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por Max J. Castro --- majcastro@gmail.com

Ya es oficial: Estados Unidos admitió la aplicación de la técnica de tortura conocida como "waterboarding" al menos a tres detenidos.

Increíblemente esa no es la revelación más escandalosa proveniente de las declaraciones de la semana pasada acerca del tema por parte del Fiscal General, el Director de la CIA y la Casa Blanca. Esa deshonra pertenece a una declaración de la Casa Blanca que decía que el waterboarding es legal y que el Presidente pudiera autorizar su uso en el futuro.

La administración Bush ha hecho un daño enorme en todo el mundo. La guerra en Irak, ilegal según el derecho internacional, ha provocado la muerte de al menos decenas o más bien centenares de miles de iraquíes y de casi 4 000 norteamericanos. La cifra de heridos es mucho mayor. La tozuda negativa de la administración a implementar medidas eficaces contra el calentamiento global ha retrasado la respuesta internacional a una de las amenazas más graves que enfrentará la humanidad en próximas décadas. La lista de asuntos podría llenar páginas y más páginas.

A pesar de eso, es en su propio país donde Bush ha infligido el mayor daño, comenzando por la guerra económicamente ruinosa, cuyo costo permanecerá con nosotros durante décadas, y una política interna que ha herido a la vasta mayoría y beneficiado solo a los más privilegiados.

Sin embargo, el daño más devastador y duradero que Bush ha perpetrado contra su propio país ha sido moral, y en este sentido nada es peor que el uso declarado de la tortura y su defensa desafiante, lo que se ejemplifica por declaraciones la pasada semana de Bush y el Vicepresidente Dick Cheney en defensa del waterboarding.

Al admitir el uso de la tortura, la administración Bush ha confirmado las peores acusaciones dirigidas a Estados Unidos por sus críticos internacionales más duros. Al insistir en la prerrogativa de utilizar la tortura en el futuro, una vez más Bush ha demostrado su terrible arrogancia. Mientras que hasta el Director de la CIA ha expresado dudas acerca de la legalidad del waterboarding y el Fiscal General admitió que él pudiera pensar que el waterboarding sería una tortura si se usara contra él, Bush y Cheney no tienen reparo acerca del uso de una técnica que ha sido considerada como tortura desde la Edad Media.

A fin de justificar la guerra de Irak, la administración Bush "manipuló la inteligencia según los intereses de la política", parafraseando al famoso memorando de Downing Street.

Según el mismo procedimiento, a fin de justificar el uso de la tortura y garantizar la impunidad de los que la ordenaron y la perpetraron, la administración, por medio de su Departamento de Justicia, manipuló la ley según los intereses de la política. Lo hizo emitiendo complicadas interpretaciones legales que redefinían la tortura. Luego nominó como Fiscal General a un tal Michael Mukasey, quien comprendía y aceptaba los enredos legales de la administración. No es de extrañar que Mukasey se niegue ahora a realizar una investigación del uso del waterboarding con el argumento de que fue legal la primera vez que se usó, y que el Departamento de Justicia no puede investigar actos que ha declarado legales.

Pero lo que el Congreso desea saber es quién declaró que el waterboarding es legal y cómo llegó a esa conclusión el Departamento de Justicia. Las ofuscaciones de Mukasey son un intento por evitar una investigación que demostraría que el absurdo razonamiento legal utilizado para declarar legales el waterboarding y otras formas de tortura y abusos no era más que un intento por manipular la ley al servicio de la política ordenada por la Casa Blanca.

Esta farsa puede satisfacer a los que creen que todo está permitido en la "Guerra Global contra el Terror". Pero es moralmente repugnante para la mayoría de los norteamericanos y para gente de todo el mundo. Es más, el 8 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo que el waterboarding se incluye en la categoría de la prohibición de la tortura y debe ser procesado judicialmente. "Existen varios precedentes de estados en todo el mundo que ejercen su jurisdicción universal… para hacer respetar la convención acerca de la tortura, y esperamos que seamos testigos de más y más de estas actitudes de reparación", dijo Arbour en una conferencia de prensa en Ciudad México. La implicación es clara. Algunos altos funcionarios de la administración Bush puede que sean impunes en Estados Unidos, pero posiblemente tengan que limitar sus viajes al extranjero o enfrentar la posibilidad de ser juzgados como torturadores.

El único aspecto positivo para Estados Unidos en esta catástrofe moral es que la práctica del waterboarding no durará después de que Bush abandone la Casa Blanca. Los candidatos republicanos que apoyaron el uso del waterboarding, incluido Mitt Romney, han sido eliminados. Los candidatos restantes de ambos partidos -McCain, Clinton y Obama- han repudiado el waterboarding.

Pero el nuevo presidente debe hacer mucho más que recuperar el honor de Estados Unidos y simplemente detener la práctica de la tortura y decir "nunca más". No es suficiente, parafraseando a Barack Obama, alejarse del uso de la tortura; es necesario renunciar a la mentalidad que embarcó a Estados Unidos en el negocio de la tortura. Para eso se requiere repensar de manera atrevida y total los valores, políticas y prioridades norteamericaoas en sus relaciones con el resto del mundo.




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