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Chile: en la encrucijada con sus vecinos

por Adital


Hace 125 años, en la denominada Guerra del Pacífico, tres naciones sudamericanas se enfrentaban: Chile contra Perú y Bolivia. La contienda finalizó con el triunfo del ejército chileno sobre la coalición y entregó a Chile los actuales y ricos territorios de la Primera y Segunda región. Bolivia, en aquella contienda, acabó aislada y en condición mediterránea al perder su acceso a los puertos del Pacífico. Esta situación ha sido una reivindicación centenaria del vecino país y bandera de lucha de todos y cada uno de sus políticos. Para Perú, la Guerra significó la pérdida de la ciudad de Arica e Iquique, actuales polos de desarrollo económico de la primera región chilena y centro de salida del 80% de las exportaciones bolivianas.

En ese mismo período y aprovechando la Guerra del norte, la República Argentina ocupó militarmente el área al sur del Río Negro y obligó al gobierno chileno de la época, dirigido por el presidente Domingo Santa María, a firmar un Tratado de Límites que entregó ese amplio territorio a la soberanía argentina. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ricos en yacimientos de hidrocarburos, gas natural y de placidez alimentaría para millones de cabezas de ganado. Todo esto confirmado en la actualidad pero que en aquellos tiempos se suponía, bajo el influjo de los estudios del naturalista Charles Darwin, que eran territorios sin ningún valor.

Hoy, sin llegar a creer en la posibilidad de una guerra, las presiones contra Chile van por otra vía: la económica. La disminución de las entregas de gas natural por parte de las empresas argentinas a territorio chileno refiere la dependencia de la economía y la sociedad chilena frente a este recurso energético, que en un 100% proviene de Argentina, donde se ha suscitado un severo enfrentamiento entre las empresas de energía del país trasandino con el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Tal situación generó fuertes críticas al manejo energético del gobierno del presidente Ricardo Lagos, por conducir al país a una dependencia peligrosa desde el punto de vista estratégico, económico y geopolítico.

El tema del gas, como también el del agua con Bolivia, era un punto que los políticos y los medios de comunicación de Chile no sopesaron con la debida importancia, hasta que la crisis energética en Argentina lo hizo saltar por los aires. Por ello, el planteamiento de Mesa en la Cumbre de Las Américas en Monterrey, de lanzarse a la guerra verbal con Chile, no respetó la lógica de discutir bilateralmente un acceso que tiene ramificaciones más allá de lo nacional. Los datos de la realidad económica mundial señalan la creciente importancia del gas natural. En menos de 10 años Chile requerirá de más gas y de agua, dos elementos que Bolivia tiene de sobra y que se necesita con urgencia para la sedienta industria minera del norte chileno y lógicamente para su población.

Pero Bolivia ha dicho a los cuatro vientos que sólo abrirá las válvulas de gas a Chile, siempre y cuando éste abra sus puertas para el regreso de Bolivia al Pacífico.

Para muestra del aislamiento a que está siendo sometido Chile, en el marco de la última Cumbre del Mercosur, el mandatario boliviano Carlos Mesa y Néstor Kirchner de Argentina decidieron darle impulso a la construcción de un gasoducto en el noreste argentino, que servirá para distribuir gas boliviano y argentino en esa zona. Este acuerdo, enmarcado en una declaración conjunta entre ambos gobiernos "reafirma el interés de ambas partes en la promoción del desarrollo de infraestructura de conexión de sus sistemas energéticos y gasíferos, fortaleciendo la integración regional, que pone a Argentina y Bolivia como principales abastecedores de energía en la parte sur del continente". Tras ese acuerdo, subyace la condición boliviana, expresada por el ministro de Hidrocarburos, el ex canciller Antonio Aranibar que Argentina recibirá gas boliviano siempre y cuando no lo revenda a Chile.

Es en este panorama donde la reivindicación boliviana de acceso soberano al Pacífico se ha vuelto a levantar con fuerza, pues el país altiplánico está dispuesto a proporcionar gas de los ricos yacimientos de los pozos de Margarita en el Departamento de Tarija, para el uso industrial y doméstico de Chile, siempre y cuando se sienten a conversar sobre la entrega de una franja de territorio soberana para Bolivia. Gas y agua son las monedas de cambio que ofrece el gobierno del alicaído Carlos Mesa Gisbert. Y hablamos de agua también pues, en este mes de abril, comenzará a funcionar la comisión mixta de los gobiernos de Chile y Bolivia, que tratará el tema de las aguas del Silala y su usufructo.

Para Chile, el Silala representa un río de curso sucesivo y por tanto regulado en su usufructo por el derecho internacional. Para Bolivia, en cambio, es un manantial surgido de 94 ojos de agua, que no forma ningún flujo o curso que discurra a algún sitio determinado, por tanto se debe pagar por ese disfrute. No es casual que los analistas políticos internacionales signen el problema del agua como una de las principales fuentes de conflicto. Cuestión que ya vivimos con Bolivia con el tema del Río Lauca, con resultados que alentaron el rompimiento de relaciones diplomáticas en 1978.

La incógnita es saber a qué punto de conflicto nos llevará con Bolivia este nuevo lance por el tema del gas y el agua, o con Argentina por el incumplimiento de contratos comerciales para la distribución del gas o con Perú, con temas que tienen relación con la inseguridad de ciertos límites marítimos. Desde ya algunos personajes, como el jefe del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú (CNI), general Daniel Mora, expresó que: "tenemos que preocuparnos porque Chile tiene carencia de recursos hídricos y energéticos" tratando de explicar así el porqué Chile ha iniciado lo que medios peruanos califican como una carrera armamentista y que muestra otro posible foco de conflicto en el sur de América. Situación peligrosa y que conduce a Chile a una encrucijada en sus relaciones internacionales y donde los F 16, los submarinos Scorpene y las fragatas holandesas pueden inclinar la balanza a favor de los millonarios intereses chilenos en la región.



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