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Hondureños protestan contra baja indemnización
por Adital

Vecinos propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción del llamado "Canal Seco" estuvieron el último miércoles en la sede del Congreso Nacional hondureño para exigir indemnizaciones justas por los desalojos. Serán invertidos casi 1.000 millones de dólares, pero el precio que el gobierno de Honduras quiere pagar por las tierras de los vecinos no se corresponde con el valor real de las mismas.

El proyecto de construcción del corredor prevé unir los puertos de Cortés en Honduras, Cutuco en El Salvador, Barrios en Guatemala y Corinto en Nicaragua. Los hondureños que viven en el lugar afectado no están en contra de la obra, sin embargo quieren recibir indemnizaciones justas por sus viviendas, pues el Ejecutivo quiere ofrecer muy poco por las propiedades.

Durante la protesta en el congreso, los vecinos pidieron, con carteles en la mano, que las autoridades les muestren el contenido del decreto de expropiación antes de que sea aprobado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de U$S 63.190.000 a Honduras para la compra de los terrenos e indemnización de las familias. Hasta el momento, ninguna de las familias pobres recibió propuestas justas por los terrenos de parte de los funcionarios del Estado de Honduras.

Según la organización internacional de defensa de los derechos humanos, FIAN (Red de Información y Acción por el Derecho a Alimentarse) de Honduras, dice que por el contrario, "las ofertas que reciben insultan a la inteligencia y van contra los costos actuales de sus propiedades. Los afectados y afectadas, la mayoría madres de familia solas, recibieron amenazas y persecuciones de los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mandados para negociar". También la titular del Juzgado I de Letras de Comayagua, Maritza Mejía, está acusada de realizar imposiciones a la población.

La persecución de los funcionarios del Estado, específicamente de la secretaría de la SOPTRAVI y del Juzgado I de Letras de Comayagua, a los vecinos que se niegan a aceptar las bajas indemnizaciones está causando daño psicológico en niños y mujeres. En agosto último, una mujer murió de un ataque cardíaco dos días después de recibir la visita de una funcionaria del Juzgado.

La FIAN criticó al Estado de Honduras que, a través de sus funcionarios y empleados, "no está garantizando, respetando y mucho menos protegiendo los derechos humanos de nuestros compatriotas. Y tolera que funcionarios investidos de autoridad se dediquen a violarlos sistemáticamente". En ese sentido, la organización exige una negociación justa con los vecinos de Valle de Comayagua y pide el fin de la violación sistemática de los derechos humanos.

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