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Preocupación con el sistema penitenciario por Adital El aumento de la población, la creciente situación de pobreza extrema, de falta de oportunidades, la exclusión social, el débil e ineficaz sistema judicial, sumados a la falta de voluntad política de los gobiernos, son algunos de los graves problemas que afectan a las sociedades centroamericanas y que se reflejan directamente en el colapso del sistema penitenciario de Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. El informe del Centro de Estudios de Guatemala sobre el sistema penitenciario de la región realiza un análisis serio sobre la grave situación de los presos de esos países. La población carcelaria de Honduras es de 10.869 personas, 79% de los cuales no fueron condenados. En El Salvador, de los 6.868 presos, solamente el 50% ya tuvieron su juicio y fueron condenados. En Guatemala son el 59%, de los 8.169 presos, que están detenidos sin haber sido siquiera condenados. En Nicaragua, el 31% de los 7.198 presos enfrentan el mismo problema y otros 24% (de 6.650) están en esa situación en Costa Rica. En los últimos tres años, Guatemala, Salvador y Honduras han enfrentado situaciones de extrema violencia dentro de sus prisiones. Hay un alto saldo de muertes violentas, principalmente por armas de fuego de alto calibre. La mayor sospecha es que sean disputas entre pandillas rivales. Sólo en Honduras, entre 2000 y 2006, 438 homicidios fueron cometidos dentro de los centros penales. De esas muertes, 218 ocurrieron en seis episodios de muertes colectivas. En el peor de ellos, en 2003, en la Granja Penal El Porvenir, 69 prisioneros fueron muertos. El informe recuerda que el sistema penitenciario está vinculado no sólo al desarrollo del Derecho Penal, sino también a la evolución de los derechos humanos, del derecho internacional y de los procesos democráticos. La falta de respeto a la situación de los presos en esos países fue ejemplificado por las palabras del Ministro de Gobierno de El Salvador, en 2005, cuando jóvenes prisioneros iniciaron una huelga de hambre en protesto contra los maltratos y torturas sufridos en las prisiones salvadoreñas. Rene Figueroa, el ministro, dijo: "si no quieren comer, respetaremos sus derechos". El Estado de El Salvador invierte 0,35 centavos de dólares diarios en un preso. La miseria invertida por el gobierno de El Salvador es superada por Nicaragua que invierte apenas 0,50 centavos de dólar. De los cinco países analizados por el CEG, sólo Honduras y Costa Rica ratificaron el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Tratamientos Crueles e Inumanos. Según el informe, "los modernos tratados internacionales y el cada vez más amplio marco de derechos humanos no se corresponden, ni con las obsoletas leyes penitenciarias (en los países donde existen), ni con la arcaica infraestructura de los centros penales centroamericanos, construidos a comienzos del siglo pasado, ni con los lentos y corruptos procedimientos judiciales que rigen la región." Guatemala, El Salvador y Honduras presentan los problemas más graves, con las mayores superpoblaciones, los mayores porcentajes de acusados sin juicio, peor infraestructura carcelaria, bajo presupuesto para inversiones y donde existen las peores violaciones a los derechos humanos. Nicaragua, aunque también enfrente gran parte de esos problemas, es considerado el país de la región con el sistema jurídico-penitenciario más adecuado y personal más calificado para implementar la rehabilitación social.
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