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Conflicto entre prensa y gobierno venezolano

por Adital

El presidente venezolano, Hugo Chávez, también viene siendo blanco de los emresarios de la prensa latinoamericana. La Sociedad Interamericana de Prensa ha declarado que el Gobierno del país es una amenaza a la libertad de expresión. En la última reunión de la entidad, en marzo en Panamá, el vicepresidente regional Juan Manuel Carmona Perera afirmó que las circunstancias no podrían ser más graves y gravosas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. "En un momento en que nuestras libertades democráticas menguan aceleradamente y se compromete, incluso, nuestra paz como nación. Y no exageramos al afirmar esto", declaró.

La pelea entre los grandes empresarios de la comunicación venezolanos, como Gustavo Cisneros, y Hugo Chávez no es novedad. Para la SIP, Hugo Chávez decidió cumplir con sus amenazas --- a pesar de las prevenciones realizadas al respecto por la OEA (Organización de los Estados Americanos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como Americas Watch --- al decidir el "asalto" al Poder Judicial, el castigo penal de la disidencia de opinión, el control de los contenidos de todas las programaciones que transmite la red privada de radio y de televisión.

La entidad denuncia la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que eleva desde 20 hasta 32 el número de los magistrados de dicho alto tribunal; y, con el voto de la mayoría oficialista, fueron designados los nuevos magistrados sin mediar concursos de credenciales, omitiéndose la norma constitucional sobre participación ciudadana.

La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría simple de diputados gubernamentales, también decidió aprobar la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza: que estatiza de hecho el sistema de radio y de televisión privado, controlando sus horarios y programas. Finalmente, aprobó igualmente la Asamblea una reforma de la legislación penal sustantiva, para trasladar los efectos punitivos de su señalada Ley Mordaza, hacia la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo de la Revolución.

De pronto, el canciller venezolano Alí Rodríguez rechazó en la prensa nacional las declaraciones de la SIP, afirmando que la entidad "si por algo se ha caracterizado, no ha sido precisamente por defender la libertad de prensa. Hoy, como lo han destacado numerosísimos analistas y especialistas en la materia, la opinión pública está virtualmente controlada por gigantescos monopolios que dominan los medios de comunicación masiva".