opiniones

Una vez más la coalición del Procurador y del Órgano Judicial, se ensaña contra la libertad de expresión y los comunicadores sociales en Panamá. En efecto, el juez decimocuarto de circuito, ramo penal, Secundino Mendieta resolvió la mañana de 11 de marzo llamar a juicio a los periodistas del diario La Prensa, Julio César Aizprúa y Rafael Pérez G. querellados por supuestos delitos de calumnia e injuria en perjuicio de la empresa "Naves Supply".

Aizprúa y Pérez fueron querellados luego de la publicación en febrero del 2002 en la que la que exponían el manejo de la basura internacional en los puertos panameños. Diariamente se maneja en esas terminales portuarias una cantidad considerable de basura internacional compuesta en su mayoría por estiércol, orina de animales, desperdicios de alimentos, vegetales y frutas podridas.

Un manejo no adecuado ocasionaría un severo problema de salud que afectaría directamente a la población en general. Pese a las consideraciones vertidas, el juez consideró necesario ir al plenario para determinar si existe responsabilidad penal de los acusados. En principio se ha establecido la ocurrencia de un hecho punible y la vinculación de los periodistas.

Horas antes de la audiencia, Luis Manuel Botello, responsable de American Journalism International, manifestó que el juicio a estos periodistas es un "clásico ejemplo" de como se utiliza el sistema judicial para intimidar a los medios. La información sobre le manejo de la basura internacional, sentenció Botello, es un asunto de gran interés público. Se informó que la fecha asignada para el juicio es el 4 de junio a las 8:00 de la mañana, y como fecha alterna, el 1 de julio a las 10 de la mañana.

Julio César Laffaurie, fiscal séptimo de Circuito, siguiendo instrucciones del Procurador Jose Antonio Sossa, conocido perseguidor de la libertad de expresión en Panamá, le formuló cargos a los periodistas luego que se negaran a proporcionar las fuentes que directa o tangencialmente contribuyeron con la nota periodística. En su alegato, Carmen de Flórez, de la firma forense Watson y Asociados, quien asistió como abogada de los periodistas, manifestó que el contenido de la nota periodística resultó una voz de alerta para las autoridades y la ciudadanía en general, debido a que pone en evidencia algunos elementos que deben ser constatados por los responsables de la seguridad sanitaria de Panamá.

Lejos de eso, el Ministerio Público se limita a recibir las disposiciones que las gestiones de los particulares aportan, por supuesto, en beneficio de cada cual, olvidando su obligación de investigar los hechos de manera exhaustiva hasta llegar a la verdad de los actos querellados. Traslada así, una vez más y como es su costumbre a la esfera privada, la razón de ser de su cargo, remunerado por el Estado y, por ende, por los contribuyentes.