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sección: Policias en Jamaica
Actos de
brutalidad Persisten los actos de brutalidad por parte de la policía. A varios agentes de policía se los acusó y juzgó tras homicidios ilegítimos, pero ninguno de ellos fue condenado. El Informe 2006 sobre los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional señala que la policía mató al menos a 168 personas, muchas de ellas en circunstancias que hacían suponer ejecuciones extrajudiciales. Las condiciones de detención constituyeron con frecuencia trato cruel, inhumano y degradante. Al menos dos personas fueron condenadas a muerte, aunque no hubo ejecuciones. Jamaica continuó padeciendo crecientes grados de violencia. Según los informes, 1.674 personas fueron asesinadas durante 2005, un número mayor que en años anteriores. Al menos 13 agentes de policía resultaron muertos. Al menos 168 personas murieron, al parecer, a manos de miembros de la policía, una cifra mayor que en años anteriores. Por sexto año consecutivo, ningún militar ni agente de policía fue condenado por cometer homicidios ilegítimos mientras estaba de servicio. Las investigaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales siguieron siendo deficientes. A menudo, los agentes de policía no protegieron el lugar de los hechos, y las declaraciones de los policías o militares implicados se tomaron después de considerables demoras. Durante todo 2005 el alto índice de criminalidad llevó a que se produjeran llamamientos para que se reanudasen las ejecuciones. Hubo debates entre el gobierno y la oposición al respecto de incorporar cambios a la Constitución con el fin de facilitar las ejecuciones. Además, según informes, las condiciones de reclusión en las cárceles y otros lugares de detención eran muy duras, y en muchos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. Según las cifras del gobierno, en los primeros ocho meses de 2005 se denunciaron 835 agresiones sexuales contra mujeres y niñas, de las cuales el 67 por ciento fue contra niñas y el 16 por ciento se produjo a punta de pistola. La mayor parte de las lesiones sufridas por las mujeres habían sido infligidas por sus parejas. El índice de infección por VIH entre las mujeres iba en aumento, y las personas seropositivas eran discriminadas sistemáticamente. Se recibieron informes de que las investigaciones de rutina de agresiones sexuales eran inadecuadas, y pese a que se habían creado unidades especiales para el trabajo con víctimas de este tipo de delitos, las investigaciones policiales a menudo revertían al personal ordinario de la policía. Las enmiendas para reformar y actualizar la Ley de Delitos contra la Persona y la Ley sobre el Incesto, presentadas al Parlamento en 1995, todavía estaban esperando la aprobación. La violación conyugal aún no había sido tipificada como delito. Los casos de agresión sexual eran los únicos en los que se exigía a los jueces que previnieran al jurado de que las mujeres y las jóvenes a veces mentían. Lesbianas y gays también siguieron expuestos a la violencia y a la discriminación diariamente.
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