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sección: Carta a la Federación Iberoamericana de Ombudsman Panamá, 21 de abril de 2006
Don Enrique Múgica Respetado Señor: Reciba ante todo, los respetuosos saludos de la Alianza del Movimiento de Mujeres de Panamá. Por este medio queremos poner en conocimiento de la organización que usted dirige, la polémica situación con la reciente elección del Defensor del Pueblo de la República de Panamá y la denuncia ciudadana interpuesta ante la Asamblea Nacional de Diputados por parte de diversos sectores de la sociedad civil organizada, con el liderazgo del Movimiento de Mujeres y nuestro desconocimiento al Defensor electo. El pasado 23 de Marzo de 2006, fue elegido por la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá, el Sr. Liborio García Correa como nuevo Defensor del Pueblo. Luego de su nombramiento, salió a la luz pública, que el Defensor electo tenía una denuncia por Violencia Doméstica en una Corregiduría del Distrito Capital, presentada por su esposa en el año 2004, denuncia por la cual él fue sancionado administrativamente, y que la mayoría de las y los Diputados decían desconocer antes de la elección. Luego que la noticia se conociera en los medios de comunicación, el Sr. Liborio García hizo múltiples declaraciones en diversos medios de comunicación social del país (se adjunta compilación), sosteniendo que eso había sido un "asunto privado" evidenciando su desconocimiento de las leyes vigentes y los convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, especialmente la Ley 38 de Violencia Doméstica, la CEDAW (Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y la Convención de Belem do Pará (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer). La Constitución de la República de Panamá dice en su artículo 130, numeral 5 que la persona a ser elegida como Defensor del Pueblo debe constar con "solvencia moral". Solvencia que no posee una persona con antecedentes de Violencia Doméstica y que la califica como asunto privado. Las declaraciones públicas del Defensor continuaron a través de medios televisivos y radiales, cada vez descalificándose más para el cargo para el que fue elegido, aludiendo que es Diácono y Ministro de la Comunión de la Iglesia Católica, amigo personal del Presidente de la República; le contestó al Comité Panameño contra el Racismo que no aplicaría medidas de discriminación positiva y que guardaría equidistancia de todos los grupos. Además, reconoció que su especialidad es el Derecho Marítimo, e hizo múltiples declaraciones públicas penosas sobre su vida íntima matrimonial. Así mismo, les indicó a los medios de comunicación que los iba a monitorear, y expresó también que en la Defensoría del Pueblo laboraban demasiadas mujeres y que va a equiparar el número de hombres y mujeres. Desde el 27 de marzo de los presentes y hasta la fecha, múltiples protestas se han realizado, solicitando a la Asamblea Nacional revise lo actuado; sin embargo, el nuevo Defensor del Pueblo fue juramentado en la Asamblea Nacional el 3 de abril de 2006, en medio de protestas ciudadanas, sin poder siquiera dar su discurso de toma de posesión. El 11 de abril de los presentes la Asamblea Nacional decidió crear una Comisión Ad-hoc que por el plazo de 30 días debe estudiar el caso y facilitar el procedimiento para darle curso a la denuncia ciudadana, además de supervisar el cumplimiento de las funciones en la Defensoría. El próximo lunes 24 de abril, el Diputado Presidente de dicha Comisión Ad hoc, presentará al pleno de la Asamblea los nuevos procedimientos de trabajo de la comisión y además, anunció una visita a la Defensoría del Pueblo para el próximo martes, en dicha visita se pretende tomar declaración a las y los funcionarios de la institución. Así mismo, las organizaciones de la sociedad civil presentaremos la denuncia formal ante dicha Comisión de la Asamblea Nacional, tal como se nos ha solicitado. Por lo anterior expuesto, las diversas organizaciones del Movimiento de Mujeres de Panamá, así como otros sectores de la sociedad civil organizada, desconocemos al actual Defensor Sr. Liborio García, y continuaremos demandando ante las autoridades competentes su destitución; defendiendo la institucionalidad y la importante misión que tiene la Defensoría del Pueblo que cumplir en nuestra sociedad para la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos de todas las personas. Por todo lo antes expuesto, le solicitamos en su calidad de presidente de tan importante organización que se consideren estos hechos para un posible pronunciamiento y para que esta carta sea de conocimiento del resto de los Defensores y las Defensoras del pueblo de los países que conforman la FIO. Atentamente,
Amalia Aguilar,
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