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Las revelaciones en los últimos días, de que agentes de inteligencia han estado rastreando a periodistas de investigación, levantaron los viejos fantasmas del control a los medios de comunicación y de la interceptación telefónica no controlada. El activo mercado negro de comprometedoras cintas de vídeo y audio, que existe desde las revelaciones que llevaron a la caída del gobierno encabezado por Alberto Fujimori y su asesor en asuntos de seguridad, Vladimiro Montesinos, sólo complica la situación. Existe una delgada línea entre el derecho del público a conocer y la invasión a la privacidad, y no hay manera de saber si las cintas filtradas a periodistas eran falsas.

El detonante fue la grabación el mes pasado de una conversación entre el presidente Alejandro Toledo y uno de sus asesores sobre un viaje políticamente sensible a la ciudad de Arequipa. La cinta fue entregada al periodista César Hildebrandt, quien transmitió partes de la grabación en su programa televisivo. Más perturbador que el lenguaje poco presidencial de Toledo fue el simple hecho de que el palacio de gobierno no está libre del fisgoneo. La pregunta inmediata era si los espías estaban dentro o fuera del palacio.

Los resultados de una investigación sobre el caso realizada por el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) fueron declarados secretamente, provocando la protesta de los legisladores. Sin embargo, cuando el informe fue filtrado a la prensa el CNI lanzó una investigación interna. Algunos de sus documentos también fueron filtrados a uno de los periodistas que habían sido vigilados por agentes de inteligencia. El vicealmirante retirado Alfonso Panizo, jefe del CNI, realizó apariciones en el circuito televisivo tratando de convencer a sus entrevistadores que el objetivo de la investigación no era husmear en sus vidas, sino encontrar a los responsables de la filtración en su agencia.

Estos sucesos sólo han servido para poner énfasis en las graves amenazas que enfrentan los débiles cimientos democráticos. Primero, existen elementos disidentes ó y probablemente todavía existan agentes leales a Montesinos ó en los servicios de inteligencia que fueron reestructurados con la caída del gobierno de Fujimori en noviembre del 2000.

Los equipos de interceptación electrónica, que hicieron posibles los chantajes y sobornos que eventualmente derribaron al régimen de Fujimori, nunca fueron recuperados. Nadie cree en las afirmaciones de ex agentes de inteligencia de que fueron tirados al río Rímac.

Los medios de comunicación que fueron comprados por Fujimori y Montesinos durante los años 90, creando un imperio gobiernista tan fuerte que sólo un canal de cable transmitió la campaña de Toledo cuando competía por la presidencia con Fujimori en el 2000, son todavía frágiles. Aunque actualmente la mayoría de los medios de comunicación en el país se autodenominan democráticos, el que antes se hayan vendido al poder de turno es motivo de escepticismo.

Mientras tanto, la mayoría de peruanos se informan a través de la televisión y no siempre es una audiencia diferenciada. Un estudio de grupo en un barrio pobre durante el momento culminante de la campaña electoral del 2000 encontró que la audiencia creía en los informes televisivos porque "lo que estamos viendo no nos puede engañar". Si se considera que la información independiente libre de la intervención gubernamental o del espionaje es vital para la democracia, Perú todavía tiene mucho camino por recorrer.


La autora es corresponsal de Adital y periodista estadounidense radicada en Perú.

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