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volumen 14, número 6
23 marzo - 5 abril, 2008


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La situación en Panamá
Organizaciones entregan informe sobre derechos humanos a la ONU
por Adital

En razón de la visita del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Panamá, organizaciones participantes de la Red de Derechos Humanos - Panamá, que actúa en esa área, elaboraron el "Informe Sombra sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá", para contribuir al diálogo, realizado entre el martes y el miércoles, entre el organismo internacional y el Estado panameño.

El documento constata una serie de violaciones a los derechos a la vivienda, circulación, reunión, asociación y expresión. Las comunidades indígenas están entre las más afectadas, pues tienen sus vidas y sus territorios vulnerados por proyectos de minería, hidroeléctricos y de turismo residencial.

Las áreas indígenas no están protegidas por ninguna legislación especial. Así, esos "proyectos de desarrollo" están expulsando a los indígenas de sus casas, sin garantizarles vivienda y tierra adecuadas. El informe atribuye esa indefinición sobre los territorios a la no ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y a la no creación de una ley marco sobre esos pueblos, que desarrolle los principios constitucionales para protegerlos.

La desatención del pueblo indígena panameño se evidencia en los números de pobreza existentes en el país. En 2003, la pobreza afectaba al 98,5% de los habitantes del área rural indígena, mientras que en el área rural no indígena ese número era del 54,2%. La pobreza total del país -incluidas zona rural y urbana- era de 37,2%, y la pobreza urbana del 20,0%.

El II Informe de Desarrollo Humano mostró que la pobreza extrema afecta al 90% de los indígenas. "Esto nos muestra que la situación socio-económica de los pueblos indígenas empeoró, pues en 2002 la pobreza general de los pueblos indígenas era del 95,4% y la pobreza extrema era del 86,4%", dice el Informe.

Esto se refleja en todas las otras áreas básicas para la seguridad de los derechos humanos, por eso los indígenas enfrentan dificultades en el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Así, ellos conviven con la inseguridad alimentaria y la desnutrición. De acuerdo con el relevamiento, factores geográficos, climatológicos, económicos y culturales contribuyen a la gravedad de la situación de salud.

En las provincias de Bocas del Toro y Darién la situación es más grave. Y en Ngöbe Buglé, Kuna Yala, Emberá, las tasas de mortalidad de menores de 5 años son altísimas, respectivamente: 55,4, 38,0 y 32,9. Mientras que la media general de la población panameña es de 8,9 médicos por cada 10 mil habitantes, entre los indígenas esa media cae a 2,1 cada 10 mil.

La insuficiencia e ineficacia de los recursos judiciales, humanos y materiales para la protección de los derechos humanos y de las formas de discriminación se manifiesta además en la crítica situación del sistema penitenciario, en la vulnerabilidad de los derechos de los niños y de los adolescentes, en la inexistencia de la protección de los refugiados.

"Ninguna legislación en el país tipifica el delito de Discriminación por raza, sexo, condición social u otra condición personal", dice el Informe. En las cárceles, de acuerdo con el informe, persisten graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, como el alto índice de detenidos -el segundo más alto de América Latina-, el incumplimiento de reglas mínimas, abusos policiales mentales y físicos, superpoblación, personal inadecuado, falta de agua, mala alimentación, corrupción.

Entre los refugiados, los provenientes de Colombia son los más discriminados. Por eso, la Red de Derechos Humanos de Panamá (RDH-Panamá) dice que le falta al país el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado; establecimiento de formas complementarias de protección; régimen de protección temporal humanitario; régimen de integración local.

Además de limitar el movimiento de beneficiarios del estatuto humanitario y vulnerabilizar el derecho a la residencia de los refugiados. En ese sentido, las repatriaciones forzadas por los gobiernos, en 1998 y 2003, son los mayores ejemplos.


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