Las interconexiones de electricidad en Centroamérica comenzaron desde 1976 cuando se unieron Honduras y Nicaragua. En 1982 se interconectaron Costa Rica con Nicaragua y en 1986 con Panamá. En ese mismo año se interconectaron Salvador y Guatemala y está por lograrse la interconexión entre El Salvador y Honduras. Falta ahora México y Guatemala cuyo proyecto ha dado inicio. Para el año 2005 se espera que esté lista toda la interconexión desde Guatemala a Panamá, año en que se pretende dar inicio formal al ALCA, cuando las empresas, montadoras, fábricas, sistemas de trenes eléctricos y sistemas de riego para la agro exportación, los centros turísticos; los puertos, aeropuertos, carreteras, etc., estén demandando energía eléctrica. Las características del sistema eléctrico les ahorraría a las empresas que ofrecerán el servicio hasta 28 millones de dólares al año, lo que los gobiernos no hicieron en su momento; y a los consumidores más de 513 millones de dólares, tomando en cuenta que el principal consumidor es el sector industrial y comercial. Por otro lado facilitaría unir los intereses transnacionales de explotación del gas con la industria eléctrica, ya que se espera que ésta sea la principal consumidora de gas natural en la región.

El Sistema de Interconexión Eléctrica para Centroamérica (Siepac) consistirá en unir a todos los países de la región y crear una línea de transmisión eléctrica de 1,802 km de extensión desde Panamá a Guatemala, con una capacidad de 230 kilovoltios, con conexiones a subestaciones transformadoras y a las redes nacionales de los países participantes. Así, Guatemala pondrá 242 km de línea eléctrica, El Salvador 260 km, Honduras 366 km, Nicaragua 284 km, Costa Rica 515 km y Panamá 135 km. Esta nueva línea suplirá las interconexiones bilaterales existentes que son de baja capacidad y poco confiables. También se pretende crear un mercado regional "con reglas claras y uniformes que brindará incentivos para la instalación de plantas generadoras más grandes y más eficientes, inversiones que ayudarán a reducir los costos de la electricidad en la región y reforzarán la confiabilidad de sus sistemas de suministro de energía eléctrica". Sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido en ningún país. La experiencia es contraria: mayores costos de la energía eléctrica, mal servicio, más apagones y más control monopólico de las empresas españolas, principalmente Unión Fenosa y Endesa, quien tendrá el control de la distribución en la región centroamericana.

El Siepac tendrá tres proyectos de interconexión:

1) Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

2) Interconectar Belice con Guatemala a partir del 2003 y terminar el proyecto en el 2004, llevando una línea desde la hidroeléctrica del Chixoy hasta Santa Elena, en el Peten, y luego a la subestación de la Ciudad de Belice. En toda la región norte de Guatemala, la empresa ENDESA es propietaria de DEORSA que controla la energía en esta región. Esta interconexión tendrá un costo de 23.8 mdd y una longitud de 195 km: 80 km en territorio guatemalteco y 115 en Belice.

3) Conectar a México con Guatemala a través de la construcción de un línea de transmisión de 400 kilovoltios (kv) de 88 km entre las subestaciones de Tapachula, Chiapas, hasta Los Brillantes en Guatemala (Primera Fase). El 1 de diciembre del 2003 se espera inaugurar esta obra que tendrá un costo de 44.5 millones de dólares. Para ello el gobierno de Guatemala pidió un préstamo al BID por 30 millones de dólares y México aportará lo suyo con fondos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Así es la manera como se subsidiará a la transnacional Endesa que se quedará con la transmisión. En una Segunda Fase se reforzaría la red de transmisión en el lado mexicano. Así, el 18 de diciembre de 2001 se llevó a cabo un Diálogo de Autoridades Nacionales sobre la Iniciativa Mesoamericana de Integración Energética en la sede del BID, con el objetivo de elaborar y acordar un Plan de Acción para construir la interconexión eléctrica México-Guatemala. En este encuentro participaron autoridades y funcionarios de la Secretaría de Energía y la CFE; del Ministerio de Energía y Minas, y del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala y Comisionados del PPP.

¿Quién controlará el sistema eléctrico?

En 1996 los gobiernos centroamericanos firmaron un Tratado Marco Eléctrico de América Central vigente a partir de 1998, que le permite a los países vender y comprar electricidad. Luego se han tenido que crear otras dos instituciones regionales: la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) que regulará el nuevo mercado eléctrico centroamericano; y el Ente Operador Regional (EOR), operador del sistema y administrador del mercado de transacciones eléctricas regionales donde las empresas españolas pretenden controlar. Como parte del esquema, las seis empresas centroamericanas transferirán los recursos de los prestamos a la Empresa Propietaria de la Línea SIEPAC (EPL) con sede en Panamá, que a su vez podrá incorporar como accionistas a empresas eléctricas del sector privado.

El Siepac no está compuesto ni regulado por instancias democráticas, sino que está compuesto por un Comité de Programación y Evaluación; una Unidad Ejecutora con sede en Costa Rica; y el Grupo Director integrado por representantes de los ministerios responsables del sector energético y del sector económico de cada país, así como las empresas eléctricas de cada país que, en muchos casos, van adquiriendo el rostro de empresas transnacionales en la medida en que se van privatizando. Este Grupo Director tiene toda la responsabilidad del proyecto y la toma de decisiones.

¿Cuánto costará y quién pondrá el dinero?

El proyecto SIEPAC tendrá un costo de 320.3 millones de dólares (mdd) de los cuales el BID prestará 240 mdd que aprobó desde 1997. De ellos, 170 provienen del propio BID y serán concesionados a las empresas eléctricas de Costa Rica (Instituto Costarricense de Electricidad); El Salvador (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa); Guatemala (Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala); Honduras (Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras); Nicaragua (Empresa Nicaragüense de Electricidad); y Panamá (Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. de Panamá).

Los otros 70 mdd serán prestados a las mismas empresas y provienen del Fondo V Centenario del Gobierno de España que alude a los 500 años en que arribó la conquista al Continente y que aún pretende persistir. Con esto, la EPL quedó en manos de la transnacional eléctrica española Endesa quien se convierte en distribuidor y proveedor primario para toda la región ya que los gobiernos le entregarán las concesiones a EPL, quien a su vez adquirirá los derechos de paso y hará los estudios de impacto ambiental, lo que no garantizará ninguna imparcialidad. Así, cualquier empresa podrá comprar energía desde cualquier punto de la región donde esté instalada.

Los préstamos del BID se distribuyeron de la siguiente manera: 1) cuatro préstamos de 30 mdd cada uno para las empresas eléctricas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, con un plazo de amortización de 25 años con un tipo de interés variable; 2) dos préstamos por concesión de 25 millones de dólares cada uno para las empresas de Honduras y Nicaragua, con plazo de amortización de 40 años y un tipo de interés de uno por ciento durante los primeros 10 años y de 2% en adelante. Los fondos del V Centenario son entregados a un plazo de amortización de 35 años y a un tipo de interés variable, de los cuales las empresas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá recibieron cada uno 10 mdd; y Honduras y Nicaragua 15 mdd cada uno.

El resto de los 80 mdd lo tendrán que subsidiar los gobiernos locales. Es más, todo lo pagará la sociedad con el pago de sus impuestos. Pero el problema y reto a superar para las empresas privadas es que, en el caso de Honduras y Nicaragua no pueden endeudarse con recursos del BID que no sean por concesión. Por su lado, el gobierno de El Salvador tiene restricciones constitucionales para garantizar el endeudamiento para empresas que no sean del estado. En otras palabras, el objetivo es que los gobiernos se endeuden a nombre de las empresas transnacionales a quienes les entregarán los recursos con créditos blandos que solo se otorgan a los gobiernos, ya que ellas han comprado las empresas eléctricas que eran del estado.

Por último, se cuenta con un fondo de "Cooperación Técnica" para implementar las reglas del Mercado, los mecanismos jurídicos, regulatorios y técnicos; así como las instituciones regionales, con un costo total estimado en 16.4 mdd, de los cuales 9.9 mdd los presta el BID, 5 mdd son de donación y el resto lo tienen que poner los gobiernos locales. Estos, como todos los fondos, se verán entre la maraña de corrupción en los gobiernos. Ésta fue la causa por la que el presidente de Guatemala sustituyó a Harris Whitbeck como Secretario Ejecutivo de la Presidencia y Delegado Presidencial del PPP, acusado de desviar los recursos. Pero en su lugar puso al ministro de Energía y Minas, Raúl Archila quien ha sido funcionario de la transnacional petrolera Shell que hoy ocupa el cuarto lugar mundial de las empresas de mayores ganancias. Archila también es accionista de importantes proyectos hidroeléctricos en Guatemala junto con altos mandos militares.

¿Y las represas hidroeléctricas?

En diversos proyectos del Grupo Técnico Interinstitucional para el PPP del BID, BCIE y Cepal se menciona que en el contexto del PPP se pretende crear una red de "605 km en cuatro líneas de transmisión doble circuito de 400 kv, asociado a la expansión de la generación hidroeléctrica en Chiapas", que en este caso sería la de Chicoasen.

El documento añade además el objetivo de los países hegemónicos en el Continente Americano que más energía consumen en el mundo, quienes más calientan el planeta y a quiénes les debemos, entre otros, la destrucción de la capa de ozono: "el proyecto en ejecución para la interconexión entre México y Guatemala, que sin duda facilitaría la interconexión desde Panamá hasta Canadá". El documento también señala que el proyecto de "Promoción de Centrales Hidroeléctricas y Geotérmicas Regionales" pretende elaborar una estrategia de promoción de proyectos para la instalación de centrales hidroeléctricas y geotérmicas.

Dentro del PPP solo se mencionan hasta ahora "cinco proyectos hidroeléctricos": Chicoasen II y Copainala en Chiapas, Boca del Cerro en Tabasco, La Parota y San Juan Tetelcingo en Guerrero, y una termoeléctrica de ciclo combinado en Campeche. (ver mapas en www.ciepac.org). Sin embargo ya hemos visto que hay muchos mas proyectos de represas hidroeléctricas para la región del PPP. En Honduras tenemos cinco: El Chaparral, Cangrejal, El Tigre, Babilonia y Ozuzuma. En Panamá la hidroeléctrica de Gualaca. En Belice los pobladores luchan contra la represa El Chalillo mientras en Costa Rica contra la represa Boruca. En Guatemala la represa El Canadá en el departamento de Quetzaltenango y las cinco represas en el río Usumacinta, frontera con Chiapas, donde se prepara ya una resistencia mayúscula. En México la represa de Itzantun y Caballo Blanco entre otros en el estado de Chiapas, además del megaproyecto hidroeléctrico de El Cajón en el estado de Nayarit, entre otras muchas.

En este contexto cabe señalar que hoy se libran otras batallas en el Continente. Indígenas Mapuches en Chile luchan contra la hidroeléctrica Ralco; en Brasil se anunció en el mes de julio del 2002 la concesión para la construcción de cinco represas en los estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantis y Maranhao. Pero también tenemos las represas del Paraguay, Argentina y Colombia, entre otras. Todas ellas con el reto de comenzar su funcionamiento entre el 2006 y 2007, para ir a la par de las negociaciones del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA). (ver lista de represas y experiencias de resistencias en Boletín "Chiapas al Día" No. 283 y 285-287 en http://www.ciepac.org).

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