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Ex-presidente del Senado colombiano acusado de relaciones con paramilitares
por Adital

El ex-presidente del Senado colombiano, Mario Uribe Escobar, fue detenido hoy (23), acusado de tener relaciones con grupos paramilitares. Mario Uribe, primo del actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió asilo político en la embajada de Costa Rica de su país, para huir de la sentencia de detención -emitida por la Procuraduría General de la Nación- pero ese pedido le fue negado.

Desde octubre del año pasado, Mario Uribe estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La acusación contra el ex-senador fue hecha por el líder del paramilitarismo colombiano, Salvatore Mancuso, que reconoció que había una colaboración directa entre el ex-parlamentario y los grupos paramilitares.

Reuniones con las estructuras ilegales paramilitares de Antioquía, Córdoba y Sucre, para obtener tierras -él mismo habría comprado más de 5 mil hectáreas-, y un supuesto apoyo de estos grupos a la campaña electoral del ex-senador agravan todavía más las acusaciones en su contra.

Mancuso, bajo juramento, también afirmó haber tenido reuniones y haber dado apoyo político a Mario Uribe para que él fuese elegido en el Congreso. Mario será juzgado por la justicia común, pues renunció al foro privilegiado en octubre del año pasado al dejar el cargo en el Senado.

Durante el período en que Mario Uribe pasó en la embajada costarricense en Colombia, organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos se reunieron frente a la embajada para pedir que el asilo no fuese concedido. Además, enviaron una carta al embajador de Costa Rica en Colombia para pedir que su gobierno no concediera el asilo.

En el pedido al embajador, las organizaciones recuerdan que el paramilitarismo colombiano es una "estructura responsable de crímenes de lesa humanidad". Los cuales, en su mayoría, están cubiertos por el manto de impunidad. Solamente entre 2002 y 2006, a los paramilitares se les acusa de haber cometido más de tres mil crímenes.

"Esos graves crímenes afectaron la convivencia pacífica, la armonía social, la seguridad jurídica, política y militar. Sembraron un sentimiento de desprotección de las víctimas directas, sus familiares y amigos", agrega la carta.