Español, corrupción

Durante el año 2001, la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación latinoamericanos. Su presencia en la prensa fue más fuerte y diversa en Paraguay, Nicaragua y Guatemala. Tenía una semejante frecuencia e intensidad en los medios de Panamá, Perú, Argentina, y muchas veces en El Salvador y México.

Este sumario, de los casos de corrupción más destacados en el año 2001, es producto de un esfuerzo colaborativo, en el cual participaron reconocidos periodistas de los países latinoamericanos de habla hispana. Su objetivo primordial es contribuir al conocimiento sobre la corrupción en nuestra región. Por supuesto, puede servir para otros numerosos fines, por ejemplo, como un punto de referencia para monitorear la respuesta gubernamental y medir su compromiso con la anticorrupción.

Hay que aclarar que el hecho de que los casos hayan sido los más destacados, eso no implica que fueron los más importantes en términos de impacto económico o humano, sino que estos obtuvieron la mayor atención de parte de los medios. Para contrastar este situación, por ejemplo en el caso de El Salvador y Honduras han sido mencionados algunos casos delicados a los que los medios decidieron no dar seguimiento.

El sumario fue organizado por Probidad, una organización anticorrupción que maneja iniciativas en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). Uno de los servicios de PFC es la recopilación y difusión, de lunes a viernes, de reportajes y editoriales provenientes de más de 50 medios impresos y virtuales latinoamericanos. De la realización de esta actividad se pueden generar varias conclusiones sobre el tratamiento que dan al problema de la corrupción los medios de comunicación, identificando cuáles temas reciben mayor atención y cuáles no son tratados, así como el nivel y calidad de la investigación principal y del seguimiento, entre otras evaluaciones. Para los propósitos de este sumario cabe mencionar que los casos seleccionados por cada país, guardan resonancia con la atención que recibieron en los medios impresos más importantes.

También es notable señalar que cada vez más la corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores locales que tienen nexos con corruptos de otros países y con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y por supuesto, con el lavado de dinero. Por eso no es sorprendente que los periodistas y medios que investigan el flagelo sean víctimas de censura, legislación y fallos judiciales que minan el acceso a la información y la libertad de expresión, y que sean blancos de ataques verbales de funcionarios, violencia y asesinatos.

A pesar de sus deficiencias y de las críticas que son blancos, los medios de comunicación latinoamericanos, más que ningún otro esfuerzo anticorrupción en la región, han cumplido con mantener el tema de la corrupción en la agenda pública. Por ello, los periodistas y medios comprometidos con su papel fiscalizador frente a la corrupción merecen nuestro respeto y apoyo, para que continúen siendo importantes catalizadores capaces de generar indignación ciudadana, y de conducirla hacia actitudes y acciones que prevengan y controlen la corrupción en todas las esferas de la sociedad.

Si bien este hecho ocurrió cuando se aprobó la nueva Ley de Trabajo, en 2000, la supuesta investigación de los hechos finalizó este año, y la justicia desestimó la acusación a varios senadores de haber recibido coimas para votar la ley y al Poder Ejecutivo por haberlas pagado (sumas de entre 50 mil y 80 mil dólares, según se mencionó en algunos medios) por falta de méritos para continuar con la causa.

El escándalo que desató esta denuncia provocó la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, el resquebrajamiento de la Alianza gobernante y la destrucción de la imagen que había creado el nuevo gobierno de transparencia y lucha contra la corrupción durante la campaña electoral, uno de los puntos en su plataforma que seguramente le permitió ganar más votos y apoyo en la ciudadanía.

Que un hecho tan delicado y que tanta repercusión tuvo en la opinión pública quedara en la nada, puso en tela de juicio a las principales instituciones del país y aumentó el descreimiento de la población en la clase política, la justicia y las estructuras de gobierno.

A mediados de 2001 otra denuncia importantísima volvió a conmover a los argentinos. Se trató del caso del lavado de dinero, en el cual parecían estar involucrados políticos, inversionistas, bancos extranjeros, personeros en el extranjero, etc. La diputada Elisa Carrió presidió una comisión legislativa de diez miembros (entre senadores y diputados) y obtuvo información confidencial y de primer nivel del propio Congreso de los Estados Unidos. La comisión "Carrió", como se la denominó en un momento, hizo una minuciosa investigación y estudio de los documentos, entrevistó a decenas de personas, realizó investigaciones locales, etc. Pero no pudo llegar a un dictamen unido. Por el contrario, fueron tres los dictámenes que presentó. Las denuncias que surgieron de esta investigación fueron a la justicia y poco se sabe de la suerte corrida por las mismas. De tantos datos, cifras, nombres, discursos contra la corrupción y torbellino de denuncias quedó poco en claro y nuevamente la ciudadanía tiene la sensación de haber puesto su esperanza en un castillo de naipes.

Este ha sido el caso más sonado y con mayor repercusión internacional. El ex presidente Carlos Menem y varios de sus colaboradores, incluyendo al jefe del Ejército durante su gobierno, fueron acusados de asociación ilícita para vender armas ilegalmente a Croacia y Ecuador durante su primer gobierno. Menem fue detenido, y si bien tuvo una prisión de lujo, estuvo varios meses encarcelado en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Pero por fallo de la Corte Suprema salió en libertad en noviembre. Se desestimó la figura de asociación ilícita y ya no pudo quedar encarcelado. También quedaron libres sus colaboradores, que habían sido encarcelados bajo la misma figura penal.

Hay un hilo conductor en estos tres casos que nos lleva al sistema judicial argentino. Este sistema está en crisis y la población considera que también es corrupto. Durante el gobierno de Menem se nombraron varios jueces federales que siempre beneficiaron al poder con sus fallos. También se elevó de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema y varios de sus nuevos miembros son notorios amigos personales del ex- presidente, entre ellos el mismo presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien fue socio de los hermanos Menem en el estudio jurídico que estos tenían en La Rioja, su provincia natal.

En las protestas populares que recorren las calles de las grandes ciudades argentinas a diario, se reclama como prioridad la renuncia de la Corte Suprema. Se sospecha de la parcialidad de sus miembros y se los acusa de favorecer la impunidad de aquellos que, cometiendo diversos delitos, arruinaron la economía del país en la última década. Todos los miembros de la Corte tienen varios pedidos de juicio político, por distintas causas, pero hasta finales del 2001 ninguno de estos pedidos había sido considerado seriamente por las cámaras legislativas, que son las que pueden, de acuerdo con la Constitución Nacional, implementar el juicio político y, eventualmente, decidir la destitución.

Mientras reine la impunidad en las altas esferas del poder, el pueblo argentino seguirá sufriendo las consecuencias de la corrupción política y económica que ha provocado estragos en el país, entre ellos el 41% de la población viviendo en la pobreza y la trágica cifra de 100 niños que mueren diariamente por causas que podrían prevenirse con buena alimentación y atención sanitaria básica.

Otro de los casos de corrupción denunciados por la prensa boliviana fue la compra irregular del avión presidencial "BEECHCRAFT".

La nave no solo fue adquirida con un sobreprecio escandaloso sino que para su adquisición se usaron fondos destinados a la atención de las víctimas de los terremotos de Aiquile y Totora ocurridos en el departamento de Cochabamba.

El ex-Presidente de la República, Hugo Banzer, participó personalmente en la negociación, pero la Contraloría General de la República lo excluyó de toda responsabilidad, dejando solo a su fiel colaborador y ex- Ministro de Defensa Fernando Kieffer.

El caso aun no ha sido resuelto.

Un tribunal de arbitramento condenó a la Nación colombiana a pagar 61 millones de dólares a la electrificadora Termorio, por un supuesto incumplimiento con el Estado. Sin embargo, se descubrió que Marino Zuluaga, un abogado quien representaba los intereses del Estado hizo poco para ganar el pleito, pese a que recibió honorarios cercanos a los 300 mil dólares.

En medio del escándalo se conocieron grabaciones entre el superintendente de servicios públicos, Enrique Ramirez Yañez, y otras personas en donde hablaban para beneficiarse de los dineros públicos. Por estos hechos el superintendente fue destituido y encarcelado por los delitos de peculado e interés ilícito en celebración de contratos. Otros participes en el negocio también están en la cárcel.

Es el caso que reveló mas corrupción y que fue el mayor registrado durante el año 2001; donde se ve envuelta la iglesia católica.

El Padre Católico Minor Calvo se hace cargo de una estación de radio en la Frecuencia Modulada, la cual creció en menos dedos años como nunca había crecido un medio de comunicación en este país.

Con una programación católica, la emisora llegó a ser cuestionada tras varias investigaciones periodísticas que dieron con informaciones tales como malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por parte de los jerarcas de la estación, que en ese momento era el Padre Minor.

Por medio de un programa local -"La Patada" en Radio Monumental- se revelan las irregularidades de Radio María, y tras varios meses de escándalo, la cúpula de la iglesia se ve seriamente afectada por la mala imagen que revelaban las diversas denuncias.

Antes que se dijera mas del asunto y se revelaran otros casos de corrupción en Radio María, tres sujetos buscaron al productor del Programa "La patada" y lo asesinaron, sin que hasta ahora, la policía y las investigaciones sobre tal asesinato den con los responsables.

Este caso se dio en la Universidad de Costa Rica, una institución de amplio reconocimiento por la formación de sus estudiantes, además que dicha casa de enseñanza pertenece al Estado y por ende es una institución pública.

Aparece una red de pedofilos y proxenetas, a los cuales denuncia la organización no gubernamental Casa Alianza, ya que lasmismas instalaciones de la universidad sirven para la realización de fiestas donde participaban menores de edad. Además, servía como centro de producción de material pornográfico, material que se producía con equipos de la misma universidad.

Dentro de los responsables por los hechos de corrupción contra niños y niñas menores de edad, aparecen funcionarios del mismo centro de enseñanza. Casa Alianza informó que era una red que servía para la prostitución de los menores.

Luego de varios años de recopilar pruebas en contra de los ex directivos de un banco estatal, el desaparecido Banco Anglo, los responsables por la quiebra de la institución fueron llevados años después, en el 2001, a los tribunales para hacerles un juicio.

Dicha acción legal en contra de los que llevaron al Banco Anglo a la quiebra, error por el cual tuvo que pagar toda la población, ya que se tuvieron en aquel entonces que aplicar nuevas medidas fiscales para aplacar la gran deuda del banco con el Estado, y por supuesto es al pueblo al que le toca pagar los platos rotos. La esperada sentencia, sumó años de cárcel para los responsables. El documento condenatorio tardó en su lectura poco más de 10 días, en contra de los responsables de aquella inolvidable quiebra. Lo extraño es que luego de toda esa historia, los hoy responsables con todo y pruebas en su contra, están libres y ejerciendo su trabajo y profesión, dos de ellos en Chile viviendo y comiendo de lo que se llevaron del banco, y el resto, que suman unos 7, siguen libres como que si nada hubiera pasado.

El 20 de julio de 1985, durante el gobierno socialcristiano del ingeniero León Febres-Cordero, la constructora Andrade Gutiérrez, asociada con la empresa brasileña Odebrecht, ganó la adjudicación de un contrato, por 36 millones de dólares, para construir 143 kilómetros de una carretera en el oriente amazónico ecuatoriano. Ese mismo día el Gobierno estableció el pago del 4% sobre el monto de los contratos de construcción al Ministerio de Defensa Nacional en caso de asuntos de prioridad o seguridad nacional. La carretera era una prioridad porque en ese entonces estaba vigente el conflicto territorial con el Perú.

El descuento del 4% por este contrato no fue realizado en 1986 y durante el Gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992) se lo clasificó como pago pendiente. Tres diferentes procuradores generales del Estado, en tres gobiernos distintos, negaron la solicitud de pago realizada por la constructora porque no hubo participación militar en la construcción.

El 10 de diciembre de 1996 la constructora retomó la pelea. El 1 de julio de 1998 el procurador de la Nación, Milton Alava, desconoció lo resuelto y concluyó que hubo participación militar. Con ese fallo judicial la Andrade Gutiérrez reclamó los valores que se le habían descontado, con intereses y multas, que superaban los 23 millones de dólares y que fueron cancelados durante la administración del presidente de la República interino, Fabián Alarcón (1997-1998). El pago fue considerado como indebido. La carretera, con modificaciones, atrasos, reajustes y el pago por la demanda perdida, terminó costando 106 millones de dólares. Y aún no se la termina y tampoco entra en servicio.

El 20 de diciembre del 2001, La ministra fiscal, Mariana Yépez, emitió un dictamen absolutorio en favor del ex mandatario Fabián Alarcón y del ex procurador, Miltón Alava.

En octubre del año 2001, el Consejo de Generales de la Policía Nacional ordena la investigación reservada del director de Asuntos Civiles y Acción Comunitaria, coronel Abraham Correa, y de su ayudante César Zurita, para determinar indicios de mala conducta por una supuesta amistad con Carlos Hong, presunto narcotraficante detenido en Quito el 26 de agosto, en el operativo Halcón, junto a cuatro uniformados y una docena de colombianos.

La información se hace pública el 21 de noviembre por el inspector de Policía, general Edgar Vaca, encargado de investigar las reiteradas visitas de Correa al taller automotriz de Hong, la utilización por parte de Correa de un departamento rentado por Hong y el tráfico de influencias para que Marcela Morán, esposa de Hong, no sea trasladada del cuartel de la Policía Judicial al Centro de Detención Provisional (cárcel más incómoda y peligrosa).

El 23 de noviembre, el general Correa y el capitán Zurita dejan sus cargos para defenderse de las acusaciones, e inmediatamente la Policía los pone a órdenes del Ministerio de Gobierno, organismo que les da 60 días para que presenten las pruebas de descargo. Tres días después la Fiscalía de Pichincha ordena una segunda investigación en el caso. Correa alega su inocencia y acusa al Ministerio Público de violar normas del debido proceso y el legítimo derecho a su defensa. Nueve días más tarde, se inicia una tercera investigación a pedido del Consejo de Generales de la Policía.

Carlos Morales, fiscal de la Unidad Antinarcóticos, entrega el 28 de noviembre a Jenner Larreátegui, presidente de la Corte Superior de Quito, su dictamen con las pruebas de la investigación realizada por miembros de inteligencia de la Policía Nacional, desde abril del 2001. Casi un mes después, el 27 de diciembre, el general Correa solicita que se exhiba un vídeo en el que se observa a varios oficiales y generales participando de una reunión social en Guayaquil junto a Hong, con el cual intenta probar que no es el único general u oficial que conocía a Hong y a su presunto cómplice Eduardo Zambrano Montesdeoca. Previamente, la Fiscalía determina que Carlos Hong entregó un vehículo de lujo (4 x 4) al mayor José Mantilla, agregado policial en la Embajada de Ecuador en Perú.

Según las conclusiones del informe de la Inspectoría General, del 25 de enero de este año, Correa sí mantuvo relación de amistad con los acusados de narcotráfico. Determinó que Correa brindó seguridad, a través del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, a Carlos Zambrano y su hermano y que Carlos Hong prestó a Correa un departamento que alquilaba en Quito y un vehículo en el cual junto con su ayudante, César Zurita, realizaban actividades particulares.

Finalmente, el 27 de enero de este año, el Consejo de Generales de la Policía decide dar de baja al general Correa y a su ayudante. Sin embargo, aún no se aclara lo esencial y de fondo: cuál era el sentido de las relaciones del propio Correa con el presunto narcotraficante y qué de verdad hay en la denuncia del general degradado en el sentido de que los actuales comandantes policiales, miembros de ese Consejo, también mantuvieron relaciones de amistad con Hong y Zambrano.

El escándalo estalla en los primeros días del mes de diciembre del año pasado. Un mes antes, el 8 de noviembre, el Capitán Rogelio Viteri, agregado naval en Londres, denuncia ante el embajador de Ecuador en Inglaterra, el ex presidente Sixto Durán Ballén, las irregularidades cometidas en la contratación con la firma inglesa Heath Lambert de un seguro para la flota de aviones de las Fuerzas Armadas, por alrededor de 14,5 millones de dólares, con un sobreprecio de cuatro millones. La negociación se hizo en Londres y para su adjudicación formal viajaron a esa ciudad cuatro altos oficiales y sus esposas, quienes, además, hicieron una gira por otros países vecinos. Todos los gastos de estadía en Londres y la gira de las señoras fueron pagados por Heath Lambert.

El contrato fue observado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC, una institución estatal que no tiene herramientas legales para sancionar y cuyas investigaciones solo tienen carácter de sanción moral.

Tanto Viteri como el alto mando militar se presentaron ante el Congreso a sustentar sus denuncias y sus argumentos. Viteri fue sancionado por dos ocasiones y retirado de su cargo el 25 de diciembre. Actualmente está en Guayaquil con un nombramiento que sus allegados aseguran no corresponde al grado que él ostenta.

El 10 de enero, la CCCC estableció indicios de responsabilidad penal y administrativa contra los subcomandantes Edgar Guerra (Armada) y Roberto Moya (Ejército) y también contra Marcelo Moscoso (Fuerza Aérea) y de Francisco Rivadeneira, representante de la firma Heath Lambert.

Guerra y Moya, que según los reglamentos militares debían convertirse en enero de este año 2002 en comandantes de sus ramas, quedaron fuera por disposición del presidente de la República, Gustavo Noboa. Moscoso, según ha dicho Noboa, también deberá retirarse. El mayor Byron Vaca aún no tiene destino.

No obstante, con el retiro de esos tres oficiales no se esclarece nada. Los reglamentos militares para la contratación de seguros son secretos y solo una institución estatal, la Contraloría General, tiene entre sus manos el dictamen definitivo.

El 21 de enero la Corte de Justicia Militar inició un juicio penal en contra de los generales Roberto Moya, Marcelo Moscoso, del almirante Édgar Guerra; y, del mayor Byron Vaca en base a las conclusiones del informe de la Comisión Anticorrupción, que determinó responsabilidades penales. Además, la Corte Militar solicitó al ministro de Defensa, Hugo Unda, las liquidaciones de tiempo de servicio de los cuatro sindicados.

La Fiscalía General detectó 169 casos de abogados con títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encuentran jueces y fiscales. Fueron obtenidos en universidades cuestionables, algunas ya clausuradas, y otras manejadas por personas vinculadas con partidos políticos de la derecha. No hay muchas muestras de voluntad política por parte del Órgano Judicial de sancionar a los "falsos" abogados ni de otros entes para ampliar las investigaciones a otras carreras. El Fiscal General, y el Fiscal Especial que investigó los casos, recibieron amenazas de muerte. Y en diciembre surgió en la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar un decreto para declarar legales todos los títulos cuestionados.

El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue descubierto en junio de 1997. El monto de la estafa asciende a más de 130 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 1,400 personas que invirtieron en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Segura Productivas (INSEPRO). Fue detectado por autoridades del Gobierno cuando algunos de los usuarios reclamaron la devolución de sus fondos, pedido que fue rechazado por las financieras. En 2001 un tribunal de conciencia, desestimando las evidencias presentadas por la Fiscalía, declaró penalmente inocentes a Roberto Mathies Hill y Mario Galdamez, los principales imputados en el caso. Mientras que por la vía civil, fueron condenados a reponer a los afectados cerca de 90 millones de dólares, aunque el mismo juez admitió que no hay forma de obligarlos a pagar.

En agosto de 1999, la Corte de Cuentas hizo pública su auditoría a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), correspondiente al período 1996-98, y anunció que había detectado un faltante de 35 millones de colones. En agosto/2000, la Corte de Cuentas desvaneció 32 de esos 35 millones de colones. El ente contralor obstaculizó en todo momento las investigaciones de la Fiscalía a tal grado que está última tuvo que realizar, en agosto de 2000, una intervención a las oficinas del ente fiscalizador y secuestrar documentación sobre el caso. Se sospecha que la Corte de Cuentas, controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), ha tratado de encubrir el caso debido a los nexos partidistas con los implicados. En noviembre, los implicados, en los que estaban incluidos funcionarios de la Corte de Cuentas, fueron exonerados, aunque la Fiscalía apeló la resolución.

Algunos casos de corrupción importantes no fueron abordados con profundidad por los medios de comunicación ni por el gobierno, entre ellos:

Hubo numerosas denuncias sobre irregularidades en la distribución de la asistencia humanitaria relacionada a los terremotos sufridos durante el año 2001, la mayoría relacionadas con el uso de la ayuda para fines partidistas. Hasta la fecha, ni el gobierno, ni las ONGs, las iglesias y otros entes que recibieron fondos, materiales y víveres, han rendido cuentas de su uso.

Algunas investigaciones realizadas por los medios de comunicación revelaron una serie de irregularidades en las que se implicaba a entes gubernamentales y fortalecía las sospechas sobre los vínculos entre algunos salvadoreños con terroristas internacionales. Se cree que Luis Posada Carriles, Ricardo Cavallo y otros individuos y organizaciones criminales internacionales tuvieron una relación estrecha con los escuadrones de la muerte salvadoreños - y con sus patrocinadores de la élite económica - que aterrorizaron al país desde los años 70 hasta los Acuerdos de Paz (1992), y por esto han tenido facilidades para operar desde El Salvador. También muchos consideran que el tratamiento de los casos Talleres Moldtrok y Sertracen por parte de los medios y del gobierno fue limitado por personas y grupos a quienes no les conviene que los vínculos y las actividades oscuras de estas empresas sean revelados.

A finales del primer año eferregista, salió a luz que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), dirigido por Luis Rabbé, suscribió contratos por un valor de Q 2 mil 298 millones ( equivalentes a $27 millones dólares) con compañías inexistentes o creadas días antes de ganar los contratos. Algunas compañías tenían relación con funcionarios de gobierno; un ejemplo de ello fue la construcción de una carretera por un valor de Q 66 millones de quetzales que fue a dar a manos del militar Jacobo Salán, asesor presidencial y jefe del Estado Mayor Presidencial.

Además funcionarios de esa cartera revelaron que sus directores vendían plazas para ocupar puestos públicos. El descubrimiento de estas anomalías enfureció al Ministro Rabbé, quien utilizo los canales 3 y 7 de televisión propiedad de su cuñado Angel González y desprestigiar a los medios de comunicación. El 20 de febrero del 2001 las instalaciones de elPeriódico fueron atacados por una turba que gritaba consignas en favor de Rabbé.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobrevaloró la compra de un lote de placas de circulación para el parque de vehículos en el país por un valor de Q 44.5 millones (aproximadamente 5.5 millones de dólares).

En diciembre del 2,000, el gobierno del presidente Alfonso Portillo declaró dicha compra de emergencia nacional y sin licitación (obviando la Ley de Compras y contrataciones del Estado) se adquirieron las placas a un monto de Q 84.9 millones.

Meses después, la prensa descubrió que la compañía favorecida, Intrinsic Values Corp, radicada en Panamá y que actuó como intermediaria de la empresa alemana UTCH, había sobrevalorado el producto en contubernio con funcionarios de Finanzas Pública.

La negociación la realizó el ciudadano de origen estadounidense Paul Robert Kittay, quien abrió dos cartas de crédito del Banco de Guatemala con una entidad bancaria en Miami, Estados Unidos.

Tras descubrirse la corrupción, el Gobierno indicó que anularía la compra; sin embargo, el Estado no ha podido recuperar el dinero ni las cartas de crédito.

Un informe de la Superintendencia de Bancos reveló que Q 90 millones pertenecientes a los fondos del Ministerio del Interior fueron depositados en tres entidades bancarias por funcionarios de esa institución para su beneficio personal.

El desvío de fondos fue realizada por Jarol Axel Gil Muñoz, jefe del departamento de presupuesto de la cartera de gobernación, quien abrió cinco cuentas a su nombre y en forma fraccionada depositó mas de Q 90 millones(aproximadamente 11.2 millones de dólares). Con los interés que generó ese dinero adquirió seis residencias.

El descubrimiento obligó al presidente Alfonso Portillo a destituir a Byron Barrientos, Ministro del Interior y sus dos viceministros, Luis Alberto Davíla García y Luis Arturo García Archila. A la fecha todos permanecen prófugos de la justicia.

En 1997 la familia de José Armando Llort Quiteño se vio en la necesidad de hipotecar sus fincas cafetaleras. No obstante con la llegada del Frente Republicano Guatemalteco al gobierno, la vida de Llort Quiteño cambió.

Tras el apoyo financiera otorgado al mandatario Alfonso Portillo durante su campaña este lo nombró presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), uno de los bancos con mayor solvencia del país y con el respaldo del Estado.

Durante su gestión las deudas del funcionario fueron saldadas con dinero del banco. Llort se autorizó sobregiros en sus cuentas personales y seis empresas de su propiedad fueron beneficiadas con sobregiros y créditos blandos. También recibieron dinero del banco estatal amigos personales y familiares del Presidente del CHN.

Luego de la denuncia, reporteros de elPeriódico fueron intimidados y el Presidente del CHN fue destituido. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia en El Salvador.

Juan Virgilio Alvarado, presidente de la Junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), aprovechó su influencia para que su empresa personal ganara medio millón de quetzales por colocar Q 50 millones (aproximadamente 6.2 millones de dólares) de fondos de la institución en un banco Estatal. La ley Orgánica del IGSS y el Código Penal prohiben que empleados públicos se beneficien con fondos del Estado. El delito es malversación y competencia desleal.

Las actitudes de Alvarado fueron imitadas por el gerente y subgerente del IGSS, Jose Enrique Urrutia y Alejandro Santizo, quienes adquirieron medicamentos a un precio superior al del mercado. Por ejemplo el diclofenaco fue adquirido a Q 6.20 cuando el valor real es de 22 centavos, lo que provocó que la institución erogara dos millones de más. Además el Vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, utilizó sus influencias para que trabajadores de Kenworth una empresa de su propiedad ocuparan puestos claves en el IGSS y su hijo Juan Francisco Reyes Wyld ocupa el cargo de vicepresidente de la junta directiva del seguro social.

Mercedes Duce, Cónsul de Honduras en Barcelona, salió implicada en un acto de corrupción por el desvío de mas de 25 mil dólares, donados por ciudadanos españoles para los damnificados del huracán Mitch. Duce estafó a los donantes e implicó -falsificando firmas y documentos- a la Fundación María que presidía la ex-primera dama de la nación, Mary de Flores, según documentos en poder del diario. Las denuncias del diario, en un único trabajo de investigación, llevaron a la suspensión de la funcionaria al comprobarse que el dinero donado nunca llegó a los beneficiarios y hasta ahora se desconoce el paradero de los fondos. (El Heraldo/ enero)

Más de ochenta ex funcionarios, algunos de ellos prófugos de la justicia por enfrentar reparos millonarios, gozan del ansiado finiquito que otorga Probidad Administrativa que los considera "honestos" porque se "enriquecieron lícitamente". La directora de ese organismo, Selma Estrada, les otorgó sin mayor investigación el finiquito a estas personas, muchas de las cuales evaden la justicia por suponerse implicados en actos de corrupción.

Entre los beneficiados por Probidad se encuentran el coronel Rigoberto Padilla Bejarano, quien enfrenta un reparo en la Contraloría superior a los 5 millones de lempiras que sacó de las arcas del Instituto de Previsión Militar para pagar bienes inmuebles a la alcaldía capitalina, pero ese dinero nunca ingresó a las arcas de la comuna.

Otro de los finiquitos entregados por Probidad está el del ex rector universitario, René Sagastume, quien también tiene un reparo de 5 millones de lempiras cuando fue presidente de la junta directiva del Instituto de Previsión de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). (La Prensa, / septiembre)

Varias organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que cuestionan el inminente retorno de la abogada Rita Núñez como jueza del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, por ser sindicada en un informe del Comisionado de Derechos Humanos en actos de corrupción, extorsión y chantaje. Las organizaciones señalan que la abogada tiene un historial "poco decoroso" y "consideramos inoportuno, inmoral y fatídico para la justicia hondureña su posible retorno". Núñez asumió la titularidad de juez un mes después y hoy es nominada en una lista de 120 personas para ser escogida como magistrada en la nueva corte de justicia. (El Heraldo/ julio)

Dentro de las denuncias de corrupción publicadas en el país, dos merecen especial atención:

a) El aparente enriquecimiento ilícito por parte del ex ministro de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), Tomás Lozano, a quien la Dirección Ejecutiva de Ingresos le hizo un reparo de 30 millones de lempiras por evasión de impuestos, pero de acuerdo al titular de esa dependencia, el monto podría ser mayor. Lozano, hombre cercano al presidente Carlos Flores, no ha podido justificar ese reparo y renunció al cargo para dedicarse al manejo de la dirección de campaña del Partido Liberal en las recientes elecciones de noviembre de 2001, donde su partido perdió los comicios. Sin embargo, el goza de inmunidad parlamentaria y la prensa ha guardado un silencio absoluto sobre este caso, pues la denuncia sólo fue publicada por el semanario Tiempos del Mundo en octubre del 2000, pero el caso no siguió y goza de una censura en los medios.

b) No hay seguimiento a las partidas secretas que usaron los jefes militares, así el desvío de 5,2 millones de dólares en que se vio involucrada la cúpula del ex general Mario Hung Pacheco, cuando hace cuatro años desvió fondos para pagar impuestos municipales que nunca llegaron a las arcas de la alcaldía y hace una semana un tribunal los exoneró de culpas, pese a las evidencias y documentos presentados por la fiscalía.

Los datos estaban ahí, al alcance de todos. Pero sólo una los vio. Gracias a una revisión acuciosa de un sitio en Internet, la reportera Anabel Hernández dio a conocer lo que sería el mayor escándalo de la joven presidencia de Vicente Fox.

"Toallas de 4 mil pesos (400 dólares)" esa fue la portada del diario Milenio el 19 de junio para dar a conocer el costo de solo uno de los insumos adquiridos para el menaje de las cabañas en donde vive el Presidente de México y su hija mayor, Ana Cristina, y que fueron remodeladas a un costo de 600 mil dólares.

El mismo día, Carlos Rojas Magnon, asesor de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, luego de señalar como "totalmente erróneo difundir que se ha pagado más de lo necesario" confirmó las cifras y los datos de lo que se está gastando en los enseres de la residencia. Muchas cosas quedaron sin respuesta pero Carlos Rojas ya no quiso ahondar en la información.

Por ejemplo, según Rojas, la compra de 18 sábanas había tenido un costo de 3,880 dólares, pero según Compranet, el precio fue de 3,857 por juego (adquirieron un total de cuatro).

Pero la cuestión no paro en sábanas y toallas, pues, por ejemplo, también compraron un cenicero de mármol en cien dólares, 22 sillones por 33 mil dólares y manteles de tres mil, todos importados.

Rojas trató infructuosamente de explicar la compra diciendo que se habían propuesto "evitar gastos innecesarios", además de que los muebles y demás enseres "son propiedad de la Nación y que se quedarán ahí cuando termine su administración el Presidente Vicente Fox", ¿o sea que el próximo presidente de México usará toallas de segunda mano?

Un día después de darse a conocer el "toallagate", el presidente Fox, quizá aún ajeno a las implicaciones del escándalo, se mostró orgulloso de que "hasta el precio de las toallas es público: está en Internet", muestra de la "transparencia" de su administración.

Sin embargo, al mandatario se le olvidó que Compranet (http://www.secodam.gob.mx/index1.html), Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales público, existe desde 1997.

Pese a que Fox anunció que caerían cabezas por el escándalo, la única que rodó fue la de Carlos Rojas Magnon, quien junto con tres de sus colaboradores renunció a su cargo el 26 de junio.

Francisco Barrio, secretario de la Contraloría, informó que como resultado de la revisión de las operaciones se detectaron cuatro irregularidades: precios de contratación elevados, aceptación de facturación global, surtido de productos distintos a los contratados y pago indebido de anticipo al proveedor.

El año terminó y la falsificación de notas y facturas, así como la alteración de precios de lo que se adquirió para acondicionar las cabañas de la residencia oficial quedaron en la impunidad, nadie fue a prisión.

Lo que si hubo fue una boda para levantar los bajos índices de popularidad del presidente: se casó en una de las famosas "cabañas" el 2 de julio, justo un año después de su triunfo electoral.

Joaquín Guzmán Loaera, el "Chapo", considerado por la DEA como uno de los hombres más peligrosos para Estados Unidos (EU), abrió el primer año de gobierno de Vicente Fox con una espectacular fuga de un penal de "alta seguridad".

Considerado el "jefe del cártel de Sinaloa" (al noroeste de México), "El Chapo" fue apresado en 1993, acusado de participar en el asesinato de un cardenal en lo que, según la policía mexicana, fue un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes ocurrido en pleno aeropuerto de la occidental ciudad de Guadalajara.

Preso desde entonces en "Puente Grande", Jalisco, Guzmán vivió a sus anchas (fiestas, mujeres y hasta computadora con acceso a Internet), pese a las supuestas condiciones de máxima seguridad del penal.

Sin embargo, luego del cambio de régimen en México (tras 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI), sumado a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de autorizar la extradición de presos para ser juzgados en EU, el Chapo se puso "nervioso" y decidió terminar su temporada de interno.

Dado que según su ex amante - presa también en Puente Grande -, Guzmán ponía y quitaba funcionarios carcelarios a su antojo, éste pudo hacer los arreglos convenientes para su fuga el 19 de enero del 2001, ocultándose en un carrito para transportar ropa sucia.

Las investigaciones posteriores destaparon la red de corrupción que rodeaba al Chapo, y que involucran en la fuga a un total de 60 ex funcionarios y custodios del penal, además de cuatro de sus cómplices.

Pese a las numerosas promesas de Vicente Fox, respecto a que el Chapo caería pronto, al terminar el año no había ocurrido ninguna captura, aunque desde la clandestinidad, Guzmán solicitó un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, donde tiene un juicio pendiente por narcotráfico en el estado de California.

El semanario Proceso, con 25 años de historia, demandó ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) a Francisco Ortiz Pinchetti director general de la agencia gubernamental de noticias, Notimex, por presunto uso de bienes públicos de la agencia oficial de noticias con fines particulares.

La historia empezó en el primer semestre del año, cuando Ortiz Pinchetti, junto con su hijo, Francisco Ortiz Pardo - ambos reporteros de Proceso - fueron asignados para la cobertura de los actos de campaña Vicente Fox, entonces candidato a la presidencia del país por el conservador Partido Accion Nacional (PAN). Sin embargo, en medio de rumores y versiones encontradas, los Ortiz (padre e hijo) fueron retirados de la revista, el 7 de junio del 2000 según ellos, por haber sido "censurados" en su trabajo periodístico.

Luego del triunfo de Fox, Ortiz Pinchetti fue nombrado director general de Notimex, y el 26 de junio del 2001, publicó -en coautoría con su hijo -, El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró .

De este libro, la agencia noticiosa difundió no sólo los materiales informativos pertinentes, sino un capítulo íntegro, con el que pretendían evidenciar la supuesta censura de su trabajo en el semanario, pero que según la revista, eran textos "complacientes, sin una dosis mínima de crítica".

Luego de la difusión de El fenómeno Fox a través de Internet, Proceso solicitó a la Secretaría de Gobernación (Interior) --de la que depende Notimex--, sancionar a Ortiz Pinchetti por el uso de la agencia para realizar una "campaña de calumnias" y utilizar recursos públicos en la difusión del libro

Luego de una auditoría, el 12 de diciembre Francisco Ortiz Pinchetti fue inhabilitado de ejercer cualquier cargo público durante un año y sancionado con una multa de 262 dólares, porque haber incurrido "en la utilización indebida de los medios y recursos de la institución para su beneficio". El ex funcionario afirmó que apelaría esa resolución empleando todas las instancias legales a su alcance.

Los problemas empezaron en 1999, cuando la Contraloría y tres denuncias impuestas por el propio Carlos Salomón Cámara, entonces director de la Lotería Nacional, levantaron suspicacias y provocaron que se investigara el Programa de Donativos de la Institución.

Millonarios desvíos, donaciones "fantasma" y falsificación de firmas y documentos oficiales fueron algunas de las denuncias que empañaron la imagen de quien fuera vocero del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), y flamante asesor de Martha Sahagún Jiménez, ex vocera y actual esposa de Vicente Fox

Salomón fue requerido en varias ocasiones para declarar respecto a los hechos, sin acudir al llamado del juez en ocho meses, lo que ocasionó suspicacias.

Pero, protegido por las cortes celestiales del poder en México, el ex funcionario salió limpio de toda sospecha, manteniendo atoda costa su versión de que nada tuvo que ver con desviación de dinero, olvidando que fue él mismo quien firmó tanto contratos como donativos que aparecen en las causas penales y que los integrantes de su primer cuadro de trabajo están presos o prófugos.

En abril, y luego de una investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Salomón fue exonerado.

Sin embargo, en diciembre pasó de acusador a acusado y la Secodam presentó una denuncia en su contra por irregularidades que causaron un quebranto superior a los seis millones de dólares.

Según las pesquisas (iniciadas en junio), la administración de Salomón Cámara autorizó - personalmente o por conducto de otros - a diversas sociedades mercantiles como expendedoras de billetes de Lotería Nacional en las que tenía intereses Domingo Muguira Revuelta, tío de su esposa

La investigación también arrojó que las empresas en cuestión no pudieron -o no quisieron- saldar la deuda correspondiente por el concepto de venta de billetes, por lo que ofrecieron bienes inmuebles para saldar sus deudas, pero Carlos Salomón Cámara aceptó la liquidación por debajo de su monto real. Además, los bienes que entregaron fueron aceptados con avalúos que fijaron el precio muy por encima de su valor en el mercado.

Ante esto, el ex funcionario afirmó que un "político de reconocido prestigio nacional" había establecido una campaña en su contra y dijo que daría a conocer el nombre de ese político, pero no cumplió su promesa

Al terminar el año, no se habían dado a conocer resultados concretos de la investigación, aunque Salomón Rojas fue inhabilitado del servicio público por causar un daño por 6 millones 333 mil dólares.

Por cierto, que la administración de Vicente Fox tampoco se ha librado de las irregularidades que privan en esta dependencia,pues según informó la Secodam, Laura Valdés, directora general de la Lotería Nacional, es investigada debido a una asignación directa de un contrato por 186 mil 500 dólares concedido a Sergio Borbolla como asesor externo, pero supuestamente, este hombre también cobraba en esa dependencia como director adjunto desde el 1 de enero. La relación entre ambos data de 15 años atrás, cuando trabajaban en la iniciativa privada.

La corrupción en México cuenta con tentáculos que llegan al sector privado. Numerosos empresarios y banqueros se han beneficiados de las redes de complicidades que existen en dependencias públicas.

Consecuencia de la terrible crisis económica que sufrió el país en diciembre de 1994, luego de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, los mexicanos comprobaron una vez más que la justicia no es como la pintan, cuando Carlos Cabal Peniche, ex banquero prófugo durante cuatro años en Australia, país al que huyo de lo que ha calificado en numerosas ocasiones de "persecusión" del régimen del (ex) presidente Ernesto Zedillo

Persecusión o no, lo cierto es que los auditores oficiales informaron que el costo para los mexicanos de rescatar y liquidar Banca Cremi-Unión, propiedad de Cabal, fue de 7 mil 900 millones de dólares.

Se descubrió más tarde que Cabal constituyó varios fideicomisos para financiar las campañas presidenciales del asesinado Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo; candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 11 de noviembre de 1998, Cabal fue descubierto en Australia, donde vivía con un nombre falso. La Interpol lo capturo, y tras un largo proceso de extradición, en septiembre regresó a México para enfrentar 15 denuncias penales en su contra. Sin embargo, el empresario nunca pisó la cárcel

En menos de una semana Cabal Peniche recibió 13 autos de libertad en el fuero federal, y únicamente dos autos de formal prisión en el fuero común, de los cuales se libró gracias al pago de fianzas.

Los jueces responsables de liberar al ex banquero, señalaron que la Procuraduría General de la República no demostró la "calidad específica de sujeto activo" del acusado; es decir, Cabal era presidente del consejo de administración del Banca Cremi-Unión, y los delitos se le imputaron en calidad de "funcionario o empleado", por lo que no se demostró su nexo con el delito.

Además, en tres casos las autoridades mexicanos interpusieron la demanda fuera de tiempo. Ya había prescrito el delito en razón de que la querella se interpuso más de un año después de que la autoridad conoció del acto ilícito y del presunto culpable.

Cheques (hasta por más de medio millón de dólares) que emitió la estatal empresa Nicaraguense del petróleo (PETRONIC) a solicitud de la Dirección General de Ingresos en concepto de pago de impuestos en forma de Notas de Crédito, que dirigía, Byron Jerez Solís, fueron utilizados para comprar dólares en una casa de cambio privada y luego esos dólares se usaron para pagar una deuda de la Sociedad Gestiones y

Negocios Inmobiliarios, en la cual el presidente Arnoldo Alemán, sus familiares y colaboradores más cercanos tienen acciones. Esos cheques también alimentaron una cuenta en un banco extranjero de Jerez, denominada Agropecuaria Río Grande SA, sociedad que fue creada y está inscrita en Panamá.

Más de 45 millones de córdobas pudieron haber salido de las arcas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), para pagar contratos irregulares entre esa institución estatal y dos empresas de construcción y telecomunicaciones que, según el Contralor Luis Ángel Montenegro, nunca terminaron los proyectos de líneas telefónicas en Matagalpa y Bluefields. Montenegro, uno de los cinco magistrados de la Contraloría de la República, dijo que han encontrado graves anomalías en la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación telefónica. El ex socio del Banco del Café, Ronald Calero Lara, presidente de lasempresas Instalinex y Calero Pereira Construcciones, con quienes firmaron los contratos, habría sido el principal beneficiario del dinero del Estado.

La empresa Modultecsa, en la que tenía participación accionaria el yerno del presidente , Arnoldo Alemán, Gerónimo Gadea, fue beneficiada por el Ministerio de Transporte el Infraestructura (MTI) con dos contratos de más de seis millones de córdobas por la construcción de una carretera de 120 kilómetros, que no se ejecutó, en el tramo San Pedro del Norte-La Cruz de Río Grande-El Tortuguero. Este caso está incluido en el informe de auditoría externa que practicó la firma de auditores Hernández Ruiz y Compañía, que encontró deficiencias administrativas y financieras en el uso de casi más de 20 millones de córdobas, y la presunta modificación del informe de verificación realizado por la Contraloría General de la República por orientaciones del jefe de auditoría del ente fiscalizador, Silvio Ronald Flores Lanzas,quien fue destituido de su cargo.

Un helicóptero que regresaba de la residencia de veraneo de la presidenta de la República ubicada en la Provincia de Los Santos en Punta Mala, cayo al mar por motivos de "desperfectos mecánicos" . Sin embargo dicho helicóptero, se supo después,fue hundido por ráfagas de ametralladora de funcionarios del Servicio Marítimo Nacional por ordenes del Ministro de Gobierno y Justicia. Durante las primeras semanas que siguieron al accidente, el gobierno negó cualquier relación o vinculación con dicho helicóptero. Después se pudo descubrir que el helicóptero recibía gasolina de entidades del Gobierno y que el mismo pertenecía a altas figuras del Gobierno y que en dicho helicóptero se transportaba maletines cargados de dinero. Gracias a la labor periodística se ha podido ir descubriendo las estrechas vinculaciones de altos personeros del gobierno.

Este es el caso de un laboratorio estadounidense que, tras entablar estrecha amistad con el cuñado del Procurador general de la Nación, registró una filial en Panamá para dar servicios de pruebas de ADN, para paternidad y casos de crímenes, en un servicio que rendiría millones de dólares en ganancias. Luego (todo esto durante el gobierno anterior a este) asesoró una ley que permite al Procurador contratar (sin concurso) un laboratorio para hacer pruebas de ADN. No obstante, un nuevo gobierno les obligó a ir a concurso público. De acuerdo a lo reportado por el diario La Prensa, se efectuó un supuesto concurso al que casi nada de publicidad se dio dando como resultado que que casi ninguno de los laboratorios que podrían concursar se enteró. Gracias a la investigación periodística se pudo ver que el único supuesto laboratorio concursante ni siquiera se interesó por saber mucho del pliego de cargos y el número telefónico que dejó para ser localizado en Estados Unidos, coincide con el de una persona curiosamente allegada a una localidad cercana a las instalaciones físicas del laboratorio Fairfax que ganó. Adicionalmente este laboratorio ha realizado pruebas de ADN Mitocondrial en Panamá, y una experta de Estados Unidos, determinó que "hubo contaminación" en ese trabajo lo que lo descalifica para determinar la identidad o no de alguien en base a esas muestras. Una persona se comunicó con Fairfax para saber si ellos hacen pruebas de ADN Mitocondrial, y allí definitivamente se se le contestó que no.

Recientemente se llegó a la liquidación del banco DISA. No obstante se desconoce qué ha ocurrido con los depósitos de los derecho habientes de The Providence-Estrellamar quienes aspiran a recuperar sus cerca de 24 millones de dólares de este escándalo financiero. El año pasado los derecho habientes amenazaron con denuncias penales y civiles contra aquellos depositantes y acreedores del Disa que intenten cobrar antes que ellos en caso de que se decrete una liquidación forzosa. Dos bancos estatales, Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá, sin embargo le prestaron mas de sesenta milllones al Banco DISA aun sabiendo que el banco estaba por quebrar

Los responsables de la liquidación extrajudicial de dos bancos quebrados, el Unión y el Oriental, sustrajeron ilegalmente $16 millones y los transfirieron a cuentas en EE.UU para financiar operaciones vinculadas con lavado de dinero. La transferencia fue autorizada por el superintendente de bancos, Carlos Pecci, por orden del hermano del presidente de la República, José Gonzalez Macchi, un juez penal. Para ocultarla se crearon fundaciones privadas en las que aparecen el superintendente, un miembro del directorio del Banco Central, Julio González, y la hermana del mandatario, Judith. Las reuniones para concretar la transacción se realizaron en casa del padre del jefe de estado, Saúl González.

La investigación permitió identificar a los gestores y localizar el dinero, el cual está embargado en siete cuentas en Nueva York. Fueron destituidos y procesados judicialmente el presidente del Banco Central, el superintendente, el director del BCP, el juez y los liquidadores. El caso originó un intento de juicio político contra el presidente de la República, Luis gonzález Macchi, que no prosperó por falta de votos.

Entre 1995 y 1998, una veintena de bancos fueron intervenidos por el Central y pasaron a etapa de liquidación. El estado deberecuperar 800 millones de dólares que prestó a las entidades en ese período, primero para intentar evitar la quiebra, y después para cubrir el retiro de los ahorristas. Una investigación reveló, empero, que los liquidadores, en connivencia con los abogados, lejos de resarcir al estado de sus pérdidas, desangraron a las intermediarias financieras mediante condonaciones solapadas, aceptación en pago de bienes sobrevaluados y la regulación ilegal de sumas multimillonarias en concepto de honorarios para los asesores legales. Las pérdidas contabilizadas superan por de pronto los 300 millones de dólares. Cinco casos se encuentran ya en etapa de conclusión en el Ministerio Público.

Desde la asunción del nuevo gobierno en abril de 1999 (tras el golpe de estado en marzo de ese mismo año) y hasta el mes de setiembre del 2000, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) llegó a comprar divisas por más de 57,8 millones de dólares (para pagar con ellos su deuda con la Itaipú por compra de energía). Tras publicaciones hechas por nuestro medio en base a documentaciones proporcionadas por los propios funcionarios de la ANDE resguardados en el anonimato, la propia Contraloría General de la República constató que en cada operación efectuada, los dólares comprados de los bancos Continental y Multibanco estaban sobrefacturados. Las operaciones consistían en la compra de divisas con cotizaciones muy por encima del tipo de cambio que establece el Banco Central del Paraguay (BCP). Si se tiene en cuenta solamente la sobrefacturación, el perjuicio para la ANDE orilla los 1.200 millones de guaraníes. Sin embargo, el caso podría ser mucho más grave si se considera que existe un acuerdo entre la ANDE y la Itaipú que permite el pago de la deuda solo en guaraníes, es decir, que la entidad también perdió millonarios montos por la diferencia cambiaria. Las operaciones eran ejecutadas por el ex gerente financiero (destituido), Dr. Emigdio Duré, pero con la autorización por escrito del mismo presidente de la ANDE, Ing. Mario César Orué. El caso comenzó a publicarse en nuestro medio el 3 de abril de 2000 y el 30 de mayo del 2001 el Ing. Mario César Orué es destituido acosado por las denuncias de corrupción.

Tanto Mario Orué (ex presidente) y Emigdio Duré (ex gerente) han sido imputados por la Fiscalía de Delitos Económicos tras hallarse elementos suficientes que incriminaban a ambos altos funcionarios de la ANDE quienes actualmente estan siendo procesados ante la justicia, pese a que poseen libertad ambulatoria.

El caso llegó a movilizar incluso a todo el sector político del país ya que, aún con todas las pruebas encima, el presidente de la República, Luis Angel González Macchi, no destituía de su cargo al Ing. Mario César Orué, por lo que este hecho fue incluído, al igual que el caso del desvío de los 16 millones de dólares, dentro del pedido de juicio político al titular del Ejecutivo que finalmente no se concretó por falta de votos.

El asalto ocurrido el 4 de agosto de 2000, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, oportunidad en que un comando de carapintadas se alzo con la suma de 11.132.100 dólares que iban a ser llevado a los Estados Unidos para su deposito en el HSBC Bank.

A finales del pasado año, la jueza de Luque, ciudad en donde se registró el hecho, elevó a juicio oral el proceso a Oscar Celestino Romero, quien según la fiscalía planificó el megaasalto desde la Penitenciaria Nacional y por intermedio de su concubina Marlene Mora, doto de vivienda a uno de los autores materiales, Edison Alvares de Lima, actualmente prófugo y compro un vehículo con el cual se perpetro el hecho.

Otro implicado en este caso, es Roberto Bachilet, quien fue detenido el 4 de octubre en Buenos Aires. El 30 de octubre se formalizo el pedido de detención, pero el 10 de noviembre, el juez Rodolfo Canicoba Corral lo libero por encontrar defectos en el pedido de detención. Dos integrantes del grupo ya fallecieron. Se trata de Francisco Ojeda Ayala, quien fue asesinado el 31 de diciembre del 2000 y Carlos Morinigo Paredes, quien murió en noviembre de ese año en un accidente de transito.

La justicia condeno a cuatro años de cárcel a Rosalino Ramon Rojas, vendedor de la camioneta utilizada para el asalto. Pero la condena no fue por la relación con el megaassalto, sino por la venta de un vehículo que fue robado en San Pablo, Brasil, en febrero del 2000.

También condenó a Justina Roman viuda de Acevedo, concubina de Alvares, al al pago de 600 millones de guaraníes al Estado (unos 100 mil dólares) y a la entrega de una casa valuada en 2000 mil dólares, por el delito de lavado de dinero producto del megaasalto.

Para el fiscal Blas Imas, ninguna autoridad del gobierno estuvo implicada, a pesar que hubo denuncias hechas contra el diputado Walter Bower y el diputado Oscar Gonzalez Daher, que nunca fueron comprobadas.

Los intermediarios para la venta de armas eran protegidos por el ex asesor del SIN, los principales involucrados en la red de corrupción investigada por la Procuraduría ad hoc son Moshe Rothschild, James Stone, Ilan Weil, Enrique Benavides Morales,Tzvi Sudit y Jean Devrout van Beckoven. Dos de ellos están en procesos de colaboración eficaz y con detención domiciliaria. De los comandantes generales del Ejército y del Comando Conjunto de las FF.AA. están siendo procesados Nicolás Hermoza, Elesván Bello y José Villanueva Ruesta (todos ellos detenidos). Los ministros de Economía de las gestiones correspondientes no han sido involucrados en este caso. El ex ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva, continúa prófugo.

25 millones procedían de fondos de entidades públicas. Los 'contratos' para el control de los medios de comunicación fueron financiados con fondos del Tesoro Público desviados de las partidas de defensa entre 1998 y el año 2000. Montesinos formó una bolsa financiera de dimensiones inauditas contando con la necesaria e imprescindible aprobación de Fujimori, según el Procurador ad hoc José Ugaz. Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, son acusados por complicidad en el delito de peculado por haber recibido 9 millones de dólares a lo largo de seis meses para atacar a los líderes de oposición a través de Canal 2. José Enrique y José Francisco Crousillat de América TV tienen orden de captura internacional y se les acusa de complicidad por el delito de peculado. Los dueños de Canal 4 habrían recibido unos 10 millones de dólares. Ernesto Schutz, dueño de Canal 5, es acusado por asociación ilícita, tráfico de influencias y peculado. Se estima que recibió más de 12 millones de dólares.

Durante el 2001 salió a la luz la utilización irregular de los aportes de jubilación de los más de 290 mil oficiales de la policía, por parte de Alberto Venero y Juan Valencia, testaferros del ex-asesor Vladimiro Montesinos. Entre ambos habrían utilizado los fondos para infinidad de negocios, entre los que destacan la construcción de inmuebles, compra de armas, hoteles y diversos comercios. Desvanecido el amparo judicial que proveía el ex asesor Montesinos, se ha comprometido a todos los ex directores de la Caja en los últimos 10 años, entre ellos el general Luis Pérez Documet, el ex ministro Juan Briones Dávila, el ex ministro Tomás Castillo Meza y el ex ministro Víctor Malca Villanueva.

Si bien el escándalo del transfuguismo parlamentario se confirmó en el 2000, con la aparición del primer "Vladivideo", la denuncia constitucional contra los 30 congresistas llamados tránsfugas y topos, así como contra el ex presidente Alberto Fujimori, por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir, fue presentada el 28 de julio de este año por el parlamentario Javier Diez Canseco. A finales de diciembre, la investigación contó con las declaraciones del propio Montesinos, quien narró con lujo de detalles cuánto y a quiénes otorgó dinero para pasarse al oficialismo, para permanecer en sus partidos en calidad de "topos", o para financiar sus respectivas campañas.

a) La participación de Eugenio Bertini, gerente del Banco Wiese, en la red de corrupción de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

b) La actitud del Poder Judicial ante un funcionario español del Banco Continental, acusado de haber causado la muerte de varias personas por conducir ebrio y chocar el vehículo que conducía a trabajadores de una línea aérea. El acusado sigue libre y reside en Lima. os deudos de las víctimas señalan que dado el peso económico de la entidad financiera, ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación han tratado el tema de manera justa.

c) En una conferencia de prensa el gerente general de Telefónica del Perú reconoció que le mintió a una redactora de Dow Jones cuando negó que se hubiera reunido con Vladimiro Montesinos. El miércoles 9 de Noviembre reveló que se reunió por lo menos en unas cinco oportunidades y dijo que conversó con el ex asesor sobre una ley que contravenía los intereses de la empresa. Los canales de TV abierta ni los principales diarios peruanos difundieron la información.

En la Dirección General de Bienes Nacionales, institución gubernamental que se encarga de administrar los bienes del Estado, entre ellos sus tierras, se llevaron a cabo actos irregulares que involucran a su administrador Víctor Tió. La estafa al Estado dominicano fue millonaria y consistió en la venta a precio de vaca muerta de cientos de tareas de tierra, violando además todos los reglamentos de Catastro Nacional, falsificando documentos, entre otras acciones delictivas. El ex administrador señaló, cuando fue interrogado por la prensa, que detrás de esto hay muchos intereses y muchos pejes grande implicados. Todo se ha quedado en el olvido, y no se le ha dado una respuesta satisfactoria al pueblo dominicano.

El gobierno del presidente Hipólito Mejía incluyó dentro del plan de combate a la pobreza el subsidio al gas licuado de petróleo (el que utilizan las amas de casas para cocinar y la mayoría de los choferes de transporte público) para el sector más pobre de la sociedad a través de unos bonos que manejaba la Secretaría de Industria y Comercio. Tras la pesquisa a mas de 250 envasadora y expendedoras del gas, se demostró que por lo menos 67 reportaron ventas en exceso, lo que significó en total un desfalco de casi 70 millones al Estado dominicano. El Secretario de Industria y Comercio Lic. Ángel Lockward, quien era el encargado directo de dirigir la entrega de cupones a los beneficiarios y el pago a las envasadoras y distribuidoras del gas, defendió su gestión y negó la posibilidad de irregularidades y corrupción en el caso. Como siempre, todo se quedó en la fiebre de unos días, el secretario fue destituido y anda por ahí aspirando a senador, mientras tanto no se saben donde están los 70 millones de pesos, otra carga más para el pueblo dominicano.

La presentadora de televisión Nuria Piera, presentó en su programa, imágenes y documentos en los que de una u otra forma incriminaba a las autoridades del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). En la navidad del año 2000, se emitieron cheques millonarios a nombre de empleados menores de la institución y eran firmados, endosados y cobrados por otros. En la mayoríade los casos esos mismos empleados no sabían de la existencia de dichos cheques. Cuando el director del INVI Juan Antonio Vargas fue consultado al respecto dijo que esos cheques estarían destinados para el pago de ''mano de obra en la reparación y pintura'' de viviendas ubicadas en distintos barrios de Santo Domingo. Nuria Piera investigó y presentó al país a través de su programa que dichos operativos no se llevaron a cabo en diciembre como dijera el director del INVI y que en los sectores mencionados nadie recibió la susodicha ayuda. Hubo una atención momentánea de los medios de comunicación al caso, el director del INVI recibió el apoyo de todos sus compañeros funcionarios e incluso del presidente de la República que llegó poner en dudas públicamente la palabra y la investigación de la conductora de televisión. Como siempre, se esfumaron las posibilidades de que se investigara a profundidad el caso, si hubo o no corrupción no se sabe, ni tampoco se sabrá nunca.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , que al igual que la mayoría de los gremios del país está controlada por miembros de los partidos políticos mayoritarios, ha sido víctima de un desfalco por parte de sus más encumbradas autoridades. El informe del Consejo de Comisarios muestra gastos personales con una tarjeta sin autorización de la ADP, viáticos cobrados por viajes al interior, más de un millón de pesos invertidos en la fiesta de Navidad de 1999, y compras hechas sin autorización y sin presentar las facturas ni liquidación del dinero recibido... Hubo acusaciones al Secretario de Organización Radhamés Camacho, a lo que éste respondió que todo es parte de un plan urdido por el gobierno en contra de los demás miembros de la dirigencia de la ADP para tratar de involucrarlos en el desfalco, lo que tildó de " infeliz estrategia", pues tenían informes del plan y lo habían denunciado. Este fue un caso que involucró a dirigentes de los tres partidos políticos mayoritarios, desde la presidenta del organismo Olimpia González, que es del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hasta el caso que hemos mencionado de Radhamés Camacho que es del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sobre el caso fue a parar a la cárcel la encargada de finanzas de la institución Carmen Gregoria Gutiérrez Sosa y lo demás todavía espera ser investigado.

Un caso que hay que mencionar dentro de los escándalos relacionados con la corrupción del año 2001, aunque el hecho citado no fue cometido en ese año, es el de la citación del ex presidente de la república Dr. Leonel Fernández, por supuestas irregularidades en el manejo de una cuenta especial mientras era presidente. Leonel Fernández no acudió cuando fue citado y por el contrario tomó los medios de comunicación y trató de demostrar que no hubo tales irregularidades y además que el organismo que lo citó no tenía jurisdicción ni potestad para hacerlo. Después de haber ganado la lucha en los medios de comunicación y de opinión pública al gobierno, el expresidente Fernández aceptó ir a un interrogatorio, aunque ya no con el que lo citó en principio.

Hechos como éste han servido para desacreditar el proceso de persecución de la corrupción, por lo que ya nadie cree en esos organismos como son La Procuraduría General de la República y el Departamento de Prevención de la Corrupción.

A fines del año 2000 la revista Posdata y Surmedia.com, denunciaron que el entonces Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Salomón Noachas, había adjudicado en forma irregular varios apartamentos a sus familiares directos e incluso uno a sí mismo. La Comisión Permanente del Parlamento lo interpeló y el jerarca debió renunciar cuando el Presidente Jorge Batlle le quitó apoyo político. A su vez el Primer Mandatario reclamó al directorio del BHU que anulara la adjudicación de un departamento en el balneario de Punta del Este a la hija del jerarca destituido. En éste momento Noachas se encuentra bajo investigación judicial.

Una investigación realizada por la periodista María Urruzola, demostró que el ex Director de la DGI, Joaquín Díaz, tenía bienes y propiedades cuyo origen no podía demostrar con su sueldo y que tenía vínculos con estudios jurídicos y personas sospechadas de lavar dinero. A la vez, un empresario del espectáculo lo denunció por estar asociado a personajes políticos y propietarios de radios FM, que habrían defraudado al Estado en decenas de millones de dólares. Díaz renunció al cargo; la Junta Anticorrupción lo absolvió de culpas, pero la Justicia investiga ahora una nueva denuncia contra los antes mencionados que, también, involucra al ex jerarca de Impositiva. La Justicia posee evidencias de que personas con importantes cargos públicos, asociados a políticos y empresarios, vendían "impunidad impositiva" a otros empresarios a cambio de coimas.

La denuncias realizadas en Argentina por la diputada Elisa Carrió sobre Lavado de Dinero fueron tomadas en Uruguay por La República y Surmedia.com quienes investigaron los estudios profesionales donde se confeccionaban las Sociedades Anónimas; descubrieron los nombres de los testaferros y cuántas empresas se vinculaban al lavado de dinero por narcotráfico y por tráfico de armas. Actualmente una fiscal del departamento de Maldonado investiga las ramificaciones de tres empresas que están vinculadas a los cárteles de Cali, Medellín y Juárez y que integraron el circuito ideado por el banquero argentino Raúl Moneta junto al City Bank.

El arquero del Club Defensor, Fernando Baleado, reconoció a un periodista de CX 30 que se lo pregunto que "los jugadores de su equipo habían aceptado un incentivo pagado por Peñarol para que no perdieran ante Nacional", clásico rival. Nacional necesitaba vencer para mantener la chance de campeonar. La Justicia investigó, las partes negaron y el caso se cerró sin consecuencias porque la ley no pena "incentivos para ganar". Poco después algunos jueces denunciaron que otros aceptabancoimas para modificar resultados de los partidos y como resultado las autoridades bajaron de categoría a casi todos e inclusoimpidieron que uno de ellos participara del Mundial Corea -Japón 2002.

Una Comisión Investigadora de la Junta Departamental de Maldonado, solicitada por el edil nacionalista Guillermo Ipharraguerre, corroboró pagos irregulares a delegados al Festival de Cannes, así como un faltante de casi 100.000 dólares que nunca ingresaron a las arcas del municipio. El Intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue interpelado pero no supo explicar ni cuanto cuesta el festival, ni por qué se pagaron facturas que no correspondían. El Director de Turismo, Ricardo Dutra, presidente de la Comisión de Festivales y principal acusado, renunció a su cargo. Pero los legisladores municipales pretenden la renuncia de otros jerarcas. Antía será interpelado nuevamente y la oposición analiza llevar el caso a la Justicia.

Las denuncias relacionadas con el Plan Bolívar 2000 tienen que ver con presuntas falsificaciones de facturas por montos millonarios, con el descontrol en la asignación de las obras, decisiones que en muchos casos se tomaron sin realizar licitaciones ni siquiera verificaciones, por la cual habrían aparecido empresas fantasmas que dejaron obras a la espera de ser realizadas según un informe de Contraloría.

Entre las irregularidades más importantes están presuntos endosos de cheques millonarios a nombre de empresas supuestamente contratistas del Plan Bolívar, pero que terminaron siendo cobrados por personal ejecutivo. La lupa sobre 15 direcciones del plan arrojó que presentaron forjamiento de facturas.

Las denuncias se comenzaron a presentar con fundamento de las transferencias de recursos financieros que se hacían en el despacho. Más de cinco mil millones de bolívares estaban involucrados en estos manejos que indicaban transferencias a organizaciones civiles que no tenían proyecto alguno pendiente por realizar que justificara tales erogaciones. En otros casos, además, se violaron los procedimientos de actuación para la salida del dinero. Se detectó que primero se dio el dinero y posteriormente se pidió el documento sobre la existencia de la disponibilidad. En algunos casos no había convenios oficiales firmados entre el FUS y los entes que recibieron los recursos. El pago se realizó antes de crear la obligación.

Informaciones no confirmadas hablan de que familiares de directivos del FUS y dirigentes políticos habrían sido beneficiados también a través de algunas de estas organizaciones no gubernamentales (ONG). Esos informes revelan también otro tipo de irregularidad que ratifica al menos el descontrol en la asignación de grandes sumas de dinero. Algunas de estas organizaciones creadas recibieron más recursos que los que habían solicitado. En algunos de estos casos, la diferencia representó 300% más de lo que le correspondía a la ONG según los documentos.

Existen denuncias de supuestas irregularidades cometidas en Fundabarrios en la adquisición con sobreprecio de bienhechurías en el Estado Trujillo que fueron denunciadas a la Contraloría General y a la Fiscalía General de la República. Según la denuncia formulada en ambos organismos, las adquisiciones de Fundabarrios tendrían un sobreprecio global de Bs. 595,4 millones, de acuerdo con los cálculos presentados por los legisladores Marcos Benítez (MVR), presidente encargado del Consejo Legislativo y presidente de la Comisión de Contraloría, José Hernández (coalición de oposición) y Jesús Avendaño (MVR), miembros del equipo legislativo contralor de la entidad andina.

La información entregada está sustentada en una evaluación técnica a las bienhechurías asentadas en unas 82,12 hectáreas, ubicadas en la población de Monay, que Fundabarrios adquirió a principios de marzo por un monto global de Bs. 759,6 millones. De acuerdo con el análisis, el valor real de la compra debió alcanzar Bs. 164,2 millones, debido las condiciones físicas de las casas dadas en venta y las condiciones de mercado existentes en la zona. En el estudio preliminar existe presumiblemente un sobreprecio de Bs. 7,7 millones por hectárea. Según sondeo de mercado, en la zona los precios de venta no concuerdan con los precios de compra que autorizó Fundabarrios, ya que los precios de venta están en el orden de los 2 millones de bolívares por hectárea para ese tipo de inmueble', se indica en el informe. La evaluación se basó en una inspección realizada, por el ingeniero John Quevedo, el técnico José Gregorio Perdomo, además de los tres legisladores.