volumen 13, número 8
22 abril - 5 mayo, 2007

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Referente al Anteproyecto de Ley que Dicta Medidas Especiales Para Garantizar la Seguridad Ciudadana y Otras Disposiciones

Comunicado

por la Alianza Ciudadana Pro Justicia

La Alianza Ciudadana Pro Justicia se siente plenamente identificada con el reclamo ciudadano de mayor seguridad y mejor acción de los entes policiales y judiciales en la persecución del crimen. Sin embargo, esta obligación del Estado no puede darse violentando los derechos y garantías del debido proceso, establecidos en la Constitución.

El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, el pasado 3 de abril, contiene varios artículos que contradicen el sistema procesal penal garantista que debe existir, como producto del Pacto de Estado por la Justicia, y es un retroceso en materia de garantías procesales, al darles más poderes a la policía y a los corregidores, a sabiendas de la deficiente preparación de estos funcionarios.

El proyecto de ley de “seguridad ciudadana” violenta las normas del debido proceso al establecer que: "Los informes de novedad y los formatos de captura de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Técnica Judicial, se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento y se tendrán como diligencias del sumario." Este proyecto de legislación se puede prestar a muchos abusos.

Igualmente, se le dan más poderes a los corregidores, cuando la decisión del Pacto de Estado fue eliminar la figura de los corregidores y crear los jueces de paz, por ser instituciones politizadas, que violentan el derecho a una justicia de calidad para los ciudadanos.

Con respecto a los menores infractores, en el artículo 18 se establece que los menores permanecerán en los centros de cumplimiento hasta el momento de cumplir 18 años, y una vez llegado a esa edad deberán ser trasladados a un centro penitenciario de adultos. Es altamente conocido que estos centros penitenciarios de adultos no reúnen las condiciones necesarias para la resocialización y, muy por el contrario, son reconocidos como escuelas del crimen; lo que interrumpirá el proceso de resocialización de estos menores, perdiéndose la inversión que se haya hecho durante su estadía en el centro de cumplimiento.

Por otra parte, trasladar la responsabilidad de los centros de cumplimiento de menores a la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, desnaturaliza el principio de jurisdicción especial de menores. Hasta la fecha y a lo largo de todos esos años, el sistema penitenciario no ha podido garantizar a los privados de libertad las condiciones mínimas reconocidas por el orden constitucional y legal nacional y los convenios internacionales, por lo que sería un total retroceso en materia de justicia penal juvenil.

El problema de violencia e inseguridad que hoy vivimos no es producto de las normas procesales, ni de las penas cortas o largas que contemple nuestra legislación; sino el resultado de la débil estructura familiar de nuestra sociedad, el problema de la exclusión social de muchos panameños y la deficiente acción del Estado en la lucha contra la pobreza y el crimen organizado.

Tampoco podemos ignorar la falta de voluntad de los gobiernos para destinar los fondos que se requieren en la implementación la ley penal juvenil y la modernización de las instituciones que persiguen el crimen; y buscar ahora, como única salida, el aumento de penas y las medidas procesales inquisitivas.

Hasta el momento, no se han destinado los recursos para poner en vigencia la Ley No. 55 que reorganiza el Sistema penitenciario que fue aprobada en junio del 2003, y que aún no se ha ejecutado totalmente por falta de presupuesto. La necesidad para el año 2007 era de 37 millones, según lo solicitado por la Dirección General del Sistema Penitenciario. Sin embargo, solo se otorgaron 12 millones, lo que significa que esta ley no ha sido implementada por falta de presupuesto. Nuestras cárceles siguen siendo depósitos de seres humanos y escuelas del crimen, donde existen muy pocas posibilidades de resocialización, y además con una alta población de presos en relación al número de habitantes.

Tenemos que combatir la criminalidad con las reglas y principios que nos

permite la democracia y el Estado de Derecho:

· Se debe cumplir con los acuerdos del Pacto de Estado de la Justicia de aprobar la política criminológica de Estado y crear el ente rector de dicha política.

· Se requiere destinar los recursos para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan realizar su trabajo de manera eficiente, y no aumentar los plazos procesales a costa de la violación del derecho a la libertad de las personas.

· Se requiere de una política social para enfrentar el problema del pandillerismo y de la violencia juvenil, y crear alternativas laborales y educativas para los jóvenes pertenecientes a estas pandillas.

· Se requiere destinar los fondos para que se cumpla con la ley penitenciaria, y reducir el alto índice de presos sin condena que asciende a más del 60 % de la población carcelaria.

· Se deben considerar las estadísticas criminales y otros instrumentos que permitan hacer análisis científicos para enfrentar de manera eficaz a la delincuencia. Estos instrumentos deben servir para la elaboración de un mapa de la criminalidad, que le permita a los entes policiales saber dónde se cometen los delitos, los tipos de delitos y los recursos que necesitan para combatir a los a delincuentes.

· Se requiere reestructurar el contenido de los programas de estudio de las academias policiales para garantizar que los egresados tengan el perfil del policía que la sociedad panameña necesita.

· Se requiere fomentar los valores dentro de los estamentos policiales y promover en éstos una política de intolerancia a actos de corrupción.

· Además, se deben fortalecer las dependencias encargadas de hacer investigaciones internas de actos irregulares en esas instituciones.

Aunque conocemos que este proyecto de ley ha sido elaborado como parte de los esfuerzos gubernamentales por enfrentar el crimen organizado, creemos firmemente que no ha sido analizado profundamente, ya que contiene algunos artículos que a largo plazo producirá un peligroso deterioro de las garantías fundamentales de todos los que vivimos en este país.

Comisión de Justicia y Paz, JUXPAZ (Iglesia Católica)

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE

Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, ICRUP

Asociación Panameña de Derecho Constitucional, APADEC

Unión de Ciudadanas de Panamá, UCP

Centro de Estudios y Acción Social de Panamá, CEASPA

Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico.

Colegio Nacional de Periodistas, CONAPE

Colegio Nacional de Abogados, CNA

Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, CGTP

Centro de Asistencia Legal Popular, CEALP

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana