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La pesca pirata prospera al abrigo de bandera de conveniencia

por el WWF

El saqueo de las reservas de peces en peligro de extinción, el abuso de los derechos humanos y operaciones de pesca pirata a nivel global por un valor que supera los mil millones de dólares, quedan debidamente documentados en un informe apoyado por el gobierno de Australia, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla en inglés) y WWF, la organización global de conservación.

El informe, “La naturaleza cambiante de la pesca en alta mar: cómo el uso de bandera de conveniencia encubre operaciones de pesca ilegal, no reportada, o no regulada” (fishing The Changing Nature of High Seas Fishing: How Flags of Convenience provide cover for illegal, unreported and unregulated), revela vínculos entre operaciones de pesca ilegal en los océanos del mundo y algunos países que ofrecen matrículas baratas o bandera de conveniencia a barcos pesqueros. El sistema de las banderas de conveniencia (FOC, por su sigla en inglés) ofrece una pantalla perfecta para encubrir la pesca ilegal que, según estima la FAO, da cuenta del 30% del total de pescas de algunas importantes empresas pesqueras.

Según el informe, adicional a la amenaza que representa para las compañías pesqueras del mundo, la pesca incidental –es decir, la captura adicional e imprevista de especies distintas al objetivo inicial- realizada por empresas piratas, se ha convertido en un serio peligro para las tortugas marinas, el albatros, tiburones y otra buena cantidad de especies.

El negocio de la pesca ilegal representa cerca de 1.2 mil millones de dólares y, sin embargo, comprar una bandera de conveniencia apenas cuesta unos cuantos cientos de dólares. Aproximadamente el 15% de las flotas de pesca a gran escala exhiben bandera de conveniencia o de lo contrario, se desconoce la identidad de las banderas.

“Necesitamos de manera urgente poner fin a un sistema corrupto que permite que buques pesqueros compren bandera de conveniencia y luego operen ilegalmente y sin regulación alguna en alta mar”, dijo Claude Martin, director general de WWF. “Los países que suministran banderas de conveniencia, algunos de estos incluso sin salida al mar, matriculan buques pesqueros a cambio de una tarifa pequeña y con frecuencia luego se hacen de la vista gorda frente a cualquier actividad ilegal y ejercen muy poco o ningún control sobre la manera cómo estos barcos operan”.

Belice, Honduras, Panamá, la Isla de St. Vincent y las Granadinas encabezan la lista de países que otorgan bandera de conveniencia con el mayor número de grandes buques pesqueros matriculados bajo dicho sistema.

“La pesca ilegal continúa plagada en alta mar de los Océanos del Sur”, señaló el senador Ian Macdonald, actual ministro australiano de pesca, bosques y conservación. “Mientras que las naciones responsables asumen los costos que implica una administración sostenible y el oneroso gasto de hacerla cumplir, los países que suministran bandera de conveniencia y los pescadores ilegales cosechan sus beneficios socavando de manera descarada las normas internacionales que se diseñaron para garantizar la conservación y el buen manejo administrativo de los recursos de alta mar”.

El informe también resalta el abuso de los derechos humanos, entre los cuales cabe señalar el trabajo forzado y el abandono de tripulaciones en puertos extranjeros, así como algunos incidentes sospechosos como un reciente incendio abordo del Simiez, en el puerto uruguayo de Montevideo, en el que 11 miembros chinos de la tripulación perdieron la vida.

El Secretario General de ITF, David Cockroft, aseveró que abordo de los barcos ilegales se cometen claras violaciones de los derechos humanos. Señaló que el abuso de miembros de las tripulaciones, además de espantosos estándares de seguridad, se veían a veces agravados por las duras y peligrosas condiciones climáticas en las que se veían implicadas tales embarcaciones.

“La pesca ilegal e irregulada no sólo constituye una amenaza para las empresas pesqueras y al ambiente marino, sino que tiene un costo humano enorme”, agregó David Cockroft. “En muchas ocasiones las embarcaciones ilegales operan con una fuerza laboral desprotegida que puede llegar a sufrir golpizas, hambre extrema y trabajar sin ser pagada… y todo lejos del alcance de la vista de nadie operando en una de las industrias más peligrosas del mundo”.

Datos provenientes de la lista de Lloyd’s, los aseguradores navieros, muestran que las naciones de la Unión Europea encabezan la lista de los países de residencia donde los dueños u operadores de embarcaciones pesqueras trabajan bajo bandera de conveniencia, España y las Islas Canarias constituyen casi la mitad del total para la Unión Europea.

El senador Macdonald dijo que Australia se empeñará en trabajar para garantizar que todas las naciones se percaten de la seriedad del problema e intentará hacer que el asunto se discuta en la próxima reunión de Operadores de Alta Mar a realizarse en París, en marzo de 2006. A su vez trabajará también en otros foros internacionales en busca del apoyo de naciones igualmente interesadas en lograr un cambio.

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