Agradezco a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá esta oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy.
Quisiera aprovechar la ocasión para plantearles una pregunta muy importante: ¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que Panamá desarrolle su potencial y fomente su sociedad democrática? La respuesta a mi pregunta no es fácil.
Pero antes de intentar responder a mi propia pregunta, debo explicarles por qué pienso que este es el momento más propicio para hacernos esa pregunta. Como todos sabemos, el período electoral ha empezado un poco más temprano, en anticipación a las elecciones generales de mayo del próximo año. Me parece muy conveniente que en este intervalo se determinen y se evalúen las condiciones del país en términos de su desarrollo democrático. La coincidencia del Centenario con momentos en que existe una mayor conciencia pública acerca de temas relacionados con la gobernabilidad, y la cercanía de las elecciones, proporcionan un punto de transición en el cual podemos entrar en una discusión nacional sobre el curso que lleva Panamá al incursionar en su segundo centenario como nación.
Les formulo esta pregunta, ya que en pocos meses he llegado a sentir un afecto profundo por este país, pero también he sentido algo más que frustración por la brecha que existe entre lo que Panamá es y lo que pudiera ser. No creo que haya persona alguna en Panamá que no desee un país y un hemisferio próspero, democrático y seguro. Mi recorrido por este país desde mi arribo, me ha permitido apreciar los retos que los panameños tienen que enfrentar para lograr el éxito en este esfuerzo. He tenido la oportunidad de apreciar la capacidad del panameño y tengo confianza en que esa capacidad lo hará salir adelante con éxito. Sin embargo, en el aspecto económico y político también he visto los efectos negativos del "juega vivo" y de la búsqueda de intereses partidarios en detrimento del bien común.
Un ejemplo del potencial de Panamá como líder en el comercio mundial surge de algunos datos interesantes de la última edición del íWorld Competitiveness Report,î del Foro Económico Mundial. Este informe compara ochenta países (que incluyen entre otros, países de Europa y del hemisferio como Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, y los países asiáticos y africanos), tomando en cuenta sus ventajas y desventajas para competir en el mundo comercial. De los ochenta, Panamá se encuentra en la posición cincuenta. En el aspecto positivo, algunas ventajas que se identifican en Panamá son: inflación baja (número 15), sofisticación del sistema financiero (número 22) y la solidez de los bancos (número 20). ¿Pero, cómo califica Panamá en otras categorías? La calificación de Panamá en cuanto a la confianza pública en los políticos fue muy baja (número 72). Otras categorías en las cuales Panamá recibió una calificación desagradable incluyen el favoritismo en las decisiones del gobierno (número 69), y la frecuencia de sobornos (número 75).
Si no fuera por estas características negativas, identificadas por expertos en comercio internacional como obstáculos a la competitividad, Panamá podría tener un perfil mucho más positivo. Recientemente, el profesor visitante de Estados Unidos, Riordan Roett, manifestó que si Panamá pudiera bajar sus niveles de corrupción y mejorar el imperio de la ley, podría dar un gran salto hacia adelante en su competitividad. Esto se traduciría en millones de dólares, los cuales se reflejarían en un incremento de inversiones y la creación de empleos.
Este conjunto de factores me lleva a destacar lo importante que es el concepto de la gobernabilidad (lo que llamamos en inglés Good Governance.) No es un principio académico o teorético, sino un requisito de la democracia y una condición primordial para atraer la inversión y así asegurar el crecimiento económico y un futuro decente para este país.
La gobernabilidad es responsabilidad de todos. Es el derecho básico de todos los panameños y la responsabilidad de cada funcionario público. El contrato social entre un gobierno y sus ciudadanos se fundamenta en que el gobierno existe para servir al bien común. Las palabras de Abraham Lincoln sobre el gobierno: "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", no son meramente retóricas. "Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo": son las bases de un gobierno sólido. Cualquier gobierno, de cualquier lugar, que caiga en el ciclo vicioso de la corrupción y la malversación de intereses partidarios, está destinado al fracaso.
La gobernabilidad tiene tres componentes esenciales:
1. El diálogo abierto y permanente entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo el sector empresarial;
2. La gestión pública equitativa, transparente y profesional; y
3. La seguridad jurídica.
Yo sé que ustedes, representantes del sector empresarial de la sociedad civil, reconocen su compromiso de desempeñar su papel de manera responsable en este diálogo que acabo de mencionar. Les invito a reflejar sobre su propio desempeño, en lo que se refiere a trato justo y equitativo.
Permítanme citar algunos ejemplos que explican lo que quiero decir cuando hablo de diálogo abierto y permanente entre la sociedad civil (incluyéndolos a ustedes) y el gobierno.
He conocido el trabajo de CIVITAS. CIVITAS representa lo mejor de la cooperación ciudadana. El capítulo de Panamá es parte de una organización mundial dedicada a la educación cívica, la cual ayuda a la población civil a conocer los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos en una democracia. Me ha impresionado los esfuerzos de CIVITAS Panamá, especialmente su íproyecto ciudadanoî que orienta a los estudiantes panameños en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Estos estudiantes no tienen ningún temor de acercarse a su representante de corregimiento o a cualquier funcionario público para expresarle sus preocupaciones y exigirle solución. ¡Estos estudiantes representan el futuro de Panamá!
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos brinda otro ejemplo. Este programa, a través del Foro Panamá 2020, ha abierto espacios para facilitar el tipo de diálogo al que me refiero. De los diálogos patrocinados por el PNUD en Panamá, han salido propuestas concretas basadas en un consenso amplio de sus participantes.
¿Ahora, cuál es el deber de la sociedad civil? (y este término los incorpora a ustedes los empresarios) No es quejarse simplemente, sino lograr que los políticos incorporen esas propuestas a sus programas de trabajo y que las implementen. En una cultura democrática, cada elector tiene el derecho y la obligación de saber cuáles son los principios que guiarán la gestión de un candidato. Después de las elecciones, la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas no termina con la entrega de una declaración jurada de bienes patrimoniales. Los funcionarios públicos deberán mostrar los estándares más altos de transparencia y honestidad.
En términos de la colaboración entre el gobierno y el sector privado, el Foro Panamá 2020 me recuerda una iniciativa local muy exitosa en la ciudad de Santiago, República Dominicana, bajo el liderazgo del empresario Miky Lama. En un plan estratégico los sectores públicos y privados se juntaron para proponer un escenario futuro de la ciudad. El plan integró acciones y proyectos para mejorar la habitabilidad y competitividad económica de Santiago. En mi recorrido por todo Panamá, he llegado a conocer representantes de esta sociedad que tienen la capacidad para lograr un éxito similar. También conozco funcionarios públicos y candidatos políticos con la misma capacidad. El único ingrediente que hace falta en este ísancochoî es la voluntad para llevar a cabo una iniciativa cuya integridad sobreviva, por lo menos unos cuatro o cinco términos presidenciales.
Enfoquemos nuestra atención ahora en los asuntos de la transparencia y el trato equitativo, los cuales son elementos básicos del buen gobierno.
Todo votante debe exigir, primero de sus candidatos y luego de sus funcionarios públicos electos, un desempeño de ciudadanos ejemplares que cumplen con las leyes y respeten la ética. Si esos líderes violan las normas éticas, no deberían ser electos, y mucho menos reelegidos. En este sentido me preocupa mucho la inmunidad parlamentaria. Es un concepto que perjudica al sistema democrático porque establece que ciertas personas están por encima de la ley. También destruye la confianza que el ciudadano debe tener en sus líderes políticos. Esa inmunidad se convierte inevitablemente en impunidad del legislador, y el público ha de exigir un cambio. Aplaudo la iniciativa de Jacobo Salas de dignificar la gestión de la Asamblea Legislativa y sancionar las fallas de sus funcionarios, por ejemplo, de quitarles el sueldo a los legisladores que no cumplen con sus deberes.
Las únicas recompensas que debe recibir el funcionario público son su salario y la satisfacción del deber bien cumplido. Sin embargo, todos los días escucho de alguien que exigió algo adicional por cumplir con su deber. El ciudadano panameño debe exaltar todas las acciones en contra de aquellos servidores públicos que se involucran en actos ilícitos. El pueblo debe exigir que sus actos no queden en la impunidad.
Si los funcionarios públicos tienen un comportamiento deshonesto, esto menoscaba la fé y la confianza del pueblo de que el gobierno pueda íhacer bienî y promover los intereses públicos.
Existe un mito que dice que un poco de corrupción y soborno puede hacer que la burocracia inflexible funcione de forma más eficiente. No es así. Las compañías que participan en gestiones corruptas gastan más tiempo y dinero que las compañías que rehúsan involucrarse en dichas prácticas. Vemos claramente que los buenos conductos también son buenos negocios.
El famoso catedrático peruano Hernándo de Soto ha expresado que la corrupción constituye un impuesto para el pueblo que recae más sobre los pobres. Es una redistribución de los recursos de aquellos que no tienen el poder, hacia aquellos que sí lo tienen.
La corrupción y la malversación de fondos conllevan costos que se pueden medir. La corrupción es el hurto a la nación. Priva a los ciudadanos de su potencial y aspiraciones de un futuro más brillante, entre estos: una mejor educación, una mejor atención médica y un mejor acceso a los recursos básicos de subsistencia. Desestabiliza el imperio de la ley y las instituciones que son los fundamentos de la democracia. También facilita el crimen transnacional y amenaza nuestra seguridad colectiva.
La transparencia es parte de la respuesta a la corrupción. Todos los ciudadanos deben saber cómo contribuir a las políticas del estado y tener libre acceso a los canales institucionales para hacerlo. Si el ciudadano no puede expresarse sobre la política, o si se le prohíbe enterarse de hechos básicos relacionados con la gestión pública, eso es un impedimento para el desarrollo de una cultura democrática.
Un análisis de las leyes y la aplicación de las mismas determinaría las formas en que el gobierno pudiera tener más responsabilidad hacia los ciudadanos, y permitiría el desarrollo del proceso democrático. Por ejemplo, Panamá cuenta con una Ley de Transparencia, pero el espíritu de ésta parece haber sido desvirtuado mediante su reglamentación. El público tiene derecho de revisar las acciones y decisiones de los funcionarios públicos.
Las "leyes mordaza" tienen un efecto negativo en el debate público. Los servidores públicos tienen que ser abiertos a la crítica de los medios. Ellos tienen derecho a la misma privacidad que posee el ciudadano común, pero no más. Los procesos penales por calumnia van en contra del principio de libertad de expresión y de la prensa. Conjuntamente con la prensa libre, la democracia exige una prensa responsable. Esta responsabilidad se obtiene a través de la capacitación, la educación y el diálogo. Son los medios mismos los que tienen que determinar los códigos éticos de su profesión y es el pueblo el que ha de exigir un comportamiento profesional por parte de los medios. Las leyes punitivas y las restricciones no sirven. A la vez, debe haber de parte de los medios y de sus dueños la voluntad y la decisión para que se mejore el clima de la comunicación social.
Panamá puede mejorar mucho su gobernabilidad si profesionaliza a sus funcionarios públicos. Una carrera administrativa es la mejor protección contra los intereses partidistas que subordinan los intereses de la nación. La carrera administrativa es la base y el sustento del imperio de la ley y de los intereses del país a largo plazo. Una carrera administrativa también implica un equipo profesional, bien formado y capacitado, competente y conciente de su deber de servirle bien al público y a sus conciudadanos.
Si muchos puestos gubernamentales están sujetos a cambios frecuentes de personal a raíz de los cambios de gobierno, la estabilidad y la neutralidad del estado caen en tela de duda. La creación de una carrera administrativa, contemplada en la Ley 9 de 1994, sería un paso tremendo hacia la estabilidad administrativa y la eficiencia. A pesar de la existencia de una ley sobre la carrera administrativa que data más de nueve años, hay muchos funcionarios públicos competentes y dedicados que perderán sus puestos al final de 2004, cuando un nuevo gobierno nombre personal nuevo. Dos anteproyectos de ley que abordaron este tema fueron propuestos al final del año pasado por legisladores de distintos partidos, pero ni siquiera llegaron al primer debate en la Asamblea Legislativa.
La Autoridad del Canal de Panamá es un buen ejemplo de la des-politización en el gobierno. También sirve como modelo para el tipo de resultado y ganancias de las inversiones que se pueden lograr cuando se invierte en las personas según su capacitación y su educación. Otra entidad ejemplar es el Tribunal Electoral, que ha merecido reconocimiento internacional por su transparencia, profesionalismo y respeto a la ley.
Finalmente, dirigimos nuestra atención al tercer elemento de la cultura democrática y el buen gobierno. Es un tema que he tocado ya varias veces: la seguridad jurídica y el estado de derecho.
Hasta los niños se pelean cuando uno de ellos intenta cambiar las reglas a la mitad del juego. La gestión pública no es ningún juego. Al alterar las reglas sin consultar a quienes afectará, el funcionario público preocupa a los inversionistas que podrían venir en el futuro, y cuanto más alto es el rango de ese funcionario público, peor será la impresión que cause. Países como Argentina están luchando por recuperar la credibilidad que perdieron, intentando lograr que sus pronósticos macroeconómicos vuelvan a ser estables y predecibles. Para Panamá, la existencia de leyes y regulaciones no es ningún consuelo para un inversionista, si no se puede esperar el mismo resultado cada vez que se aplica la misma ley. Al recibir trato legal preferencial, ese mismo inversionista siempre tendrá temor de que en el futuro alguien logre competir con él a través de medios similares. Las mismas reglas se deben aplicar, sin excepción, a cualquier proceso de licitación, sin importar si son para comprar útiles de oficina o para otorgar una concesión multimillonaria de infraestructura.
En cuanto a la administración de la justicia (un tema que merece mucho más tiempo del que hoy tengo), hay señales positivas, y los últimos años han visto reformas significativas: los procesos se resuelven en menos tiempo; existe mayor posibilidad de una resolución alterna de conflictos; y se ha invertido en la capacitación del personal. Pero, no es suficiente. Estas reformas, basadas en una visión estratégica bien pensada, representan pasos muy positivos en el camino hacia la justicia, un ideal que es alcanzable. No deberían depender de una persona o de su liderazgo. Más bien, debe haber una coalición, basada en un consenso general de todos los sectores del estado y de la sociedad, que estas reformas benefician a todos y por esa razón, merecen un apoyo enérgico.
Para concluir, quiero destacar que ante todo estoy hablando de un compromiso social que va mucho más allá de los vaivenes políticos. Ahora me viene a la mente la exhortación bíblica que dice: "no busques la paja en el ojo ajeno." Por lo tanto, quiero dejar claro una cosa: La democracia no es un destino, sino un proceso. Aún las democracias establecidas como la de los Estados Unidos --- la más antigua del mundo --- todavía no ha alcanzado la etapa de perfección final. Actualmente estamos luchando en mi propio país para lograr, por ejemplo, atender temas relacionados con estándares de contabilidad y la responsabilidad del gobierno corporativo. En algunas ciudades importantes de los Estados Unidos se están tratando acusaciones de corrupción contra sus líderes. Como dije anteriormente, mi objetivo hoy no es comparar a Panamá con otros países, sino comparar lo que Panamá es hoy día y lo que pudiera ser si en esta coyuntura se demuestra la voluntad de marcar claramente su rumbo hacia el futuro.
Quiero que seamos bien claros sobre un punto clave: No me dirijo a ningún partido político, ni individuo, ni administración. Yo he conocido a Panamá como un país maravilloso, un pueblo trabajador. Este país posee todas las ventajas que Dios les ha sabido brindar. Lo que me preocupa es el desgaste y la mala administración de los recursos panameños --- tanto físicos como humanos.
Estados Unidos seguirá colaborando con Panamá en su búsqueda de un mejor camino, mientras perfecciona su sistema democrático. Repito, la democracia no es un destino, sino un proceso de realización para alcanzar un ideal. Dado el profundo afecto que los estadounidenses guardan por los panameños, nos comprometemos a ayudar a los panameños en los esfuerzos que se realizan en el desarrollo de su democracia.
Compartimos sus preocupaciones y las de todos los panameños en cuanto al bienestar de esta nación. El gobierno de Estados Unidos está empezando una iniciativa de gobernabilidad, enfocada en las áreas que he mencionado hoy. Pretendemos llevar a cabo un programa ambicioso para ayudar a Panamá a determinar las áreas en donde se pueden lograr adelantos en el desarrollo económico y democrático de este país. Nuestra intención es enfocar nuestros recursos en aquellas instituciones y grupos que muestran un avance hacia la reforma.
Permítanme concluir agradeciéndoles a todos por su hospitalidad y por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Sé que me encuentro ante un público receptivo a estas ideas de gobernabilidad. También sé que comprenderán que les hablo, no como una crítica que busca fallas, sino como una amiga que desea ayudar la noble causa del desarrollo democrático. Los intereses de Estados Unidos y Panamá coinciden en este punto: ambos queremos un hemisferio que se desarrolle económica y democráticamente. A través de nuestra amistad y nuestra larga asociación, considero que podemos luchar juntos para lograr los ideales que les he expuesto aquí hoy día.
Linda E. Watt es la embajadora americana en Panamá, y estas palabras fueron un discurso frente a la Cámara del Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
