FPS, Los problemas de la ampliación del Canal

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El ministro intenta explicar sin referencia a la corrupción del caso. Foto por la Asamblea Nacional.

Hay que evitar otro escándalo
en el Canal de Panamá

por el Frente Panamá Soberana (FPS)

Sólo si algo inesperado ocurriera, el proyecto de ampliación del Canal de Panamá será recordado como otro gran “escándalo” que involucra al gobierno, la elite empresarial panameña e intereses extranjeros. El pueblo panameño y las futuras generaciones serán los grandes perjudicados. La propuesta de ampliación del Canal –construcción de un tercer juego de esclusas con mayor capacidad que las existentes– fue presentada por el presidente Martín Torrijos en 2006. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), celebro del proyecto, aseguró que el Canal ampliado le rendiría al país enormes beneficios.

Han pasado casi 10 años y el país está todavía enfrascada en un debate sobre las bondades del proyecto presentado. Por un lado, todos los defectos previstos están saliendo a flote. Por el otro, la corrupción de las empresas involucradas e intereses especulativos locales, que no fue un factor analizado, ha aparecido en el corazón del proyecto.

En 2006 el Frente Panamá Soberana (FPS) realizó un esfuerzo extraordinario para analizar la propuesta de la ACP y del presidente Martín Torrijos. El resultado del estudio que efectuó arrojó como resultado serias deficiencias e inconsistencias en la propuesta. Incluso, el FPS recomendó que se rechazara ese proyecto de ampliación del Canal de Panamá. No fuimos los únicos. Desde diferentes sectores de la sociedad panameña surgieron dudas sobre la propuesta.

El FPS no se opuso –ni si opone, en la actualidad– a ampliar la capacidad de tránsitos por el Canal. Se opuso, en aquel momento, a la propuesta que presentó el gobierno de Martín Torrijos, sustentado por la ACP. El FPS presentó sus razones en foros, documentos y en los medios de comunicación. La principal razón era –y sigue siendo– que el proyecto de ampliación presentado por el gobierno y la ACP era ajena a los intereses de Panamá que como país tiene que integrar el Canal a un plan de desarrollo nacional. Igualmente, se demostró –hace casi una década- que la propuesta de ampliación sólo beneficiaría a las grandes empresas trasnacionales de transporte marítimo que tienen un monopolio a escala mundial sobre esta actividad.

Desde el punto de vista ambiental y de ingeniería, la propuesta de ampliación tenía inconsistencias que ponen en peligro la seguridad del mismo proyecto. La ampliación del Canal necesita nuevas fuentes de agua que no fueron incorporados al documento aprobado. Hay indicios, sin embargo, que la ACP y el gobierno sabían que el proyecto de ampliación necesitaría más agua y no fue incluida por razones políticas.

A su vez, aún no hay seguridad alguna que el proyecto presentado para construir el tercer juego de esclusas no contaminará las aguas de los ríos y lagos que alimenta el complejo del Canal. El FPS denunció en forma oportuna la dificultad que representa introducir los barcos pos-Panamax a las nuevas esclusas mediante el uso de los remolcadores.

Los panameños nos enfrentamos, en la actualidad, que todas las advertencias y dudas que generaba el proyecto de ampliación del Canal palidecen frente a las maniobras financieras de las empresas contratadas por la ACP para construir el tercer juego de esclusas. La deficiente administración – para no decir colusión – de la ACP le ha permitido a un consorcio europeo abusar del fisco panameño y hacer demandas desmedidas de sus recursos en abierto desafío de las leyes y contratos celebrados entre las partes. La construcción del tercer juego de esclusas fue presupuestado en 2007 en 3.2 mil millones de dólares. A principios de 2016, con el 94 por ciento de la obra completada, el consorcio europeo ha recibido de la ACP casi 4 mil millones de dólares. Además, está exigiendo otros 2.5 mil millones de dólares en supuestos “sobrecostos”.

Las demandas del consorcio europeo, que cuenta con el apoyo de varios gobiernos de ese continente, son inadmisibles y deben ser rechazadas por el pueblo y el gobierno panameños. Las fallas de la ACP deben ser objeto de un análisis profundo por las fuerzas sociales del país e, igualmente, por parte del gobierno. Pero no sólo corresponde oponernos a estas demandas. Es necesario redefinir el proyecto de ampliación del Canal y presentar una propuesta que ponga el desarrollo del país como objetivo central de esta inversión enorme que se ha realizado.

Las generaciones que lucharon y dieron sus vidas por rescatar la soberanía del país –1947, 1959 y 1964– no lo hicieron para que esta generación de 2016 lo entregara a una pequeña elite de malos panameños y sus socios extranjeros. Todos los recursos del Canal de Panamá tienen que estar al servicio del engrandecimiento del país y de su pueblo.

 

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