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La manera
de manejar información pública Cabe aplaudir la iniciativa de los compatriotas que pagaron de su bolsillo una separata poniendo en perspectiva la propuesta ampliación del canal, que hasta ahora se bombardea al público de manera propagandística, como si se estuviere vendiendo un producto de consumo masivo tipo Coca-Cola. En contraste, es lamentable que la Autoridad del Canal destine millones con objetivos claramente parcializados, que no tienen nada que ver con informar objetivamente al ciudadano panameño, buscando condicionar su voto en un futuro referéndum. Este tabú sobre información acerca de la vía y sobre su operación parece algo atávico en esa porción del territorio nacional, porque antedata la administración panameña. Para cuando nos la administraban los norteamericanos tampoco era mejor, al punto de que, para cuando la transición, pocos panameños sabían del canal más de lo que podía observarse físicamente al transitar el Puente de las Américas rumbo al Interior. Y, más que zanja le parecía (y aún parece) un gran hoyo-negro en el firmamento local. Esa es la esencia del problema. Porque, pese a los millones dilapidados so pretexto de la ampliación, el panameño sigue en babia sobre la esencia de su principal recurso económico. Y quienes se presentan como expertos ante las cámaras de televisión en un entorno de analfabetismo-funcional se limitan a analizar aquello a que la APC desea limitar el debate. La APC se resiste a abrir al público toda la información que ella autoriza recabar con fondos públicos. Concretamente, la APC paga por un “International Press Review”, un servicio de recortes de medios internacionales sobre temas que tocan sobre el canal y sobre la industria del transporte marítimo en general, que distribuye a diario tanto sus altos ejecutivos como su junta directiva, el que incluye cobertura de radio, televisión, revistas especializadas, y periódicos locales en diversas partes del mundo a las que normalmente no podrían costear acceso nuestros otros medios locales. En sí ello no tiene nada de malo; es más, es crucial para que nuestros funcionarios tengan a mano la mejor información disponible, y es plenamente justificado lo que se paga a su relacionista público internacional por ella. Lo que no está bien es que ese informe se facilite sólo a una de las partes en el debate nacional que se avecina. Porque la APC se rehúsa a compartir esta fuente de información primaria, pagada con fondos públicos, con el resto de la ciudadanía. Y si la premisa fundamental tras la ampliación propuesta es que el mercado internacional está clamando por ella a gritos, la ciudadanía panameña que paga por dicha información primaria tiene el derecho tener acceso a ella. La junta directiva de la APC tiene la palabra.
El autor fue asesor del Ministro del Canal
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