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Miembros del Ministerio Público entraron, por segunda vez, a las oficinas de la Comisión de la Verdad con el pretexto de extraer información de los computadores que utilizan los funcionarios de esta organización. La gran preocupación es que dentro de esas informaciones se encontraban las investigaciones de casos de desaparecidos en la época de la dictadura militar de Torrijos y Noriega.

La directora de apoyo legal de la Comisión, María Elena Valdés, rechazó lo ocurrido y manifestó que, para ella, el principal motivo del allanamiento es la existencia de discrepancias que el Ministerio Público mantiene con el procurador de la nación, José Antonio Sosa. La directora advirtió que el Ministerio se está convirtiendo en una dictadura y que está tratando de eliminar los datos de los asesinados y desaparecidos a través de estos actos.

Por otro lado, mientras en la ciudad de Panamá el allanamiento ocurría, en Washington el presidente de la CV a la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizaba una visita para solicitar formalmente una cautela. Esta última con el objetivo de mantener a salvo todos los documentos investigados, pruebas y algunos restos humanos hallados en fosas comunes.

Acciones del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFDEOPA-HG) también se manifestaron contra lo ocurrido. El Comité realizó un documento donde piden a las organizaciones nacionales e internacionales que rechacen y condenen el allanamiento, a través de las direcciones electrónicas de la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación, y Ministerio de Gobierno y Justicia respectivamente.

Las familias de las víctimas temen por la acción del Ministerio, pues dentro de esas informaciones podrían haber pruebas y documentos que fueran evidencias importantes para reconocer y juzgar a los culpables de las desapariciones.