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ONU señala ineficacia del estado
para proteger los derechos humanos
por Adital

Con un retraso de 11 años, el estado panameño realizó este mes un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos del país. Seis puntos pautaron el debate: la discriminación, la ineficacia para proteger los derechos humanos, la expulsión de los indios de sus tierras para construir proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la grave situación del sistema penitenciario, la falta de protección de los refugiados y la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes.

En relación con el derecho de las mujeres, se criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.

La situación de las prisiones panameñas también fue blanco de críticas de los especialistas de la ONU. Panamá tiene la segunda mayor población carcelaria de América Latina. Los presos tienen que enfrentar superpoblación, falta de atención médica, abusos físicos y psicológicos, además del desinterés público para solucionar esos problemas. La cárcel de La Joya-La Joyita fue comparada con las peores de la región.

Para Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema (carcelario) parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.

Los derechos humanos de las poblaciones indígenas tuvieron un destaque en relación con el desalojo del que son víctimas como consecuencia de proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se construyen en sus tierras. El estado falla cuando tiene que darles ayuda financiera, cuando debe protegerles el medio ambiente y su cultura. Según los especialistas, esos proyectos están destruyendo la forma de vida tradicional de los pueblos y agregaron que el derecho consuetudinario moderno requiere la consulta y el consentimiento de los pueblos para permitir la construcción de obras en sus tierras.

El diálogo con el comité no presentó sólo puntos negativos. La desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio fueron señaladas como avances. La ONU reconoció también los esfuerzos de Panamá para promover los derechos de los residentes en el país, pero las reformas necesarias para alcanzar esos derechos son insuficientes y no presentaron avances concretos.

En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.

En lo que respecta a los derechos de los refugiados, se dijo a los representantes del estado que la definición de quien es un refugiado es muy restrictiva, y el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del proceso. Además, el régimen de "protección temporaria humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger".

Según el estado, el decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la ONU, el decreto no protege a quien está en el estado de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.