores, sin beneficio alguno para los asegurados. Los trabajadores sólo reciben lo aportado durante largos años de trabajo. Los fondos adicionales que generan los ahorros son transferidos en su totalidad a los especuladores. Además, si los agentes privados hacen malas inversiones y/o quiebran, los asegurados pierden todos sus ahorros.

En el caso del sistema solidario los trabajadores del presente cubren las pensiones de los trabajadores del pasado. Se parte de un supuesto lógico en este sistema. Siempre habrán más trabajadores y, también, estarán ganando más que los que pertenecían al sistema en el pasado. Esta lógica se ha sostenido en todos los sistemas de seguro social solidario.

En el caso del sistema individual, el trabajador no cuenta con una red que lo proteja de cualquier percance –enfermedad o accidente– que podría dejarlo abandonado a su suerte. El valor que tiene el “seguro social” es precisamente que ofrece un sostén. Esta es la diferencia con el seguro individual o privado que no lo ofrece.

En el caso de Panamá, las cuotas de los que menos cotizan no podrán cubrir las necesidades de los que se están jubilando en los próximos 10 años. Los que más cotizan están fuera del programa solidario y tienen sus planes individuales (que benefician sólo a los especuladores que reciben sus cuotas).

Lo peor de la situación es que los administradores de la CSS a partir de 2005 no conocen la institución, su situación financiera, ni su potencial. Un empresario ligado a la Caja confesó que “la CSS debe emitir el estado de cuenta y entregárselo a las personas que están en el sistema, con detalles de lo ahorrado en su cuenta personal y los intereses devengados”. Eso no se hace.

Un exdirector de la CSS afirmó que “en este momento tenemos información imprecisa, porque los estados financieros ameritan ser depurados y auditados”.

Agregó que “el programa de IVM siempre ha tenido un futuro incierto”. Desde hace tres años no se conoce el estado financiero de la institución. Se hicieron inversiones en compras y edificaciones sin control por parte de la CSS. Sin embargo, los responsables llevaban una contabilidad minuciosa de las ganancias que arrojaban las operaciones.

Los responsables admiten de manera cándida que los directivos sólo han pensado en hacer negocios con los fondos de la CSS. Un miembro de la junta directiva admitió que “hay una serie de compromisos que se deben pagar y si todo está bien sustentado, nosotros como junta directiva damos el visto bueno”. Parece que no importa que eso signifique hundir a la institución y todos los asegurados.

Según el actual director de la entidad, se siente obligado a pagar 1,200 millones de dólares a varios acreedores en un plazo de cuatro años. Para evitar la catástrofe puede suspender las obras y los pagos. Si lo obligan a pagar, puede extender el plazo a 2050. Un expresidente de la Cámara de Comercio dijo que “el programa no es sostenible en el tiempo”. Sólo le faltó agregar que la única solución es derogar la Ley 51 de 2005 y regresar al sistema de seguro social solidario

 

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