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Reparación para destituidos

por Adital

En una carta dirigida al Presidente de la República, Martín Torrijos, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), expresión hemisférica de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y que en la región afilia a más de 45 millones de trabajadores y trabajadoras, expresa su preocupación por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Estado Panameño con los trabajadores afectados por la Ley 25 de 1990, que permitió las demisiones.

"Como es de su conocimiento 270 trabajadores panameños afectados por el despido ilegal y arbitrario por parte del gobierno, luego de haber transitado por todas las instancias de la administración de justicia de su país sin obtener respuesta satisfactoria, concurrieron ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para obtener una reparación y compensación por la violación continuada de sus derechos. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron la razón jurídica a los trabajadores en el caso Baena Ricardo y Otros, y desde el año 2001, se ha conminando al Estado de Panamá a cumplir con la sentencia de la Corte", declara la entidad.

El caso se refiere a los hechos, ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990, a causa de los cuales fueron destituidos, en forma supuestamente arbitraria, 270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por reclamos laborales y el proceso ulterior, en el cual supuestamente se violó sus derechos al debido proceso y a la protección judicial. Para la CIDH, el Estado panameño debe restablecer a los trabajadores destituidos en el ejercicio de sus derechos y reparar e indemnizar a las víctimas.

La Corte decidió que el Estado debería pagar a cada uno de los trabajadores la suma de 3.000 dólares por concepto de daño moral en un plazo de 90 días. Como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas, debería pagar la suma de 100.000 dólares y 20.000 dólares, como reintegro de las costas del proceso interno e internacional. Estas dos últimas sumas se pagarían por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El gobierno anterior habría incumplido de manera persistente las condiciones en que debió ejecutarse la sentencia a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana y los propios afectados. Está situación impidió que la mayoría de los afectados fueran retribuidos en sus derechos, creando nuevas situaciones de violación e incumplimiento de las obligaciones del Estado.

"En tal sentido instamos al gobierno de Panamá a que atienda todas las condiciones pautadas en la sentencia del caso Baena Ricardo y otros versus Panamá, y cumpla en un lapso perentorio con las obligaciones contraídas con los peticionarios", afirma el secretario general de ORIT, Victor Báez Mosqueira.


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