volumen 13, número 21
4 - 17 noviembre, 2007

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Un año más
por Derechos Humanos - Universidad de Panamá

ARTICULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.
Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Constitución Política de la República de Panamá

Sin embargo la ineficiencia, la incapacidad, la ignorancia, la falta de compromiso y el rejuego de intereses presente en los altos puestos gubernamentales hacen que estos incumplan su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial el derecho a la vida y a su seguridad.

Ya no sorprende la continuidad de hechos trágicos en nuestro país. Nuestro sistema de salud se ha convertido en portador de incertidumbre y luto, venenos -o nada- en lugar de medicinas, enfermedades controlables causando estragos en las comarcas. Los encargados de regular y fiscalizar el transporte público se hacen de la vista gorda ante las mafias que controlan este sector para sus intereses, sin importarles la función pública. La imposibilidad de obtener justicia por encima de la maraña legal y burocrática del mal llamado sistema de justicia, la corrupción, el blindaje institucional a los intereses de unos cuantos, hacen miserable la existencia -y hasta la muerte- de una mayor cantidad de ciudadanos.

Como regresando al tiempo de la dictadura -sin que la "democracia" haya significado gran avance en nuestra vida diaria-, hay dinero para "pitufos", propaganda, viajes y champagne, pero no para ambulancias, medicinas y educación. La justicia social se aleja, aunque cada discurso ministerial o presidencial pretenda comunicar lo contrario.

Una infinidad de hechos nos demuestran que las autoridades públicas no están desempeñando su labor de la manera debida, aislados de la realidad, no procuran el mayor beneficio social posible, desperdiciando o desviando los fondos de nuestro presupuesto.

Hoy recordamos un año de la horrible muerte de 18 panameños víctimas de la desorganización del transporte público, de la irresponsabilidad de los funcionarios encargados. Hace más de un año que cientos de compatriotas perdieron la vida buscando, por ejemplo, sanarse de un resfriado. Otros siguen vivos pero en muy malas condiciones. Nuestra solidaridad es con los familiares, y con los monos flacos que son los únicos que entran en una cárcel en este país.

Buscamos ansiosos el día en que los verdaderos culpables reciban lo que merecen. El día que tengan dignidad para renunciar, no volver al puesto o al menos no abrir la boca.

Al pueblo panameño, esperamos que se exilie del reino de la indiferencia, del juega vivo, carnaval, el poco importa, donde aunque nos estén negando nuestros derechos más básicos seguimos fiesteando hasta que se nos acabe la plata para el arroz, la carne y la cerveza. A cualquiera de nosotros, de nuestros familiares o amigos pudo haberle ocurrido una de estas desgracias. ¿Acaso no es suficiente que le haya ocurrido a un compatriota, a un ser humano?