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¡Exigimos justicia! ¡Que renuncien Alleyne y Luciani!

por Olmedo Beluche

Para el Partido Alternativa Popular, los más de 40 muertos por el SIRA y los 18 calcinados en el autobús tienen en común el ser víctimas de un sistema corroído completamente por la corrupción y el afán de lucro de un puñado de empresarios y funcionarios venales, para los cuales el bienestar del pueblo panameño importa muy poco. Este sistema sistema neoliberal y corrupto ha convertido los otrora eficientes servicios públicos en objeto de ganancia para unos pocos empresarios y funcionarios coimeros. A cambio de los altos precios e impuestos que pagamos, la ciudadanía panameña recibe cada vez un peores servicios y malos tratos.

El gobierno de Martín Torrijos y el PRD ganó las elecciones de 2004 con el compromiso de acabar con la corrupción que alcanzó ribetes escandalosos bajo el gobierno de Mireya Moscoso y el Partido Panameñista. Hoy se comprueba que todo era mentira: la corrupción campea, mientras se tapan unos a otros los negociados. Torrijos, Alleyne y Luciani también volvieron a mentir el año pasado cuando, a cambio de las reformas a la Caja de Seguro Social (Ley 51), que han significado mayores cuotas y menos jubilaciones, prometieron un mejor servicio de salud.

La paciencia del pueblo panameño se ha colmado con todas estas muertes que, sumadas, constituyen un desastre equivalente para Estados Unidos a los atentados del 11 de Septiembre y el huracán Katrina juntos. ¡Basta ya! Basta de burlas: Queremos justicia. Exigimos investigacion hasta las ultimas consecuencias y castigo para todos los responsables.

No permitiremos que el corrupto sistema judicial panameño se mofe de todos los panemeños desviando hacia chivos expiatorios las investigaciones, castigando al “hijo de la cocinera”, mientras los altos funcionarios coimeros y los empresarios que han lucrado con estas desgracias se ríen de todos y se escapan del debido castigo.

El Partido Alternativa Popular, en el caso de las víctimas de las medicinas contaminadas del Seguro Social, exigimos: separación del cargo de René Luciani y Camilo Alleyne, responsables en última instancia de esta desgracia; que se nombre una comisión investigadora realmente independiente que deslinde responsabilidades; que se destituya y castigue a los funcionarios de menor jerarquía responsables; y, sobre todo, que se identifique y encarcele a los verdaderos dueños de la empresa que han lucrado con el veneno; y que no se utilice como excusa esta situación para privatizar la Caja de Seguro Social.

En el caso del desastroso sistema de transporte urbano de Panamá, no sólo deben ir a la cárcel el chofer y el dueño del bus siniestrado, sino también los responsables del negociado de 30 millones de balboas que debía “modernizar el transporte público”, los gerentes del Banco Nacional (incluido el nefasto Bolívar Pariente) y los dueños de las empresas que importaron esos autobuses de “lujo”. Exigimos la nacionalización y municipalización del transporte público.

Justicia para los muertos: ¡cárcel a los responsables!