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Juicio por desaparición forzada por Adital El pasado 28 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la emisión de su informe de fondo en el caso de Heliodoro Portugal y le solicitó su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. En la misma notificación, la CIDH informó que había concedido dos meses al estado panameño para cumplir con sus recomendaciones. Transcurrido dicho plazo, decidirá si envía el caso a la Corte. Heliodoro Portugal, quien fuera dirigente popular, fue desaparecido por militares panameños el 14 de mayo de 1970, y sus restos fueron encontrados en el año 1999, en los predios del antiguo cuartel de la Guardia Nacional. Desde hace más de una década su hija, Patria Portugal, compareció ante las autoridades judiciales de Panamá para denunciar la desaparición de su padre, pero nunca existió una investigación efectiva de los hechos. Con la ubicación de los restos mortales de Portugal el Ministerio Público solicitó la reapertura del caso y se fijó la audiencia oral para el 7 de junio de 2006. En octubre de 2004, el estado panameño y CEJIL fueron convocados por la CIDH a una audiencia pública, en la que participó Patria Portugal. En ella, el estado fue invitado a iniciar un proceso de solución amistosa, que hubiera evitado que el caso fuera a la Corte Interamericana. Sin embargo, no aceptó. CEJIL en calidad de representante legal de los familiares de Heliodoro Portugal ha denunciado ante la CIDH el estado panameño es responsable de la violación del derecho a la vida de Portugal, ya que el mismo estado reconoció que los asesinos eran militares. Después de 35 años de la desaparición, aún no se determinan los responsables materiales e intelectuales, ni se les ha sancionado, ni se ha reparado a los familiares. Si el caso es enviado a la Corte Interamericana será por la negligencia de las autoridades estatales para brindar justicia, por su falta de voluntad política para iniciar un proceso de solución amistosa y por el incumplimiento de las recomendaciones que ha dado la CIDH. CEJIL y los familiares de la víctima presentarán en las próximas semanas sus argumentos para respaldar el envío del caso a la máxima instancia de justicia en el continente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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