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Oposición y Comisión de Reparación reaccionan
a la extradición de paramilitares colombianos
por Adital

Bajo el argumento de que ex-paramilitares no estarían cumpliendo debidamente las leyes de Justicia y Paz, el presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos a tres líderes que ya estuvieron al frente de grupos paramilitares. Pero, según la oposición colombiana, el objetivo real del presidente es atascar las investigaciones sobre las relaciones de los ex-paramilitares con políticos cercanos al gobierno.

Actualmente, 63 congresistas -casi todos aliados de Uribe- están siendo investigados por relaciones con paramilitares, que son responsables de innumerables crímenes contra los derechos humanos, como masacres de indígenas y de campesinos. De esos congresistas, 32, incluyendo a Mario Uribe, primo del presidente, están en prisión preventiva.

Para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), los derechos de las víctimas a saber la verdad y a la reparación no pueden ser sacrificados por la extradición de los ex-jefes paramilitares. Además, la extradición no puede afectar el fortalecimiento del aparato judicial colombiano.

En carta, la Comisión expresa que "la masiva extradición de los principales jefes paramilitares ha generado un hondo desconcierto entre víctimas y asociaciones de víctimas, pues, para estos sectores sociales la extradición va en detrimento de sus derechos, ante todo, a la verdad y a la reparación, pues argumentan que una vez extraditados los jefes paramilitares estos no tendrán los incentivos para confesar la verdad ni para entregar bienes".

La CNRR propone, en la búsqueda por garantizar a las víctimas sus derechos, dos estrategias. La primera es la firma de un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de la Nación de Colombia, para que los derechos de las víctimas ocupen un lugar central en la agenda judicial.

La segunda, propone otro acuerdo: de cooperación judicial, para que las víctimas puedan presentar sus demandas civiles y militares contra los jefes paramilitares extraditados y, con ello, garantizar la plenitud de sus derechos. En nota, reafirmó su lealtad y compromiso con el mandato de ser un fiel intérprete de los derechos, necesidades y demandas de las víctimas.