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Organizaciones repudian restitución de la pena de muerte
por Adital

Dentro y fuera de Guatemala el repudio a la aprobación de la ley, que restituye al Jefe de Estado el poder de conceder o no el "recurso de gracia" a los condenados a muerte, fue expresado por entidades de defensa de los derechos humanos. La Ley de Indulto, decreto 6-2008, fue aprobada el último martes (12) por el Congreso del país.

Desde 2000, ese poder facultado al presidente de la República estaba suspendido, pues el entonces presidente, Alfonso Portillo, dejó de aplicar la pena máxima por considerar la ley que la determinaba inconstitucional. Ahora, con la decisión del Congreso, 34 personas que están sentenciadas a muerte en el país tienen sus vidas en las manos del presidente Álvaro Colom. Sin embargo, el presidente, que ya se declaró abolicionista de la pena capital, dejó en claro que no los condenará a muerte.

El proyecto de ley fue presentado por el partido opositor, de derecha, Partido Patriota y aprobado por 131 de los 158 diputados. La actitud de los diputados busca justificar la ley en el intento de disminuir la violencia que hay en el país, pero para la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), ésa no es la solución, pues "la violencia está arraigada en nuestra sociedad. La violencia fue sembrada por el Estado y sus instituciones desde su creación".

Según la Conic, la condena a pena de muerte es otra explicitación de las diferencias sociales, ya que los condenados y ejecutados son, en general, personas pobres, o que tuvieron la valentía de señalar y criticar las atrocidades del Estado. "Son personas que no tienen dinero suficiente para corromper a los administradores de justicia o que no tienen influencia en alguno de los tres poderes del Estado", dijo, en nota, la Coordinadora.

En ese sentido, la Conic recuerda las masacres de las comunidades Mayas en los años 80, la masacre de la Embajada de España, los robos que provocaron la quiebra de los bancos Metropolitano, Bancafé, del Comercio, o la superfacturación de obras públicas -crímenes que aún están impunes y ni se pensó en enviar a los culpables a las ejecuciones.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), también en nota, condenó la decisión del Congreso y dijo que "la pena de muerte constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante, contrario al derecho a la vida". La entidad pidió al presidente Colom que declare inmediatamente una moratoria de la pena de muerte.

"La pena capital no es un instrumento adecuado para disminuir el alto nivel de criminalidad que existe en Guatemala. Solamente una verdadera lucha contra la impunidad de los crímenes, tanto los recientes como los que fueron cometidos durante el conflicto armado interno, el genocidio, llevará a restablecer un Estado de derecho en el cual los ciudadanos pueden gozar de seguridad", agregó la FIDH.

Amnistía Internacional, en carta abierta, pidió que el presidente busque soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta al país. Y además que adopte medidas concretas para resolver el problema de las violaciones de los derechos humanos en el país, como la inexistencia de investigaciones efectivas sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, el número creciente de casos de violencia contra las mujeres, el aumento de los homicidios, los desalojos forzados, los ataques contra defensores de derechos humanos.

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