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Nuevamente se atenta contra la libertad de expresión en Panamá
por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
En el 9 de mayo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por violación a la libertad de expresión en perjuicio del ciudadano panameño Miguel Antonio Bernal, abogado, periodista y defensor de los derechos humanos en ese país. El 23 de enero de 1998 en el penal de la Isla de Coiba 5 reos intentan fugarse. En el intento 4 de los reos fueron asesinados, apareciendo sus cuerpos decapitados. A raíz de los hechos el Dr. Bernal en entrevista televisiva condena el acto criminal ocurrido, el cual era un hecho público y notorio, solicitando el castigo de los responsables. En sus declaraciones el Dr. Bernal mencionó que la policía podría estar involucrada en los hechos acontecidos.
A raíz de la difusión de la entrevista el entonces Director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, interpuso el día 6 de febrero de 1998 una querella en perjuicio de Miguel Antonio Bernal por el delito de calumnia e Injuria, iniciándose el 18 de noviembre de 1999 un proceso criminal en contra de éste. Los argumentos en que se ha basado la parte acusadora en el proceso pretenden justificar una querella de Calumnias e Injurias que atribuye una protección amplia y desmedida a funcionarios públicos, que sería en el presente caso, el entonces Director de la Policía Nacional quien nunca fue mencionado por las declaraciones de valor emitidas por Miguel Antonio Bernal, así como a la institución policial en su conjunto. De resultar condenado el Dr. Bernal podría enfrentar una pena de hasta 24 meses de prisión. El martes 14 de mayo se celebrará la última audiencia pública antes de su posible condena.
La criminalización de los delitos de calumnia e injuria es contraria a las normas internacionales en materia de derechos humanos. La Convención Americana en su artículo 13 establece una amplia protección al derecho a la libertad de expresión, máxime cuando se trate de funcionarios públicos. Por su parte la Declaración Interamericana de Principios sobre la materia, adoptada en octubre del 2002, expresamente establece que los servidores públicos están en el centro del debate público y por lo tanto se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, debiendo demostrar mayor tolerancia a la crítica.
El caso del Dr. Bernal no es un caso aislado ante este órgano. La Comisión Interamericana y la Relatoría para la Libertad de expresión han tenido conocimiento de alrededor de 90 casos en donde se han procesado penalmente a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos por el delito de calumnia injurias, debido a críticas emitidas contra funcionarios públicos panameños.
Del resultado del trámite de esta denuncia contra el Estado panameño, esperamos que se adecue su legislación sobre libertad de expresión conforme a los estándares interamericanos en la materia y no se le imponga una sanción penal a la víctima. Asimismo, permita una mayor tolerancia, apertura a la crítica y al debate público, exigencias necesarias para el sustento de una sociedad verdaderamente democrática.
CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.
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