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Ecuador --- El Tratado de Libre Comercio propuesto por Estados Unidos al Ecuador y a otros países del Continente, después del fracaso del ALCA y de la OMC, no es sólo un tratado de comercio; abarca todos los campos de la vida económica, política y cultural de nuestros pueblos. Es una supranorma que se colocaría por encima de la Constitución Política para regir el destino de nuestra patria durante al menos los próximos veinte años.

Los principales objetivos de EEUU son: acceder a la propiedad de los bienes y servicios de nuestros países; eliminar la soberanía del Estado ante las demandas de las transnacionales; eliminar los controles sociales y ambientales; y lograr la total apertura de nuestros mercados a sus bienes y capitales, a cambio de aperturas comerciales reguladas para determinados artículos de los sectores primarios de la economía. El intento de apropiación y control ya no se dirige sólo a los bienes tangibles, recursos naturales y propiedades estatales, especialmente telecomunicaciones, petróleos y minería; sino también a los bienes intangibles y servicios, propiedad intelectual y saberes originarios, biodiversidad, agua, salud, educación, seguridad social. Pretende convertir en mercancías todo lo existente, para luego colocarlas bajo el control de sus normas.

Una pregunta: ¿por qué los países que actualmente tienen mayores niveles de apertura al libre mercado, según los códigos del FMI, como sucede con los África Subsahariana o Haití, son los más atrasados del mundo?

Con la instauración del TLC se afectará la vida y la producción: generará nuevas alzas del costo de la salud y los medicamentos, como resultado del monopolio de las patentes y de la propiedad intelectual y de la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social; elevará el desempleo y el subempleo, como resultado de la destrucción de la base productiva del país, especialmente de la agricultura, la ganadería, la artesanía y la microempresa. Después de un ilusorio control de la inflación por la invasión masiva de productos externos, se impondrán costos según los intereses de los monopolios transnacionales. Ahondará la brecha entre pobres y ricos: de un lado, un reducido grupo de beneficiarios, los grandes comerciantes, sobre todo importadores, y banqueros, que podrán acceder a los bienes y servicios privatizados y a costos altos; y de otro, la gran masa de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores y campesinos empobrecidos, de desocupados y excluidos, que no podrán acceder a los bienes y servicios básicos.

Nuestro país ya ha vivido diversos capítulos de un modelo que se ahondaría con el TLC, y que ha sido un mal negocio: 76 por ciento de pobreza, 12.5 por ciento de desempleo y 56 por ciento de subempleo, más 12 por ciento de migración externa. El Ecuador no puede competir ni siquiera con los países vecinos: el 62 por ciento de las empresas, según la Superintendencia de Compañías, se encuentra en crisis o en quiebra. Sólo el elevado precio internacional del petróleo y las remesas de los migrantes mantienen la ficción de un crecimiento del 4,5 por ciento del PIB, mientras se desmoronan las bases del edificio económico.

Frente a ello planteamos la integración regional que sea provechosa para todos nuestros países y pueblos. El antiguo sueño de Bolívar sigue vigente: la unidad económica, política y cultural de nuestra América es la condición para poder participar en el concierto mundial. El objetivo es el desarrollo, el bienestar y la libertad de nuestros pueblos.

Frente a ello lo que se requiere es una respuesta firme y unitaria de las organizaciones productivas, sociales y cívicas. El TLC no puede ser resuelto por el Gobierno y el Congreso a espaldas del pueblo; cualquier decisión final debe ser tomada en una CONSULTA POPULAR. Entonces todos participemos decididamente en la Campaña Nacional contra el TLC y recojamos todas las firmas posibles para solicitar la Consulta.


El autor es presidente de la Feue de Loja y de la Coordinadora Nacional de los Estudiantes Universitarios, ambos grupos de Ecuador.

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