noticias

Explotación ambiental pone estabilidad
de comunidades panameñas en riesgo
por Adital

Proyectos hidroeléctricos, minería, extracción de oro, proyectos turísticos. La lista de conflictos ambientales en Panamá es extensa y no termina ahí. Un estudio sobre los conflictos, elaborado por Olmedo Carrasquilla II, coordinador del Grito de los Excluidos en Panamá y miembro del Colectivo Resistencia Ecológica, reveló que la explotación del medio ambiente está poniendo en riesgo no sólo el medio ambiente, sino también la salud, la estabilidad productiva de las comunidades y el desarrollo público.

De acuerdo con el estudio, el medio ambiente de Panamá es afectado por la fuerza económica que pone en riesgo la soberanía ecológica y alimentaria por fórmulas y precios que tironean cada ciclo de la vida biológica hacia el mercado. El trabajo destaca que los conflictos energéticos que el mundo enfrenta son el resultado de la actividad del mercado de corte liberal.

"Innumerables veces dijimos que el problema no es producto demográfico de los continentes o escasez en las necesidades humanas como dicen los gobernantes, y sí de los modelos de desarrollo que nunca cumplieron la creación ética de un país de gerenciar, a nivel macro, su economía independiente de las reglas impuestas por los países industriales, que son en realidad, los causantes de los conflictos naturales, de salud y de seguridad bio-humana", dice el análisis.

La explotación y saqueo del medio ambiente promovido de manera formal y diplomática por las multinacionales en América Latina se juntan con los problemas tradicionales de pobreza, la discriminación y exclusión que ya tienen que enfrentar las comunidades indígenas y campesinas de la región.

Según el estudio, en Panamá, mega-proyectos como el Plan Puebla Panamá (PPP) y los Tratados de Libre Comercio, están agravando la pobreza y la inseguridad social, llevando a un aumento de los índices de criminalidad y de conflictos ecológicos. La localización territorial y la economía de servicio del país facilitan la elección de Panamá para la implementación de esos proyectos.

En los últimos años, fueron dados 25 permisos para implementar la actividad minera en el país, sin que importasen las demandas presentadas por el tribunal. En Petaquilla, las organizaciones ambientales y la comunidad consiguieron impedir tres de esos permisos.

Proyectos como el Plan de Corcha, Cerro Pelado, Cerro Caballo en la Comarca Ngöbe Buglé, Río Tigre en Chepo, Cerro Quema en Los Santos, Cerro Colorado, la reapertura de la mina Santa rosa en Cañazas también fueron registrados y publicados ante el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) sin que los requisitos legales fuesen cumplidos. Sólo cuando las comunidades comenzaron a ser expulsadas del área y las empresas comenzaron a hacer la marcación de la tierra, fue que los permisos se hicieron públicos.

Ante esta situación, miles de indígenas y campesinos, diariamente, se movilizan y presionan al gobierno para ponerle fin a esas "políticas energéticas y de riqueza dispar en las concesiones de proyectos hidroeléctricos, minería a cielo abierto, turismo importado y destrucción de la rica vegetación que representa nuestra identidad biológica nacional", dijo el estudio.