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El texto de la demanda en contra de la ley de PTJ

(ya pendiente en La Corte Suprema de Justicia de Panamá)

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

 

DEMANDA   

 

MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ SOLICITA SE DECLARE INCONSTITUCIONAL LA LEY No. 53 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2006 “QUE SUSPENDE LOS EFECTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 16 DE 1991 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES”.

 

HONORABLE MAGISTRADA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. E. S. D.:

 

El suscrito, MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, varón, panameño, mayor de edad, Abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 8-153-2773, con domicilio en Vía Argentina, edificio Galerías Alvear, Piso 1, oficina No. 207, lugar donde recibo notificaciones personales y legales, actuando en mi propio nombre y representación, y en el ejercicio de la Acción Popular y Pública prevista en el artículo 206 de la Constitución Nacional, respetuosamente concurro ante usted, a efecto de presentar formal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, para que, previo el procedimiento establecido en los artículos 2563, siguientes y concordantes del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare que es INCONSTITUCIONAL la Ley 53 del 20 de diciembre de 2006, por ser dicha disposición violatoria de los artículos 2, 46 y 215, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá.

 

 

I. FUNDAMENTAMOS NUESTRA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LOS SIGUIENTES HECHOS:

 

PRIMERO: El Consejo de Gabinete, formado por el Presidente de la República, los Vicepresidentes de la República y los Ministros de Estado, presentó, a través de la Ministra de Gobierno y Justicia, en días pasados un anteproyecto de Ley ante la Asamblea Nacional, para que se dictara una Ley que suspenda, temporal y transitoriamente, lo dispuesto en el artículo 20, párrafos primero y segundo, de la Ley 16 de 1991.

 

SEGUNDO: Con motivo del anteproyecto de Ley presentado con “urgencia notoria” ante la Asamblea Nacional por la Ministra de Gobierno y Justicia, luego del trámite legislativo, la Ley No. 53 de 2006 “Que suspende los efectos del primer y segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 16 de 1991 y dicta otras disposiciones” fue sancionada y publicada en la Gaceta Oficial número 25,696 del 21 de diciembre de 2006.

 

TERCERO: Dicha Ley No. 53 del 20 de diciembre de 2006 establece, en su articulado, la suspensión, por un término específico de ciento ochenta días, de los efectos del primer y del segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 16 de 1991, reformada por la Ley 1 de 1995 y la Ley 2 de 1999; los cuales, luego de ese período volverán a readquirir sus efectos.

 

CUARTO: En lo medular, el artículo 20 de la Ley 16 de 1991 establece que “El Director y el Subdirector de la Policía Técnica Judicial serán nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un período de siete años, y sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos por el Procurador General de la Nación, previo concepto favorable de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia”.

 

QUINTO: El objeto de la Ley que se demanda es suspender, temporal y transitoriamente, la facultad que tiene el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de ejercer la función de nombrar al Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial; así como la obligatoriedad de que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia emita un concepto previo a la solicitud de remoción o suspensión de los funcionarios que ocupan dichos cargos.

 

II. TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA DISPOSICION ACUSADA DE INCONSTITUCIONAL:

 

A. Se pide la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 53 del 20 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 25,696 del 21 de diciembre de 2006 que es del siguiente tenor:

 

“Ley No. 53 de 20 de diciembre de 2006

 

Que suspende los efectos del primer y segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 16 de 1991 y dicta otras disposiciones

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA:

 

Artículo 1. Se suspenden, por un término de ciento ochenta días, los efectos del primer y del segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 16 de 1991, reformado por la Ley 1 de 1995 y la Ley 2 de 1999.

           

Agotado este término, quedarán restituidos los efectos del artículo 20 de la Ley 16 de 1991, reformado por la Ley 1 de1995 y la Ley 2 de 1999.

 

Artículo 2. Durante el término de que trata el artículo anterior, el Director, el Subdirector y el Secretario General de la Policía Técnica Judicial serán de libre nombramiento y remoción por el Procurador o la Procuradora General de la Nación.

           

Los Jefes de las distintas Divisiones y Agencias, Jefes de Departamentos y Secciones y demás servidores públicos serán nombrados y removidos conforme a la ley, por el Director de la Policía Técnica Judicial, previo concepto del Procurador o la Procuradora.

 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea Nacional, en un término no mayor de ciento veinte días, un proyecto de ley que regule las funciones, atribuciones y competencias de la institución de investigación judicial.

 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil seis.

 

La Presidenta Encargada,

Susana Richa de Torrijos

 

El Secretario General,

Carlos José Smith S.

 

 

III. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE SU INFRACCIÓN:

 

            Se ha infringido el artículo 2 de la Constitución que dice:

 

“Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

 

Concepto de la Infracción

 

La norma citada ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión, ya que la referida Ley representa una intromisión del Órgano Ejecutivo en la esfera de poder del Órgano Judicial. Ello es así, pues le sustrae a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia una de sus funciones legales, cual es la de nombrar al Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial; y a la Sala Cuarta de Negocios Generales, emitir concepto favorable a la solicitud de suspensión o remoción. Por tanto, solamente corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sede constitucional, interpretar el contenido y alcances de las funciones que le son inherentes.

 

Esta iniciativa del Órgano Ejecutivo, llevada adelante por el Órgano Legislativo, no tiene otro propósito que dotar a la Procuradora General de la Nación de la potestad de remover específicamente a los actuales Director y Subdirector de Policía Técnica Judicial. Su fin, como se desprende de la sencilla lectura de su breve articulado y del contexto político donde surge, no es otro. Pero sobre este tema volveremos más adelante en la segunda mitad de este escrito.

 

De hecho, en el caso del Subdirector de la Policía Técnica Judicial, Licenciado Erick Bravo Dutary, la expedición de esta Ley sustraería abruptamente de la competencia de la Corte Suprema de Justicia (El Pleno y dos de sus Salas) los siguientes procesos de los que ya se encuentra conociendo:

 

Tipo de Proceso

Corporación que lo conoce

Fecha de interposición

Estado a la fecha de la expedición de la Ley

Amparo de Garantías Constitucionales

Sala Plena

20 de abril de 2005

Por admitir

Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción

Sala Tercera

3 de junio de 2005

Por resolver el fondo

Proceso Disciplinario

Sala Cuarta

3 de junio de 2005, Instaurado por la Procuradora General

Por resolver el fondo

 

 

Como se observa, por medio de la citada Ley No. 53 de 2006, la Procuradora General de la Nación puede remover unilateralmente al actual Subdirector de la PTJ por encima, al margen y sin importar lo que tuviera previsto decidir la Sala Tercera, la Sala Cuarta y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, provocando la sustracción de materia en los respectivos procesos. La Ley que se demanda atenta terriblemente contra la seguridad jurídica, debido a la sustracción de materia, su aplicación traería como consecuencia serias violaciones al derecho al debido proceso.

 

Este tipo de intromisiones de un órgano del Estado en las funciones de otro órgano del Estado, que quizás puedan ser normales en los regímenes dictatoriales -como el que nos gobernó desde 1968 hasta 1989- son totalmente inaceptables en la sociedad panameña actual. Esta intromisión representa una verdadera involución en el desarrollo de nuestra democracia representativa y un obstáculo grave a un Estado de Derecho Constitucional.      

 

De la separación de los órganos del Estado

 

Aunque la práctica de la separación de funciones es característica de los regímenes democráticos en el Estado moderno y contemporáneo, esta teoría tiene sus antecedentes en organizaciones políticas antiguas, particularmente la griega, y fue objeto de análisis por parte de algunos pensadores entre estos se destaca ARISTÓTELES, quien en La Política la expuso con toda claridad:

 

En todo Estado hay tres partes de cuyos intereses debe el legislador, si es entendido, ocuparse ante todo, arreglándolo debidamente. Una vez bien organizadas estas tres partes, el Estado todo resultará bien organizado…

 

Pero la teoría de la separación de funciones –o de “poderes”– vino a ser desarrollada y expuesta en sentido moderno por LOCKE, y especialmente, por MONTESQUIEU, quien la planteó dentro de un contexto a la vez jurídico y político.

 

La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político.

 

Como es sabido, fue MONTESQUIEU, en su famosa obra, El Espíritu de las Leyes (1784), quien concibió la conocida teoría de la separación de poderes, que tan favorable acogida tuviera, y vio en ella “la garantía más efectiva para la defensa de las libertades públicas”, según afirma el renombrado jurista colombiano TULIO ENRIQUE TASCÓN (Derecho Constitucional Colombiano, Bogotá, 1939, p. 28).

 

Al consagrarse de una manera expresa en el Art. 2 de la Constitución Nacional el principio de la separación de funciones, se persigue fijar la esfera de competencia de cada Órgano, algo que resulta indispensable para la existencia de un Estado de derecho y democrático. La armónica colaboración que debe existir entre los tres órganos del Estado no es contraria a los principios de limitación y de separación o distribución de funciones, que la propia Constitución admite, y que son esenciales e indispensables para la existencia, adecuado funcionamiento y operación del Estado de Derecho que la misma consagra.

 

La separación de los poderes es en definitiva esencial para la existencia misma de la democracia y el Estado de Derecho Constitucional.

 

La CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) señala en su Preámbulo que: “ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región…”. Por su parte, el Art. 3 d) señala, entre los PRINCIPIOS que reafirman los Estados Partes, que: “La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. En definitiva la Carta de la OEA, que es la Constitución de la Organización de Estados Americanos, hace seis referencias al concepto de “democracia representativa”, diseminadas por todo el texto de ese tratado.

 

El examen de este concepto nos lleva a ponderar cuáles son entonces los elementos de la “democracia representativa”. Pues bien, de acuerdo con el Artículo 3 de la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA , de la que nuestro país es signatario, se establece claramente que:

 

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (lo resaltado es nuestro).

 

Por tanto, como hemos venido reiterando, está más allá de toda duda que el respeto a al separación e independencia de los poderes públicos es de la esencia misma de la democracia representativa y el Estado de Derecho.

 

Refiriéndonos específicamente a la independencia de la judicatura, vemos que existen otros instrumentos internacionales, como LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA, que establecen que: “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura” (Principio 1., lo resaltado es nuestro).

 

 

B.        Se ha infringido el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dice:

 

“Artículo 46. Las Leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada”.

 

Concepto de la Infracción

 

La norma citada ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión, ya que la referida ley es de hecho de aplicación retroactiva. Para que una Ley pueda ser de aplicación retroactiva deben cumplirse dos supuestos a saber:

(a) que sea efectivamente una Ley de orden público o de interés social y;

(b) que la propia Ley así lo exprese.

 

La presente Ley no cumple ninguno de estos dos requisitos, por lo tanto, al ser por su propia naturaleza retroactiva, deviene en inconstitucional a la luz del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá.

           

La presente Ley tiene efectos retroactivos por cuanto los actuales Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial fueron nombrados de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Nº 16 de 1991, reformado por el artículo 1 de la Ley Nº 2 de 1999, por lo tanto, le es aplicable esa normativa -vigente al momento de sus nombramientos- y no otra. En todo caso la suspensión o la remoción de esos funcionarios debe hacerse de acuerdo con el trámite estipulado por la normativa que les es aplicable, es decir, aquella vigente al momento de su nombramiento y que establece de manera expresa la Ley objeto de una suspensión temporal en sus efectos.

           

El principio constitucional de la irretroactividad de la ley -junto al de aplicación inmediata- excluye que la nueva ley sea aplicada a las situaciones jurídicas ya constituidas. Por lo tanto las leyes no pueden tener efectos retroactivos en perjuicio de derechos adquiridos, como lo sería el derecho a la estabilidad laboral y permanencia en el cargo del Director y Subdirector de la PTJ.

 

A este respecto, el Doctrinario Nacional HERIBERTO ARAÚZ, en su conocida obra RÉGIMEN LABORAL DEL SERVIDO PÚBLICO, señala: “La estabilidad, como nos dice Bielsa, es sin duda, el más valorado de los derechos del funcionario…” . Varias páginas más adelante en su obra, el Profesor Araúz, luego de analizar diversos fallos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, concluyó que:

 

“Es la ley la que otorga estabilidad a los servidores públicos… Para que un servidor público nombrado por un periodo fijo goce de estabilidad es necesario que la Ley le reconozca expresamente ese derecho. La experiencia demostrada por el legislador es que cuando quiere que algunos de los servidores del Estado obtengan estabilidad en sus cargos lo consigna expresamente en la Ley a la vez que los reviste de la debida protección” .

 

Por lo tanto, está más allá de toda duda que el artículo 20 de la Ley Nº 16 de 1991 les da al Director y al Subdirector de la Policía Técnica Judicial derecho a la estabilidad y permanencia durante un periodo de siete años y señala el mecanismo por medio del cual pueden ser suspendidos o removidos, por lo tanto al ser nombrados bajo la vigencia de ese artículo, tienen un derecho adquirido cual es: la estabilidad y permanencia en el cargo por siete años a partir de su nombramiento.

 

La aplicación de la presente Ley No. 53 de 2006 necesariamente implica que surta efectos retroactivos con respecto al régimen jurídico laboral de los ciudadanos Jaime Jácome y Erick Bravo Dutary, actuales Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial y, en consecuencia, se viola la norma constitucional citada.

 

C.        Se ha infringido también el numeral .2 del artículo 215 de la Constitución que dice:

 

“Artículo 215. Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios:

1.         (…)

2.         El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial.”

 

Concepto de la Infracción

 

La norma citada ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión, ya que la referida Ley desconoce totalmente el derecho a la estabilidad y permanencia de los funcionarios señalados en el Art. 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, lo que representa una violación a su derecho al acceso a las funciones públicas y al régimen disciplinario que le es aplicable. Ya que los actuales Director y Subdirector de la Policía Técnica Judicial fueron nombrados por un periodo fijo de siete años, y sólo podrán ser suspendidos o removidos de sus cargos por el Procurador General de la Nación, previo concepto favorable de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

 

Como poníamos de manifiesto al inicio de nuestra demanda, es claro que la intención del Órgano Ejecutivo fue crear una Ley a la medida de las necesidades inmediatas de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, entre las cuales está remover del cargo al Director y al Subdirector de la Policía Técnica Judicial: Jaime Jácome y Erick Bravo Dutary, respectivamente, son las exigencias de un proceso disciplinario previo. Es decir, es lo que popularmente se conoce como una “ley con nombre propio”. No es casual que la opinión pública la haya bautizado como la “Ley Jácome”. Es decir, el objeto de esta ley es abiertamente contrario al principio señalado en el numeral 2 del Art. 215 de la Constitución Política de la República de Panamá.

 

Pero como quiera que el poder público no puede ejercerse arbitrariamente y sin frenos y controles, esta superioridad debe tener conocimiento de que la aplicación de la presente Ley, en las circunstancias en las que ha surgido y de acuerdo con los fines para los cuales fue creada, puede incluso generar responsabilidad internacional del Estado Panameño por la violación a los Derechos Humanos de los dos ciudadanos arriba mencionados.

 

Del Objeto y Fin de esta Ley VS. el derecho al acceso a las funciones públicas

 

Sin querer desviarnos del tema central de esta demanda, no podemos dejar de mencionar que la presente Ley, que solicitamos se declare inconstitucional, es violatoria, entre otros, del Art. 23.1 (c) de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra el derecho de los ciudadanos a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Este derecho de acceso a las funciones públicas no sólo implica el derecho a simplemente acceder a dichas funciones, sino también a ejercerlas. Este derecho a ejercerlas implica el de no ser depuesto, removido o suspendido de su ejercicio, sino de acuerdo con los procesos, formalidades y garantías que contemple la Ley.

 

Veamos, algunas anotaciones que los doctrinarios nacionales MÉNDEZ y PIZARRO, han hecho al respecto de este derecho :

 

El Derecho de Acceso a las Funciones Públicas, constituye una limitante a la libertad absoluta que pudiera tener el Estado en la toma de decisiones sobre la contratación de los empleados públicos, pues le obliga a ofrecer a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad el acceso a las mismas y a no ser arbitrario o irrazonable en la elección de los mismos. Así, señala el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el acceso a las funciones públicas debe estar basado en principios generales de mérito . Lamentablemente, esto no es así en la mayoría de los Estados latinoamericanos donde el nepotismo y el clientelismo partidista son las reglas generales que rigen la contratación de funcionarios públicos.

 

En el análisis de este derecho se plantea la duda sobre si el mismo sólo regula el derecho a tener acceso a las funciones públicas o también tutela el derecho a mantenerse en ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante: CIDH) considera que destituir a jueces o magistrados sin respetarles el debido proceso efectivamente viola, además del Art. 8 relativo al debido proceso, el Art. 23.1 (c) relativo a los derechos políticos.

 

Tanto es así, que en el Caso de los Jueces de Chiriquí vs. Panamá, la CIDH decretó la violación del mencionado artículo, sin que los peticionarios lo hubieran invocado, en decir siguiendo el principio iura novit curia . La CIDH dijo en ese caso: “Igualmente esta situación impide el goce del derecho reconocido en el artículo 23.1 (c) de la convención en cuanto a -tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país-, ya que dicha igualdad tiene que estar respaldada por garantías que aseguren su vigencia”(lo resaltado es nuestros) . En un caso posterior, el Caso Walter Humberto Vásquez Vejarano, la CIDH, fue más explicita y desarrolló más este tema de la destitución de jueces y magistrados, dijo en esta ocasión: “La Comisión estima que el derecho de integrar, en condiciones de igualdad, el Poder Judicial de un país miembro de la Convención, es un derecho protegido por el Art. 23.1 (c). Ello significa que todas las personas que reúnan las condiciones preestablecidas para ello por el ordenamiento jurídico de un Estado, como por ejemplo, edad, nacionalidad, calificaciones profesionales, etc., tienen derecho, en condiciones de igualdad, de ser elegidas para dicho cargo, por lo que en el proceso de selección nadie puede ser discriminado por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” . La remoción de Jueces y Magistrados debe sujetarse estrictamente a los que dispone la ley, estos funcionarios, debido a la naturaleza de los cargos que ocupan deben gozar de una estabilidad tal que les permita ser independientes de influencias de otras ramas del gobierno e incluso, de sus superiores (como ocurrió por ejemplo en el Caso de los Jueces de Chiriquí) Siendo así las cosas, nos sumamos en esta ocasión al criterio de la Comisión Interamericana de considerar que este artículo también protege el derecho a ejercer las funciones públicas y no solo el acceder a ellas.

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado, de manera incluso más progresista, sobre este punto: “Para asegurar el acceso en condiciones generales de equidad, el criterio y el proceso para el nombramiento, promoción, suspensión y destitución debe ser objetivo y razonable. Podrán ser tomadas medidas positivas en los casos apropiados para asegurar que haya acceso equitativo al servicio público para todos los ciudadanos. Basar el acceso a los cargos públicos en igualdad de oportunidades y condiciones generales de merito, y proveer estabilidad, asegura que la persona que ocupa el cargo públicos esté libre de interferencia o presiones políticas” (El resaltado es nuestro).

 

Si bien el análisis de este derecho hecho por MÉNDEZ y PIZARRO se refiere primordialmente a la violación del derecho al acceso a las funciones públicas en el contexto de casos donde las víctimas han sido jueces o magistrados, los pronunciamientos emitidos por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos son perfectamente aplicables al presente caso.

 

Consideraciones Finales

 

Finalmente, debemos recordar que la separación o división de poderes, como principio característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano, que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas.

 

La separación de poderes es, en teoría, el principal garante del que ha sido denominado Estado de Derecho, cuya esencia es el "imperio de la ley", y suele ser sinónimo de sistemas o regímenes políticos basados en comportamientos democráticos regulares.

 

La clásica tesis de la teoría de la división de poderes del Estado, en el marco de la autonomía de los poderes públicos, encuentra en la realidad social su antítesis, sobretodo tratándose de regímenes presidencialistas, en donde se dan muchas atribuciones y prerrogativas al Poder Ejecutivo en la figura central del presidente constitucional que personifica al Estado nación. A diferencia de los sistemas de gobierno parlamentarios, en donde es el Órgano Legislativo el que se convierte en el primer poder del Estado, los sistemas presidencialistas en países como el nuestro, llegan a reducirse en unas cuantas personas detentadoras efectivas del poder estatal; esto es, en la persona del presidente del Ejecutivo y su círculo inmediato de poder.

 

El DR. CÉSAR QUINTERO refiriéndose precisamente a la teoría de la separación de los poderes en el contexto de los Estados con regímenes presidencialistas, como el nuestro, donde “siempre ha prevalecido el poder ejecutivo”, señaló que:

 

Esta realidad plantea el interrogante de si la inveterada preponderancia del ejecutivo en Iberoamérica ha sido o no dañina para el desarrollo y para la libertad de nuestros pueblos.

 

Estimamos que, en términos generales, dicha preponderancia ha sido perjudicial para los países iberoamericanos…

 

Los pueblos generalmente desean y esperan ejecutivos enérgicos, audaces, y emprendedores, siempre que respeten las libertades públicas y el ámbito de competencia de los otros órganos superiores del Estado (lo resaltado es nuestro) .

 

PETICIÓN FINAL:

           

En virtud de todo lo anteriormente expuesto solicito, con mi respeto habitual, al Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia que, previo el cumplimiento del trámite procesal de rigor, declare que ES INCONSTITUCIONAL la Ley No. 53 de 20 de diciembre de 2006.

 

PRUEBAS:

 

1. Aducimos la Gaceta Oficial No. 25,696 del 21 de diciembre de 2006, en la cual aparece publicada la Ley No. 53 de 20 de diciembre de 2006.

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:

 

Artículos 2, 46 y 215 (2) de la Constitución Política de la República de Panamá.

 

Artículos 2559 y siguientes del Código Judicial.

 

De la Magistrada Presidenta,

 

Panamá, a la fecha de su presentación.

 

 

 

Dr. Miguel Antonio Bernal V.

Céd. 8-153-2773

Idoneidad N°509 (23/1/79)

 

 

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