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Dos sindicalistas son asesinados mientras se oponían a empresas

por Adital

La Confederación Sindical Internacional (CSI), en carta enviada a las autoridades panameñas, expresó su enérgica condena a los asesinatos cometidos en mediados de agosto en contra dos sindicalistas del país. Los dos fueron asesinados por oponerse a los despidos masivos y a la obligación de afiliarse al sindicato "amarillo" de la Industria de la Construcción y Perforación, Sindicopp, controlado por la empresa brasileña Norberto Odebrecht.

Osvaldo Lorenzo Pérez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), fue asesinado en el 14 de agosto en la ciudad de Chilibre. Él fue víctima de balazos por parte de un trabajador contratado por la empresa Norberto Odebrecht cuando, junto a un grupo de trabajadores, exigía el reintegro de cien trabajadores despedidos. El funcionario de la empresa fue contratado con el objetivo reprimir las demandas de los trabajadores despedidos.

En marzo del 2007, Suntracs había lanzado una gran campaña para denunciar la violación de las normas de seguridad laboral a fin de frenar la ola de muertes en la construcción y el deterioro de las condiciones de trabajo en este sector.

El segundo sindicalista asesinado fue: Luigi Antonio Argüeles, también representante sindical de Suntracs. Argüeles fue asesinado el 16 de agosto por un disparo de un agente de la Policía Nacional. Él hacía parte de un grupo de trabajadores que se dirigía a la empresa Maqtec S.A. para presentar una resolución formal emitida por la Alcaldía de Balbo, pues la empresa no cumplió disposiciones municipales y para exigir los salarios adeudados por la empresa.

La CSI, que cuenta con tres organizaciones afiliadas en Panamá, la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), la Confederación General de Trabajadores de Panamá (CGTP) y Convergencia Sindical (CS), solicita al gobierno de Panamá que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, consagrados en la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo y en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los Convenios 87 sobre la libertad sindical y 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva ratificados por el país.