RSF, La ley de prensa de Lula

Reporteros sin Fronteras está muy preocupada por un proyecto de ley que preconiza la creación de un Consejo Federal de Periodismo, y Consejos Regionales de Periodismo, encargados de vigilar el ejercicio ético del periodismo, y a los que los periodistas deberán inscribirse obligatoriamente.

La organización ha pedido al presidente Luis Inácio Lula da Silva que retire el proyecto de ley, que él mismo envió al Congreso para su tramitación.

"No cuestionamos las buenas intenciones de los profesionales que están en el origen del proyecto, y que deseaban mejorar la calidad del periodismo. Sin embargo, el proyecto resulta peligroso para la libertad de prensa", ha manifestado Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras.

"En primer lugar, parece que establece la obligación de estar inscrito en los mencionados consejos, para ejercer la profesión. Esta disposición es contraria a la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, aprobada en octubre de 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece claramente que "la adhesión obligatoria a una asociación profesional, o la exigencia de títulos o diplomas para el ejercicio de cualquier actividad periodística, representan otras tantas trabas ilegítimas a la libertad de expresión", ha recordado la organización.

"Además, no corresponde al Estado vigilar el respeto de la prensa por la ética. Usar esa prerrogativa podría significar una utilización para presionar a los medios de comunicación, que ejercen el papel de contra-poder en una sociedad democrática", ha subrayado Robert Ménard. "Está claro que los periodistas tienen que responder de lo que escriben pero, para eso, ya existen las leyes sobre difamación. No se necesitan más textos legales", ha concluido el secretario general de la organización.

El 5 de agosto de 2004, el Periódico Oficial anunció que el presidente Luis Inácio Lula da Silva había enviado al Congreso un proyecto de ley de creación de un Consejo Federal de Periodismo (CFJ), y de Consejos Regionales de Periodismo (CRJ). Estos Consejos tienen la misión de "orientar, disciplinar y controlar el ejercicio de la profesión (...) y vigilar el estricto respecto de los principios éticos y la disciplina", por parte de los periodistas.

Según el artículo 4 del texto, todos los periodistas tendrán la obligación de inscribirse en el CRJ de la región en que estén domiciliados. El CFJ elaborará el Código de Etica y Disciplina, y también establecerá las condiciones que se deben reunir para poder inscribirse. En caso de infracción, los CRJ harán las veces de tribunal de primera instancia, y el CFJ de tribunal de apelación.

El artículo 7 establece que las sanciones podrán ir desde la advertencia a la exclusión, lo que equivaldría a una prohibición de practicar el periodismo. También están previstas multas, censuras o suspensiones. José Dirceu, jefe del gabinete del presidente Lula da Silva, ha declarado que los CRJ deberían luchar contra las fugas de información confidencial. Pocos días antes, y sobre la base de informaciones pertenecientes al secreto bancario, la prensa acusó de evasión fiscal a Henrique Meirelles, presidente del Banco Central.

El proyecto de ley ha sido elaborado sobre la base de un anteproyecto enviado al presidente Lula da Silva, el pasado 7 de abril, por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), que agrupa a los sindicatos regionales de periodistas. El documento contenía, como anexo, un código de ética estableciendo que "el periodista tiene que evitar la difusión de hechos de carácter morboso, o contrarios a los valores humanos", y que tiene que "tratar con respeto a todas las personas mencionadas en las informaciones difundidas".

Por otra parte, y para garantizar un periodismo de calidad, la FENAJ proponía, en la presentación del texto, que para estar inscrito en un CRJ fuera obligatorio estar en posesión de un diploma de periodismo, y pasar un examen. Sergio Murillo, presidente de la FENAJ, citado por la agencia británica de prensa Reuters, explicó también que el proyecto daría más poder a los periodistas, frente a los grupos de prensa. Respondiendo a los ataques formulados contra el texto, declaró: "Esos grupos económicos no quieren periodistas organizados".

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