Harrington, Punta Coco y la voluntad política

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Punta Coco. Foto por la Presidencia.
Punta Coco. Foto por la Presidencia.

Punta Coco y la voluntad política

por Kevin Harrington-Shelton

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tendría que visitarla, para constatar irregularidades en Punta Coco —algunas de las cuales le habrán hecho llegar organizaciones no-gubernamentales especializadas.

Y además en el dominio público local obran suficientes hechos:

1. Sobre su cara es falso que su mera ubicación serviría para interrumpir la comunicación con personas no-encarceladas. No hay prueba alguna que el contrabando de celulares a través del perímetro externo de cualquier centro de reclusión panameño –que en todos los casos está a cargo de la Fuerza Pública– no se daría igualmente en Punta Coco. Pero no existe la voluntad política, de ponerle el cascabel a ese lince.

2. Como en México, la corrupción policial es la causa del problema: “No hay general capaz de resistir un cañonazo de un millón de pesos”. Entrar en negación de esa realidad y hacerse de la vista gorda no favorece al bien común.

3. Siguiendo la tesis hasta su conclusión lógica, la (ilegal) comunicación extra-muros se daría por igual en Pacora, que en Las Perlas.

Por ende Panamá debiera solicitar la asistencia de las diversas entidades civiles y militares norteamericanas que vienen logrando impresionantes avances tecnológicos en ese campo, para proceder a INTERCEPTAR comunicaciones, ya no sólo en Punta Coco, sino en todo penal panameño. Si acaso no lo hacen ya… El adquirir inteligencia sobre coordinación entre bandas resultaría más provechoso para controlar (y prevenir) su actividad criminal –y la de nuestras autoridades corruptas.

4. Es falso que no hubiera otro sitio para aislar a reclusos peligrosos. En la Gran Joya invertimos una fortuna en un pabellón de extrema-seguridad –que hoy permanece vacío.

5. Es patente que el añadir instalaciones a una aislada base aero-naval representa un retroceso en nuestra política penitenciaria oficial, que ya ha sido divulgada a la comunidad internacional. Esta postula eliminar la presencia de cárceles dentro de instalaciones policiales –que hasta el Pentágono tiene por “militares en todo concepto, salvo en nombre”– para paulatinamente ir colocándolos bajo control exclusivamente civil. No es sano para Panamá, re-editar una concepción que mantiene a la población penal (y sus familiares) como mercado-cautivo para una corrupción atávica.

6. Almacenar seres humanos formalmente condenados en tales celdas (que son seis, por ahora…) hace mentís del anuncio oficial que serían instalaciones “transitorias”. O sea, sitios donde pernoctarían sospechosos capturados, rumbo hacia el Órgano Judicial al término de la distancia.

7. El señor Presidente, al menos titularmente Jefe de la Fuerza Pública, aún no ha reglamentado la frecuencia de inspecciones que efectuarían las autoridades civiles del Sistema Penitenciario en el ejercicio de sus funciones regulares, dentro de un sitio de defensa militar designado para operaciones internacionales conjuntas. Como se demuestra en Guantánamo, en el esquema legal norteamericano no cabría tal posibilidad. En el panameño –al menos teóricamente– sí.

8. El almacenar bajo el control (ilegal) de la Fuerza Pública a seres humanos no-procesados judicialmente, no solo lesiona la imagen democrática de un país donde las leyes las modificaría sólo el Órgano Legislativo –sino que deja en el mundo que nos mira el sinsabor que Punta Coco sería una re-edición de la infame Isla del Diablo francesa.

9. El haber consignado a cumplir su condena formal de 6 años al jefe de la banda “Calor-Calor” en la misma  Punta Coco a la que también se transfirió a quien encabeza su rival banda “Bagdad” propicia una plausible “solución”, como la que dio muerte hace varios años en La Joya al “Decapitador de Coiba”. Quien también fue evasor-frecuente de las cárceles panameñas. En su caso, a varios años aún no se ha determinado cómo ingresó a La Joya, el arma que lo ultimó en su propia celda.

“Dead men tell no tales”.

Como re-incidente en varias evasiones de la justicia panameña, al condenado José Cossio le corresponde en derecho –conforme al Protocolo oficial– ser recluido en una instalación de alta-seguridad. Punta Coco no lo es.

Particularmente a la luz de lo manifestado al arribar a Panamá tras su deportación de Costa Rica: “En una breve declaración José Cossio expresó lo siguiente: “Hay muchas cosas que decir”. El 15 de agosto de 2005, se le asoció al hurto de $2.5 millones del banco Internacional (sic) Comercial Bank of China, en la Zona Libre de Colón, por este delito fue condenado en ausencia a seis años de prisión”. “Hay que destacar que nunca se encontró el dinero.”

10. Por la razón que fuere, en cuatro meses el presidente Juan Carlos Varela no ha encontrado un campito en su agenda para recibir a la señora Defensora del Pueblo. A la luz de ello, el concurso en ciernes para escoger a su sucesor(a) constituirá un ridículo internacional.

“El que quiere celeste, que le cueste”.

“Ya que una sociedad, una familia, que no sabe sufrir los dolores de sus hijos, que no los toma con seriedad, que los naturaliza y los asume como normales y esperables, es una sociedad que está «condenada» a quedar presa de sí misma, presa de todo lo que la hace sufrir.” —Papa Francisco (cárcel de Filadelfia –27 Sept 2015).

Panamá subió al puesto NUMERO UNO –del país con más gente presa (sin juicio) en TODO el mundo.

Pero, todo cuesta y aunque estamos obligados a una justicia “pronta y cumplida”, carecemos de la voluntad política de pagar costos que en la práctica implica esa “garantía constitucional”. El (tan-vilipendiado) presidente de la Corte Suprema fue claro: el ciudadano promedio espera que se aplique todo el rigor del debido proceso a sí –pero no necesariamente a su prójimo.

El horror actual de nuestras cárceles sólo puede empeorar en términos de detenciones preventivas, con el ingreso de 100 nuevos reclusos cada semana. Si ponderamos todos los costos anuales de mantener humanamente a cada reo, nos saldría más barato becarlo al colegio más caro de Costa del Este.

Pero dicho lastre económico es tan sólo es la punta (visible) del iceberg, que representa un sistema judicial fallido. No podría esperarse que políticos parásitos interesados sólo en el abordaje de la planilla estatal y cuya idea del largo-plazo es a finales de quincena se ocupen de éste (o tantos otros) problemas nacionales. Y, lamentablemente, en vez de informar y forjar opinión sobre sus causas-ultimas, los medios prefieren difundir periódicamente el sensacionalismo, y acaban aupando el encarcelamiento que el panameño intuye como “solución” a la inseguridad. En vez de poner a la población a pensar qué pasaría tras el encarcelamiento: el abuso a una libertad otorgada por Dios que inculcaría en el preso un resentimiento contra la sociedad que le infligió tal ordalía. Sobre todo si resultarara inocente en un eventual juicio.

No podemos seguir construyendo más y más cárceles –sin dotarlas del presupuesto para que funcionen. Nuestras cárceles son hoy un crimen que clama al Cielo por venganza.

Verbigracia, el Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” en el suburbano San Miguelito. Cuando en 1964 se construyó era considerada de avanzada, en cuanto a la rehabilitación. Su capacidad para 400 reclusas ¡alberga a más de 900! En cuanto se accede a ella le impacta el hedor de vetustas tuberías de aguas-negras que (finalmente) están siendo reemplazadas. Y, aunque gracias al apoyo de Naciones Unidas en torno a infraestructura que no ha recibido el mantenimiento apropiado desde hace décadas, y pese a que se nota el esfuerzo en equipo de funcionarias que trabajan con las uñas para transmitir cariño y comprensión a sus acudidas, hoy constituye una verguenza nacional.

Pero es un paraíso, comparado con el más distante complejo carcelario de La Joya, ubicado más allá del aeropuerto Tocumen. Ambos el Centro Femenino y el de La Joya ilustran el principal problema del Sistema Carcelario: la enorme dificultad de reclutar y retener funcionarios debidamente adiestrados en suficiente cantidad para trabajar en condiciones tan difíciles, al nivel de emolumentos disponibles. Ejemplo: la Gran Joya, costosa mega-cárcel de 5,500 plazas ubicada a hora y media de la capital, requiere 900 funcionarios para operarla. Hoy tiene 200.

Quienes comemos tres veces al día tenemos una obligación a quienes no comen. Y la mejor forma de cumplirla es perseverando en la vocación profética de promover un Estado de derecho que funcione como debe –con una justicia pronta y cumplida, para que nuestra sociedad no quede “presa de si misma”.

 

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