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Fulminante represión al periodismo en Panamá

por Jaime López --- Probidad

En Panamá utilizar leyes contra periodistas parece ahora algo demasiado sofisticado, casi una extravagancia cuando hay métodos más prácticos y directos para reprimir su ejercicio, como son los despidos laborales. El caso del periodista Rafael Antonio Ruiz, quien fue despedido por publicar una nota en El Siglo en la que denunciaba una supuesta vinculación con el narcotráfico de uno de los miembros de la seguridad del presidente Torrijos, es un ejemplo claro. Según la información circulada sobre el caso, Ruiz se negó a revelar su fuente ante las presiones de Abdul Waked, uno de los principales accionistas de ese periódico. También fue separado de su cargo el subdirector, César Iván Castillo, mientras que la presidenta del medio, Nivia Rossana Castrellón, interpuso su renuncia reconociendo que en este hecho hubo “presiones políticas”.

La nota de Ruiz, en la que citaba una fuente reservada, advertía que la detención del ex jefe de la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rogelio Harris, involucraría a Juan De León, alias "Poroto", miembro de la seguridad personal del presidente de la República. El ex jefe de narcóticos fue capturado por colaborar con un red colombiana y panameña a la que se le incautaron 995 kilos de cocaína el 3 de octubre pasado. Según la fuente del periodista, el guarda presidencial De León manejaba fondos del Estado y contactos de inteligencia para robar drogas a las bandas de narcotraficantes.

Panamá enfrenta serios problemas con el narcotráfico, por ser un punto estratégico para el trasciego de droga y el lavado de dinero. Según las autoridades, en lo que va del año 2005 se han incautado unas 20 toneladas de estupefacientes, lo cual casi triplica la cifra de decomisos del año anterior. La incautado correspondería a un 9 o 10% del total de la droga que pasa por el país. En recientes declaraciones a la prensa, el ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, declaró en relación a los narcotraficantes: “tienen niveles de especialización; nos compran policías, nos compran investigadores... meten las manos por todas partes”.

Las autoridades mantienen un discurso fuerte de lucha contra las drogas, elevado de tono en los últimos días por la visita del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el discurso resulta totalmente contradictorio frente a los despidos ocurridos en El Siglo. En lugar de retomar las denuncias y profundizar en las investigaciones, el presidente y su sequito reaccionan en forma lesiva y desproporcionada cuando se señala a personas que comprometen la imagen del mandatario, como es el caso de uno de sus guardas personales.

Lo grave es que no se trata de un hecho aislado. Con Ruiz y Castillo ascienden a cuatro los periodistas separados de su cargo por denunciar irregularidades en el gobierno de Torrijos. A esto se suma la evidente autocensura que prevalece en los mayores medios de comunicación, los que en lugar de asumir la posición crítica y vigilante que les corresponde, han caído más de una vez en el juego de actuar como extensión del aparato de propaganda e imagen del gobierno. En temas claves, como el proyecto de construcción del tercer juego de exclusas en el Canal, las arbitrariedades de las autoridades de la Universidad de Panamá o el sometimiento de la política exterior a Estados Unidos, los medios han marchado atrás en su función de proveer información diversa y de alimentar el debate público.

Hasta el régimen anterior, la modalidad para reprimir a la prensa independiente era principalmente el uso de procesos judiciales. La tónica ahora es golpear a los periodistas donde su situación es más precaria, como lo es en sus empleos o sus salarios. El mensaje es claro: o se comportan como periodistas domesticados o se van la calle. La acción es fulminante: se opta por la autocensura o el desempleo. Como me comentaba un colega: “los periodistas sentimos que ésto es parte del terrorismo de Estado que viene ejerciendo la administración Torrijos; son señales de que los periodistas debemos de quedarnos quietos”.

Ante la represión de la información e ideas cuyo único pecado es sugerir o hacer contraste al discurso oficial, cómo deberíamos responder: en la forma en que sabemos hacerlo, liberando más información y denunciando lo huele mal. Pero como van las cosas tenemos que afinar mejor los sentidos para saltar, de uno  u otro modo, los cercos informativos. Y acercarnos mucho más a los ciudadanos, forjar con ellos un tejido más fuerte desde el que hagamos valer el derecho que nos asiste de expresarnos libremente.

 

El autor es el director ejecutivo de la organización Probidad y puede contactarlo por email en: jalopez@probidad.org

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