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Un compendio del Plan México
por Laura Carlsen

El 22 de octubre de 2007, el Presidente Bush anunció la "Iniciativa Mérida", el paquete de asistencia para México y Centroamérica, a un costo de $1,400 millones de dólares por tres años. La iniciativa contiene defectos estratégicos fatales: en lugar de conducir a una relación binacional estable y a la coexistencia pacífica de comunidades fronterizas, su enfoque militar provocará una escalada de violencia relacionada con las drogas y abusos contra los derechos humanos.

México y Estados Unidos enfrentan el desafío conjunto de reducir el crimen organizado trasnacional y deben cooperar para fortalecer el estado de derecho y poner alto al tráfico ilegal de drogas y armas sobre la frontera. La política equivocada que se le presenta causará la incapacidad de lograr sus propias metas y el desperdicio de los impuestos de los contribuyentes. Asimismo socavará gravemente la relación entre EEUU y México y la estabilidad de México.

Esta solicitud presupuestal, casi desconocida, se ha adjuntado a la iniciativa de asignación complementaria para Irak, de miles de millones de dólares, y presentada como un esfuerzo sin precedentes para combatir la expansión del narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado en México. Pero la "iniciativa de cooperación para la seguridad regional" sobrepasa por mucho la cooperación para detener el flujo de drogas ilegales. Fundamentalmente reestructuraría la relación binacional México-Estados Unidos, daría a los problemas económicos y sociales el cariz de asuntos de seguridad, y militarizaría a la sociedad mexicana.

Más de la mitad del paquete para 2008 se canalizaría al ejército y fuerzas policíacas mexicanas, ya acusados de abusos contra los derechos humanos bien documentados y sin resolución legal. Al mismo tiempo, no se destina dinero alguno al tratamiento y reducción de daños causados por las drogas en ninguno de ambos países, y el colosal paquete de "cooperación" ignora completamente los graves problemas que existen dentro de Estados Unidos, entre ellos el ingreso de drogas ilegales y los amplísimos tráfico y consumo, tráfico transfronterizo de armas y lavado de dinero.

La Iniciativa Mérida ubicaría la relación binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados más cercanos y delicados en la esfera de problemas de seguridad vagamente definidos. Si bien ordena un formidable aumento de ayuda a México, no incluye fondo alguno dirigido, por fin, a erradicar la brecha de pobreza y atender las necesidades de desarrollo de México.

Para iniciar un debate público sobre los peligros inherentes al Plan México, es importante en primer lugar comprender lo que es.

¿Qué es el Plan México?

Tras meses de expectación y negociaciones herméticas, el "Plan México" fue presentado como una "Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional" con duración de tres años a un costo de $1,400 millones de dólares. De inmediato, los congresistas estadounidenses objetaron que la administración Bush no les proporcionó información alguna hasta que el trato estuvo cerrado.

La petición de $550 millones de dólares para el año fiscal 2008 se adjuntó a la Iniciativa de Asignación Complementaria para Irak. La propuesta original incluye $50 millones de dólares para destinar a Centroamérica, mientras los $500 millones restantes van a México, primordialmente para equipamiento y capacitación para el ejército y las policías. El Congreso propone incrementar esta cantidad y agregar $10 millones que se destinarán a Haití y la República Dominicana. Aunque la propuesta no se conoce ampliamente en Estados Unidos ni en México, la naturaleza y la lógica militares del "Plan México" se revelan en documentos filtrados.

Bajo el rubro "Lucha Anti Drogas, Antiterrorismo y Seguridad Fronteriza", la iniciativa asignaría $205.5 millones de dólares a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Más del 40% del paquete se entregará a la industria bélica por la compra de ocho helicópteros Bell (a $13 millones de dólares cada uno, con capacitación, mantenimiento y equipo especial) para el Ejército Mexicano, y dos aeronaves de patrullaje marítimo CASA 235 (a $50 millones cada uno, con mantenimiento) para la Marina mexicana.

La mayor parte de los $132.5 millones de dólares para las autoridades encargadas de aplicar la ley llenará también los bolsillos de empresas de defensa por la adquisición de equipo de vigilancia, inspección y seguridad, así como capacitación. La Policía Federal Preventiva recibe el grueso de estos fondos; el resto lo reciben Aduanas, Migración y Comunicaciones.

El remanente de la asignación solicitada para 2008 comprende $112 millones de dólares en la categoría de "Estado de Derecho" para la Procuraduría General de la República (Mexicana) y el sistema judicial penal. Este dinero está señalado para programas informáticos (software) y entrenamiento para el seguimiento de casos y centralización de datos. La iniciativa entregaría asimismo $12.9 millones de dólares al tristemente célebre CISEN, el servicio mexicano de inteligencia, para investigaciones, equipo forense y labores antiterroristas, y a otras agencias como el Instituto Nacional de Migración para establecer una base de datos de inmigrantes. El gobierno estadounidense se asigna $37 millones de dólares para cubrir sus propios costos de administración.

Los proyectados $450 millones de dólares para México en el presupuesto de 2009 se distribuirían de manera muy similar, yendo una mayor parte a las fuerzas policíacas, asumiendo que para entonces se habrá aminorado la notoria corrupción entre las distintas agencias, asunción dudosa en el mejor de los casos ($120 millones de dólares a las fuerzas armadas y $252 millones de dólares a las policías y a otras autoridades judiciales.

Todos estos programas aspiran a alcanzar las metas de interdicción del suministro (es decir, impedir la llegada de las drogas ofertadas), aplicación de leyes y vigilancia -que incluirá espionaje interno- según el modelo de "guerra contra las drogas" desarrollada en Estados Unidos a principios de la década de 1970 bajo el régimen de Richard Nixon. Históricamente este modelo militar ha demostrado su ineficacia para lograr las metas de eliminar el narcotráfico y disminuir la delincuencia organizada, y se le relaciona estrechamente con una escalada de violencia, inestabilidad y facultades presidenciales autoritarias.

La conexión con el TLCAN

La "Iniciativa Mérida" fue así nombrada por una reunión entre los presidentes Bush y Calderón en Mérida, en la Península de Yucatán en marzo de 2007. La historia oficial es que el presidente Calderón, ya comprometido en una "guerra contra el narco" dependiente en gran medida del uso del ejército para impedir el suministro, solicitó la ayuda de Estados Unidos durante el encuentro en Mérida, y tras negociar los detalles, el gobierno estadounidense accedió a ello.

Con el énfasis puesto en los esfuerzos antinarcóticos, en el período hasta octubre de ese año, cuando se anunció el paquete, ambos gobiernos organizaron una serie de estudios y estadísticas que apoyaran la contradictoria tesis de que el narcotráfico en México y la violencia consecuente habían llegado a una crisis, y que la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga estaba funcionando.

Esta no es la verdadera historia de los orígenes del Plan. El concepto de la administración Bush de una estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta por lo menos a la creación del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), como extensión del TLCAN.

Cuando los tres jefes de Estado de Norteamérica se encontraron en Waco, Tejas en marzo de 2005, pusieron en movimiento un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido. Reuniones subsecuentes, incluyendo la de abril de 2008 en Nueva Orleans, expandieron estos objetivos en medio de críticas crecientes.

A través del ASPAN, la administración Bush ha buscado empujar a sus socios comerciales en América del Norte a formar un frente común que asumiría la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio, y reforzar el control de Estados Unidos sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado de EEUU percibe una amenaza cada vez mayor debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Aunque la colaboración internacional contra el terrorismo es una meta laudable y necesaria, la estrategia de seguridad nacional de Bus conlleva graves violaciones a la soberanía nacional de los países socios, un mayor riesgo de ser atacados como aliados de Estados Unidos, y amenazas a las libertades civiles del pueblo de los tres países. Es más, el modelo antiterrorista ejemplificado en la invasión de Irak ha provocado, como se reconoce generalmente, un aumento de la inestabilidad y la actividad terrorista en el mundo entero. Ampliar el concepto de integración económica de América del Norte hasta abarcar asuntos de seguridad nacional por medio del proceso a puerta cerrada del ASPAN plantea serias interrogantes sobre cómo se define la seguridad y quién hace las definiciones.

Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, lo dijo de manera tajante en un discurso el pasado 8 de abril: El ASPAN "entiende a América del Norte como un espacio económico compartido; como espacio económico compartido necesitamos protegerlo, y necesitamos entender que no protegemos ese espacio económico solamente en nuestras fronteras; tiene que ser protegido ampliamente en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN."

El esfuerzo del ASPAN busca poner candados a políticas no consensuales y que no han sido debatidas ni en público ni en el Congreso. Grupos ciudadanos en las tres naciones han convocado a suspender las pláticas del ASPAN ya que no tienen representatividad de los sectores laboral, civil y ambiental, así como de transparencia al público. En el frente de la seguridad, en EEUU se ha cuestionado abundantemente el concepto que tiene la administración Bush de la seguridad, planteada sobre bases militares y no sobre bases diplomáticas y de políticas sociales, además de que su concepto ha sido rechazado de plano por la vasta mayoría de mexicanos y canadienses.

En esta situación, en lugar de revisar las políticas y de abrirlas al debate público, la administración Bush ha lanzado su jugada más audaz hasta la fecha dentro del contexto del ASPAN-Plan México. Se especulaba que el Plan se anunciaría en la conferencia del ASPAN en Montebello en agosto de 2007, pero, quizá por la presencia de manifestantes contra el ASPAN en aquella reunión, el presidente Bush pospuso varios meses la revelación oficial de la "Iniciativa Mérida". Sin embargo, en las últimas dos sesiones del ASPAN se ha discutido el Plan México y el Departamento de Estado ha sido claro acerca de su papel crucial dentro del marco global económico y de seguridad del ASPAN.

Es importante entender las raíces que tiene el Plan México en la agenda de "integración profunda" de la administración Bush. El Plan implica mucho más que un programa temporal de asistencia para combatir los cárteles de la droga. Transforma estructuralmente la base de la relación binacional de tal manera que subraye de forma permanente los aspectos militares por encima de la muy necesaria ayuda al desarrollo, y modificación de políticas de inversión y comercio. El alcance de la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional demuestra que va mucho más allá de un combate a las drogas y afirma de manera inamovible políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización fronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles con el cariz de antiterrorismo e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Para conseguirlo, la administración saliente de Bush se ha amparado en el respaldo de dos aliados económicamente dependientes para intentar asegurar que sus políticas sean irreversibles aun bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos.

¿Qué peligros encierra el Plan México?

En el Plan México se materializa una lógica de confrontación susceptible de crítica con base en los siguientes once puntos:

El modelo de "guerra contra las drogas" no funciona.

México tiene un grave problema de tráfico de drogas ilegales con la violencia consecuente. Pero existe más de un método para poder solucionarlo.

La Iniciativa Mérida parte del supuesto erróneo de que la interdicción -es decir, impedir el suministro- acabará por eliminar el narcotráfico transfronterizo. Los estudios pertinentes han demostrado que el tratamiento, reducción de daños, prevención y la rehabilitación resultan 20 veces más eficaces para la reducción del comercio ilegal de drogas. Empero la Iniciativa Mérida no destina un solo centavo al tratamiento y la rehabilitación en ninguno de los dos países. Actuando contra su objetivo explícito de disminuir el narcotráfico binacional, la administración recortó recientemente los fondos para programas de prevención y tratamiento en EEUU Este enfoque avanza en la dirección equivocada.

El modelo basado en la interdicción del suministro fracasa por una razón obvia: dondequiera que haya un comprador habrá siempre un vendedor; y como se trata de un mercado negro, el vendedor debe ser miembro del crimen organizado y por lógica obtendrá una enorme ganancia libre de impuestos.

La experiencia del Plan Colombia revela los peligros ocultos del Plan México como ahora se presenta al Congreso. El Plan Colombia es un paquete similar de asistencia militar de Estados Unidos diseñado para el combate a las drogas. Desde su inicio en el año 2000, ha contribuido a la violencia y la corrupción arraigadas en ese país sudamericano, fracasando al mismo tiempo en reducir el flujo de droga a Estados Unidos.

Durante siete años del Plan Colombia, el gobierno estadounidense ha gastado unos seis mil millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas. El 76% de esa cantidad fue a manos del ejército colombiano. Los resultados son de sobra conocidos. Colombia es aún la fuente primaria de cocaína en el mercado estadounidense; su precio ha bajado, su pureza ha subido. Pese a las campañas de fumigación, devastadoras para el medio ambiente, numerosos estudios prueban que las superficies de plantíos de coca se han incrementado o han permanecido iguales.

Como resultado de golpes espectaculares contra los cárteles, éstos han adoptado equipos y métodos de organización más sofisticados, y relaciones más cercanas con los cárteles mexicanos. Como la hidra, una nueva ruta se abre cuando la anterior es cerrada, y surgen nuevos capos desde cualquier lugar de sus filas cuando los existentes son muertos o encarcelados.

Además del fracaso en detener la producción de droga y el procesamiento y tránsito de cocaína, el Plan Colombia se extendió a ayudar al gobierno colombiano de derecha en su combate a las guerrillas. En 2003 el Congreso autorizó que el gobierno de EEUU se involucrara en el esfuerzo contrainsurgente, cuando acordó ampliar formalmente la esfera del Plan Colombia a fin de autorizar el uso de la ayuda militar más allá de actividades antinarcóticos y eliminar anteriores restricciones. A consecuencia de ello, el periodista investigador Frank Smyth escribió que en 2001 Colombia había sobrepasado a El Salvador como el mayor esfuerzo de contrainsurgencia de Estados Unidos desde Vietnam.

Con la llegada de armamento y fondos a las fuerzas armadas colombianas, las violaciones de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y los asesinatos de civiles se han multiplicado a un grado que resulta alarmante incluso para quienes propusieron el Plan. En su autorización reciente de fondos nuevos para el Plan Colombia, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una versión que reduce la ayuda militar, disminuye las fumigaciones y condiciona la ayuda al cumplimiento de requisitos más estrictos de respeto a los derechos humanos. La ayuda total al gobierno colombiano sigue siendo enorme y militar casi toda ella, mas aunada al probable rechazo del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia debido a la preocupación por los derechos humanos y laborales, por lo menos marca un reconocimiento mínimo en el Congreso de EEUU de que el modelo de "combate a las drogas" en aquella nación simplemente no está funcionando como se planeaba.

El resultado de esta política es que los drogadictos en Estados Unidos el día de hoy tienen un acceso igual, si no mayor, a la cocaína en las calles de las ciudades de EEUU, y la droga es más barata y más potente que nunca. Colombia sigue siendo el proveedor número uno del mercado estadounidense. Más de 3.8 millones de personas fueron desplazadas de sus comunidades; los grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones a derechos humanos actúan agresiva e casi impunemente, y Colombia es una sociedad militarizada atrapada en la violencia intestina.

Esta experiencia debiera analizarse escrupulosamente antes de trasplantar un modelo fallido con daños colaterales abrumadores al tejido social de una nación aliada. Aunque México sea un país muy diferente -no hay una guerra civil o actividad extensa de la guerrilla- vale la pena tomar en consideración muchas de las lecciones del Plan Colombia en vísperas del Plan México. El fracaso del modelo de guerra antidrogas en Colombia, y en Afganistán, parece ameritar como mínimo una actitud precavida hacia su aplicación en otros países, especialmente uno tan cercano en lo geográfico y lo económico como México.

Suministrar equipamiento y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas en el actual contexto de corrupción e impunidad agravará los problemas, reducirá el papel de la sociedad civil en cualquier reforma e inhibirá la construcción de instituciones democráticas. Lamentablemente, las fuerzas de seguridad mexicanas son hoy, con frecuencia, más parte del problema que de la solución. Según el informe para 2007 del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos en México, "La corrupción continuó siendo un problema, gran parte de las policías está envuelta en secuestros, extorsiones o venden protección, o actúan directamente como representantes de la delincuencia organizada y los narcotraficantes. La impunidad llegó a tal grado que las víctimas a menudo se negaban a levantar acusaciones."

Miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad mexicanas a los niveles local y nacional mantienen estrechos vínculos con narcotraficantes, trabajando directamente para ellos en muchas partes del país. Tradicionalmente el ejército ha sido más independiente de esta dinámica, pero su despliegue dentro del país en la guerra contra el narco está aumentando su participación y conduce a violaciones de los derechos humanos. Muchos desertores del ejército, que alcanzaron 17,000 tan sólo el año pasado, han recibido capacitación antinarcóticos y la transmiten a los cárteles de la droga cuando les sirven por muy buen dinero. El infame grupo de los Zetas (una red del narcotráfico compuesta por ex agentes militares y judiciales) ilustra la capacidad letal de los grupos con entrenamiento militar que colaboran con los cárteles de la droga.

Por otro lado, el equipo militar acaba en posesión de los cárteles. La ATF -agencia de EEUU para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego- informa que el 90% de las armas decomisadas a la delincuencia organizada en México proviene de Estados Unidos, muchas de ellas con registro del ejército estadounidense El senador Alfonso Sánchez Anaya informó al Congreso mexicano que 15 millones de armas circulan ilegalmente en México. En Irak, una investigación reveló la "falta" de miles de armas, las cuales se cree están en manos de insurgentes y delincuentes. El mercado negro de armas está en su apogeo. Ante esta situación, el prospecto de que el equipo militar estadounidense acabe en las manos equivocadas es más que inevitable.

Al excluir los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación comunitarios, las iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que dan a la sociedad civil un papel más activo, la iniciativa tiende a convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas armadas. El acto de redefinir el crimen como una amenaza a la seguridad nacional también lo excluye de la esfera de acción comunitaria.

El propósito no es denostar a las fuerzas armadas de México, sus policías y su gobierno. Entre sus filas pueden encontrarse muchos individuos valientes y honestos, y algunos han dado sus vidas combatiendo la corrupción. Declaraciones extremas, como la de Tom Tancredo del 8 de noviembre de 2007, cuando dijo que "El grado de corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil ver dónde termina el gobierno y comienzan los cárteles", obedecen más a una mentalidad interesada en atacar a México que a una preocupación seria por los desafíos reales a que el país se enfrenta.

Ésta es la realidad de la situación, y el reto para la política binacional de EEUU es apoyar medidas eficaces para eliminar la corrupción y acabar con la impunidad mientras se desarrollan mecanismos de cooperación para combatir el crimen trasnacional.

Entregar armas, equipo militar y capacidad de espionaje y vigilancia y entrenamiento para usar todo ello a fuerzas de seguridad con un historial de abusos que el sistema judicial no puede o no quiere controlar, es como arrojar gasolina a un incendio. Ignorar las causas de origen de la actividad criminal y las demandas del mercado eleva la probabilidad de que la asistencia militar otorgue mayor poder a la delincuencia y alimente la corrupción.

El Plan México promueve una militarización de la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales. El modelo de confrontación del tráfico, de la venta y del consumo de drogas a través de medios militares aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde éstas son de por sí débiles, puede crear obstáculos graves para una transición a la democracia.

La ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Louise Arbour previno contra el uso del ejército en las calles durante su última visita a México. "Entiendo que haya quienes dicen que hay que recurrir en ocasiones a una fuerza más poderosa como el ejército, pero esto, a largo plazo, me parece francamente peligroso," declaró Arbour a la red de televisión Televisa. "El ejército no debe estar haciendo el trabajo de la policía."

El General José Francisco Gallardo, el principal promotor de las garantías a los derechos humanos dentro del Ejército Mexicano y especialista en derecho constitucional, a quien se envió a prisión por sus esfuerzos, afirma: "Aquí lo que debe hacerse es formar una fuerza policíaca nacional que lleve a cabo estas funciones y no lo haga dependiendo del ejército... La presencia del ejército en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil, federal, estatal y municipal, y va contra el Art. 21 de la constitución."

Al preguntársele si la estrategia de Calderón de militarizar la guerra contra las drogas podría llevar a un regreso a la "guerra sucia" de los 1970s, Gallardo -que como joven soldado fue uno de los pocos miembros de las fuerzas armadas que protestaron contra las torturas y asesinatos que marcaron el período- dijo a la autora: "Ya estamos experimentando un regreso a la guerra sucia." Gallardo citó la extendida práctica de la tortura y detenciones arbitrarias como prueba de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el México contemporáneo.

El informe de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos mexicana para 2007, recomendó el retiro gradual del ejército de la guerra nacional contra las drogas. Militarizar a la sociedad haciendo participar al ejército en funciones internas que rebasan su mandato constitucional constituye una amenaza a la democracia. Como es bien sabido en América Latina, la militarización de sociedad e ideología durante la Guerra Fría preparó el advenimiento de las dictaduras militares que asesinaron civiles y retrasaron por décadas el progreso hacia la democracia. Puede esperarse un número mayor de violaciones a los derechos humanos.

El corolario para el mayor respaldo militar en asuntos internos es la escalada de fuerzas paramilitares descontroladas, como ha sucedido en Colombia. En México el uso de paramilitares se ha restringido en su mayor parte a ataques a comunidades zapatistas en el sureño estado de Chiapas. Desde 2006, se han usado organizaciones paramilitares en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e indígenas. Es probable que un aumento en la militarización de la sociedad mexicana conduzca a un aumento en el alcance y actividad de estos grupos.

Ambos gobiernos se han apresurado a defender el Plan declarando que no se desplegarían tropas estadounidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versión interna del combate a las drogas y la que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado en otros países es el uso de su Ejército. Cuando se inició el modelo de guerra contra las drogas, el despliegue excesivo de tropas en Vietnam, un sistema de reclutamiento impopular y la drogadicción entre los soldados, y prohibiciones constitucionales, obligaron a descartar el uso del Ejército. La versión para exportación ha incluido tanto el ejército de EEUU como el del país de destino. El Plan Colombia despachó soldados estadounidenses a Colombia, pero el Congreso de EEUU ha mantenido un límite de tropas. Ahora se vive una situación parecida de despliegue excesivo debido a la guerra en Irak, que impone restricciones prácticas al empleo de tropas estadounidenses.

Sin embargo, el despliegue de tropas de EEUU no puede ser la única medida de militarización que se tome en cuenta para evaluar la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional. La guerra antidrogas en América Latina se libra más bien por medio de mercenarios del sector privado y ejércitos nacionales entrenados por la milicia estadounidense. El Plan México sigue esta estrategia por las razones ya dichas y particularmente para evitar inflamar las sensibilidades mexicanas en lo tocante a soberanía nacional. La militarización mediante el reforzamiento del ejército nacional para que luche dentro de sus fronteras, más el envío de contratistas como Blackwater puede resultar aún más peligroso para México que la presencia de tropas de Estados Unidos, ya que los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas se vuelven tenues o inexistentes.

A menos que aparezcan mecanismos de control, vigilancia y equilibrio que hasta ahora no se han revelado, el Plan México podría contribuir a la creación de un estado policíaco en México, lo que implica una amenaza particularmente para las mujeres. Además de lo que ya sucedió en San Salvador Atenco (mayo de 2006) las fuerzas de seguridad se han visto implicadas en violaciones y abusos sexuales usados como tortura en casos en Oaxaca, Zongolica y Coahuila.

La iniciativa amplía las facultades presidenciales en México, descompensando un equilibrio de poderes ya de por sí débil. El modelo de la guerra contra las drogas siempre tuvo éste como objetivo tácito: fortalecer el presidencialismo sin contrapesos o transparencia efectivos, restando facultades a los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos. En México, que apenas emerge de décadas de autoritarismo presidencial, avanzar en esa dirección podría eliminar años de estructuración de un equilibrio de poderes más efectivo.

Desde 2006, con su elección por medio punto porcentual ferozmente disputada, y acusaciones de irregularidades sustentadas en parte por las instituciones electorales, el presidente Calderón enfrenta el desafío de consolidar su mandato. Las políticas estadounidenses deberían alentar un proceso de reconciliación política, no la dependencia de las fuerzas armadas para reforzar los poderes presidenciales.

Tras asumir la presidencia Calderón se construyó rápidamente una imagen de fortaleza respaldada por las armas. Despachó a más de 24,000 elementos del ejército a ciudades y pueblos mexicanos y creó una fuerza especial de élite bajo su supervisión directa.

Los mexicanos no dejaron de advertir el mensaje de una presidencia débil reforzada por una alianza sólida con los militares. Mientras algunos creen que es la única manera de atacar la inseguridad pública, otros han criticado sus matices represivos, el peligro de regresar al presidencialismo aumentando los abusos contra los derechos humanos, los cuestionamientos a la constitución y los amagos contra las instituciones democráticas civiles.

Para la administración Bush el modelo del combate a las drogas sirve para blindar sus políticas económicas procorporativas y la influencia militar de EEUU en la región. Cuando la exporta Estados Unidos, la guerra contra las drogas se convierte en un poderoso instrumento de intervención y de presión sobre otras naciones para que asuman los intereses de la seguridad nacional estadounidense como si fueran los suyos propios. Este papel de policía mundial crea dependencia de las fuerzas militares y servicios de inteligencia estadounidenses y militariza la diplomacia. El Pentágono toma la iniciativa en la política internacional mientras relega a la diplomacia y al derecho internacional a un distante segundo lugar.

El modelo de la guerra antidrogas se expande invariablemente hacia la represión de la oposición política en los países en donde se ha aplicado, borrando los límites entre el combate a las drogas, en contra del terrorismo y en contra de la oposición política.

Un informe de 2004 documenta el impacto que ejerce el aumento de la ayuda militar estadounidense en América Latina y concluye que "Con demasiada frecuencia en Latinoamérica, cuando los ejércitos se han concentrado en un enemigo interno, la definición de enemigo ha incluido a los opositores políticos del régimen en el poder, incluso aquellos que trabajan dentro del sistema político tales como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales, o dirigentes de partidos políticos de oposición."

La persecución de disidentes ha sido bien documentada en muchos períodos de la historia mexicana, incluyendo el presente. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (International Civil Commission on Human Rights-CCIODH) escribe en sus conclusiones preliminares luego de una gira de investigación de hechos en febrero de 2008: "Se han propalado los arrestos arbitrarios de miembros de movimientos sociales y, en ocasiones, de familiares suyos simplemente por serlo. Es normal que a los detenidos se les sujete a tortura y maltrato físico. Para justificar los arrestos, se utilizan pruebas falsas..."

A los periodistas que informan de violencia estatal o relacionada con los carteles de la droga se les convierte en víctimas de un silenciamiento selectivo. El Comité para la Protección de Periodistas tiene a México en décimo lugar mundial en su "Índice de Impunidad", Colombia, tras casi diez años de prescripciones de su Plan para afirmar el estado de derecho, califica en cuarto lugar en la proporción de asesinatos impunes de periodistas.

La Iniciativa Mérida reproduce indiscriminadamente el modelo de combate al terrorismo de Bush, poniendo en riesgo las instituciones democráticas y los derechos humanos y civiles en México, donde la amenaza del terrorismo internacional es prácticamente inexistente.

Las medidas antiterroristas que contiene el Plan México ignoran el hecho de que la amenaza a Estados Unidos y la que enfrenta México no son iguales ni en dimensiones ni en naturaleza, como tampoco son sus contextos políticos. México está emergiendo de un dominio autoritario, con muchas instituciones y prácticas no democráticas todavía intactas y señales crecientes de un regreso a la impunidad y el mando de caciques políticos.

Obligar a México a adoptar medidas antiterroristas de emergencia, entre ellas vigilancia interna, intervención telefónica, cateos sin orden judicial -la "ley Gestapo" (que así la llamaron algunos medios de información mexicanos) propuesta por el gobierno de Calderón y que fue retirada ante el clamor popular- y a definir las protestas sociales como actividades delictivas, podría lastimar las frágiles protecciones a las libertades civiles y a las instituciones democráticas. La Iniciativa Mérida asigna fondos a sistemas de espionaje dirigidos contra la ciudadanía, y equipo de vigilancia. Las reformas dictadas obedeciendo al ASPAN han autorizado el arresto domiciliario y otras medidas consideradas como infracción a los derechos civiles pero que son comunes hoy en Estados Unidos bajo la Ley de Patriotismo (llamada en EEUU "Patriot Act").

Como la definición de "terrorismo" del gobierno de EEUU es tan amplia y ambigua, el modelo de guerra antiterrorismo ha llevado a cambios, tergiversación y rebasamiento de funciones, y a ataques contra la disidencia nacional. La iniciativa de cooperación para la seguridad regional representa un peligroso escalón en el avance de ese proceso.

La Iniciativa Mérida intensifica el conflicto fronterizo proyectando la inmigración a través del mismo lente militar con el que se proyecta el terrorismo y el crimen organizado. Al hablar de "seguridad fronteriza" y combatir explícitamente los "flujos de bienes y personas ilegales", la iniciativa equipara trabajadores migrantes con contrabando ilegal y amenazas terroristas. Lo anterior pasa por alto tanto las causas primarias de la emigración mexicana como la demanda de mano de obra inmigrante que existe auténticamente en Estados Unidos.

En las Declaraciones Conjuntas de la Iniciativa Mérida se lee "Nuestro propósito compartido es aumentar al máximo la eficacia de nuestros esfuerzos para combatir las organizaciones criminales -de tal manera que se desorganice el narcotráfico (incluyendo precursores químicos), el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas y el contrabando de efectivo, y el tráfico de seres humanos."

Los millones señalados para el Instituto Nacional de Migración se concentran en extremar las restricciones en la frontera sur de México mediante el monitoreo, recolección de datos biométricos y un control fronterizo y programa de trabajadores huéspedes especial para los guatemaltecos. Históricamente, México ha ofrecido refugio a los centroamericanos aceptándolos dentro de su sociedad. Eso ha venido cambiando a medida que el gobierno de EEUU ha presionado a México para que intercepte a los migrantes centroamericanos antes de que puedan llegar a la frontera norte.

El Plan México acelera ese proceso y eleva la participación mexicana en detener también a sus propios migrantes en su frontera norte. Colocar la inmigración en el mismo nivel de las amenazas terroristas ya ha servido para promover la estrategia de militarización de la frontera norte del gobierno de Estados Unidos. La frontera México-EEUU proporciona un caso de estudio de cómo los programas antiterroristas de EEUU conducen a la militarización, la pérdida de soberanía nacional y las violaciones a los derechos humanos e incluso la muerte de los migrantes. Para los trabajadores mexicanos cesados con motivo del acuerdo del libre comercio entre Estados Unidos y México, ser obstruidos y atrapados en la frontera por su propio gobierno es una ironía cruel.

La inmigración ilegal no es un problema que se solucione con medidas de seguridad draconianas. Hasta ahora, nuestra experiencia con las medidas militares para la seguridad fronteriza demuestra que son extremadamente costosas, y la criminalización de los inmigrantes conduce a un aumento de hostilidad y violencia que va destruyendo las comunidades. La pérdida de mano de obra también perjudica a los negocios locales.

Una política mejor reconocería a los inmigrantes como el resultado de la integración económica, y realizaría ajustes al comercio, inversiones y programas de desarrollo comunitarios de acuerdo con ello en ambos países. La generación de empleos, el desarrollo de infraestructura local y los programas dirigidos a regular los flujos migratorios y prevenir los conflictos llegarían mucho más lejos para realzar la seguridad fronteriza a corto y largo plazo.

Reformar los sistemas judiciales y carcelarios mexicanos requiere la voluntad política de México, no el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Los $112 millones de dólares que se asignan para 2008 a la categoría de "estado de derecho" de la Iniciativa Mérida, a la procuraduría General de la República (mexicana) y otras agencias judiciales penales servirán casi todos para sistemas de tecnología de la información para centralización de los datos recopilados, laboratorios forenses y capacitación para el sistema judicial y el personal de su policía. Aunque haya quienes lo vean como la parte "inocua" de la iniciativa, estos programas plantean serias interrogantes en cuanto a su eficacia y pertinencia.

En primer término, para reafirmar el "estado de derecho", lo que México realmente necesita es la voluntad política -no recursos adicionales- para que funcionen las reformas. Sólo como ejemplo, el asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez se ha vuelto un caso conocido internacionalmente que ha recibido millones de dólares del gobierno mexicano y de organismos internacionales para resolver los crímenes. Se han formado y han desaparecido numerosas comisiones sin producir resultados.

Un equipo forense con tecnología de punta convocado para analizar la evidencia que no había sido destruida, elaboró un informe. Si bien concluyeron su investigación, el informe no se ha publicado. Los activistas pro derechos humanos cercanos a estos casos creen que podrían implicar a individuos poderosos en la esfera económica y política.

En segundo lugar, la legislación mexicana y el sistema judicial no son iguales a los existentes de Estados Unidos. Aunque los departamentos de policía y otras agencias tienen acuerdos de hace mucho tiempo para la capacitación y cooperación, muchos juristas mexicanos perciben este tipo de gran plan mediante el cual el gobierno de EEUU dé capacitación y reforme el sistema legal y judicial mexicano, como una intervención negativa. Los jueces mexicanos de la Suprema Corte y tribunales menores han emitido al público objeciones a los fondos de Estados Unidos para el sistema judicial mexicano. Durante años los miembros del sistema judicial mexicano han resistido intentos de instituciones financieras internacionales de imponerles programas de gobierno que ordenen reformar ese mismo sistema, no porque el país no necesite mejorar esta área (el sistema judicial mexicano es notablemente malo), sino porque solamente México puede renovar su propio sistema judicial. El Plan México irrumpiría a través de esa resistencia e impondría los planes y el entrenamiento provenientes de Estados Unidos tanto en el sistema judicial como en el de reclusorios.

El gobierno estadounidense haría mejor en ocuparse de mejorar su propio sistema legal en el esfuerzo conjunto por controlar el comercio ilícito de drogas y la delincuencia organizada. El hecho de que Estados Unidos es el mercado más grande para drogas ilegales indica un récord desconsolador en el control de la venta al menudeo, distribución y consumo de drogas ilícitas. Además se ha demostrado que en medidas como la sentencia obligatoria por delitos relacionados con drogas se ejerce discriminación racial y económica; basta considerar que los Afroamericanos constituyen el 13% de los usuarios y el 59% de los convictos. Las convicciones relacionadas con drogas, que suelen caer sobre los usuarios antes que sobre los tratantes y dirigentes del crimen organizado, han provocado sobrepoblación en las prisiones estadounidenses. Aunque este método no haya probado ser el más eficaz para lidiar con el problema, el sistema de reclusorios privatizados de EEUU crea incentivos de mercado para encarcelar usuarios casuales e inmigrantes; son parte, tanto el uno como el otro, de la Iniciativa Mérida. Lo anterior desvía recursos y atención de la persecución de cabezas de la delincuencia organizada y, en vista del ya peligrosamente sobrepoblado sistema carcelario mexicano, podría acabar en motines violentos.

La Iniciativa Mérida no representa una cooperación binacional auténtica

Varios miembros del Congreso (de EEUU) han anunciado la Iniciativa Mérida como heraldos de un paso sin precedentes hacia la colaboración binacional, y arguyen que el gobierno de Estados Unidos, al ofrecer a México el paquete de asistencia para combatir el crimen organizado, reconoce implícitamente la responsabilidad de EEUU por el comercio trasnacional de droga.

En la realidad, el Plan arroja la carga de la guerra contra las drogas sobre México y no contiene las medidas correspondientes de parte de EEUU para reducir su propio mercado, mejorar el control aduanero sobre el lado norte de la frontera, reducir la venta al menudeo y la distribución, eliminar el tráfico ilegal de armas, y perseguir legalmente el lavado de dinero, todos ellos problemas firmemente ubicados dentro de Estados Unidos.

Es más, aunque el presidente Calderón haya anunciado con orgullo la medida como ejemplo de que el gobierno de EEUU está dispuesto a asumir su parte en la lucha contra el narcotráfico y el aumento del crimen organizado, el grueso del presupuesto de la iniciativa nunca llegará a México. Además del 40% que se gastaría en los helicópteros militares y aeronaves de vigilancia, casi todo el resto del presupuesto se destina a contratistas de defensa y empresas de tecnología de la información (TI) en la forma de adquisición de equipo de inteligencia, programas cibernéticos y hardware, y capacitación. Una enorme parte de este presupuesto va directamente al sector privado de la defensa y TI estadounidenses y a su propio gobierno, no a las agencias mexicanas gubernamentales y de seguridad.

Mientras hay quienes atacan al Plan por los recursos que destina a un México "que no lo merece", el Plan México bien podría acabar siendo otra manifestación de patronazgo político al sector de la defensa privada estadounidense.

Amenaza a la soberanía mexicana

El Plan México contempla entrenamiento de la policía y fuerzas armadas mexicanas aplicando técnicas, tecnologías y prioridades de Estados Unidos. Pocas naciones aceptarían este arreglo en el área vital de su seguridad nacional. A medida que crece la red antinarcóticos, aduanera y de unidades de capacitación de EEUU en México, la capacidad de éste país para aplicar políticas fundadas en sus propias necesidades y prioridades nacionales disminuye proporcionalmente.

Los mexicanos siempre han sido muy protectores de su propia soberanía. Los funcionarios gubernamentales de EEUU a menudo consideran la reticencia mexicana a unirse a acciones militares y policíacas con Estados Unidos como una alucinación retrospectiva o "flashback" hipernacionalista, pero México ha conservado su neutralidad en asuntos exteriores y la opinión pública ve con escepticismo la política exterior de EEUU, sobre todo desde la invasión de Irak, y la mayoría prefiere un grado de autonomía con respecto a los intereses de seguridad estadounidenses.

El público de Estados Unidos rechazaría el Plan México si "se voltearan" los papeles: Imagínese el lector la siguiente columna de noticias en el diario matutino:

"El Plan Estados Unidos, completamente financiado por el gobierno mexicano, colocará agentes mexicanos para el combate a las drogas en las oficinas aduanales fronterizas y en puntos claves en el interior de los EEUU, entre ellos Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de intercepción telefónica, producido por SPY-MEX y supervisado por agentes de la inteligencia mexicana, supervisarán las comunicaciones privadas de los ciudadanos estadounidenses sospechosos de participación en la delincuencia organizada, mientras que aeronaves hechas en México sobrevuelan las comunidades que se cree, se ubican a lo largo de las rutas del narcotráfico. El Ejército de Estados Unidos, desplegado desde hace poco a las ciudades en toda la nación para librar la guerra contra las drogas, recibirá armamento y capacitación de México."

Periódicos y blogs estallarían con exclamaciones airadas de una reconquista mexicana y el sacrificio de la soberanía de Estados Unidos. Y sin embargo, no hay nada en el supuesto anterior que ya no se encuentre sobre la mesa con respecto a México.

Cuando, en su testimonio ante comités senatoriales mexicanos, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa mencionó las actividades antiterrorismo "para detectar terroristas que pudieran tratar de atacar a nuestro vecino", sus comentarios fueron de inmediato atacados por legisladores que los tomaron como prueba de que Estados Unidos busca imponer su propia agenda antiterrorista.

Si bien se ha descartado la presencia de tropas de EEUU en México, la sociedad civil mexicana ha comenzado a reaccionar ante lo que ven como una desproporcionada intromisión de Estados Unidos. El entrenamiento militar de EEUU conforme al Plan México ha levantado inquietudes a ambos lados de la frontera.

El papel de los contratistas privados en la implementación del paquete continúa sin aclararse y es motivo de consternación. Una fuente de seguridad afirma que Blackwater será probablemente el mayor beneficiario, pese a su menguado prestigio luego del ataque en el que tiroteó a civiles iraquíes. La corrupción en los contratos relativos a la compra tanto de entrenamiento como de equipo parece una certeza dadas las recientes experiencias en Irak.

Tampoco ayuda el hecho de que se le haya "prendido" a la petición de fondos suplementarios para Irak. Cualquier vínculo entre el Plan México y la doctrina de seguridad de EEUU de Bush tal como se aplica en Irak incrementa las suspicacias entre los políticos y el público mexicanos.

El Plan adelanta una estrategia geopolítica divisiva

Para la administración Bush, el Plan México tiene un papel explícito que desempeñar en su estrategia geopolítica comprensiva en el hemisferio. México es uno de solamente dos gobiernos de ultraderecha entre los principales países en el área. El otro, Colombia, ha recibido miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense, originalmente también como parte de una "guerra contra las drogas" que pronto se expandió a una alianza militar comprensiva. La insistencia del presidente Bush en instar a los demócratas a aprobar el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia en el contexto de la cumbre tripartita de líderes de América del Norte en Nueva Orleans, devela los objetivos geopolíticos subyacentes de la administración en Latinoamérica. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush, este tipo de alianza requiere adherirse a las premisas de esta doctrina, incluyendo ataques preventivos, acciones unilaterales y desdén del derecho internacional.

La administración Bush ha desarrollado una política de "con nosotros o contra nosotros" hacia los vecinos de Estados Unidos en América Latina. En diversos grados, ve la ola de gobiernos de centro izquierda (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza a sus intereses estratégicos. Las medidas para modificar las economías internacionales de mercado, aumentar la participación del estado en la redistribución de la riqueza y el control público de los recursos naturales y servicios básicos, y las reformas constitucionales para reconocerles derechos a los pueblos indígenas generalmente se consideran contrarios a los intereses de Estados Unidos.

La administración y los "centros de investigación y estudio" de la derecha que han desarrollado dicha estrategia formulan de manera explícita las políticas hemisféricas de seguridad en términos de la hegemonía de EEUU Thomas Donnelly, del American Enterprise Institute llama al Hemisferio Occidental "la tercera frontera de Estados Unidos" y argumenta que la hegemonía de nuestro país en el hemisferio es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos."

Stephen Johnson, secretario auxiliar adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental en la Secretaría de Defensa, estableció recientemente la conexión entre el Plan México y el esfuerzo de Washington de recobrar su influencia en un escenario geopolítico elusivo.

"Si bien parece existir un apoyo rápido y espontáneo hacia la participación con Estados Unidos, hay estados desafiantes como Venezuela y Cuba, y hasta cierto grado Bolivia y Ecuador. Por ahora, Venezuela y Cuba son claramente hostiles a Estados Unidos, la democracia al estilo occidental, los mercados, e intentan activamente contrarrestar nuestra influencia. Nuestro reto está en no enfrentarlos directamente, sino preferir trabajar mejor colaborando con nuestros aliados democráticos y vecinos amistosos."

Estados Unidos ve el Plan México como una oportunidad histórica para ganar influencia militar en México y utilizarla como plataforma en la batalla ideológica con Venezuela, Cuba y los demás. Esta es una estrategia peligrosa y testaruda para las relaciones internacionales en el hemisferio, en donde el respeto mutuo y la autodeterminación debieran ser los principios guía para una paz duradera. Asimismo compromete las relaciones de México con sus vecinos del sur.

La relaciones internacionales sólidas debieran basarse en mecanismos de cooperación entre las naciones en donde cada una ha establecido políticas de seguridad nacional con fundamento en sus propias necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad civil a ambos lados de la frontera es el alcance del Plan México para transformar la relación binacional, para crear lo que la administración Bush llama "un nuevo paradigma para la cooperación por la seguridad."

La oposición al Plan México

Pese a la falta de información al público, muchas organizaciones se han manifestado en contra de la Iniciativa Mérida. No bastando la incertidumbre acerca de la eficacia del modelo de guerra contra las drogas, para eliminar el narcotráfico, una de las críticas más intensas y frecuentes versa sobre el pésimo historial en cuanto a derechos humanos y corrupción de los elementos de seguridad mexicanos que recibirían directamente la asistencia. Numerosas organizaciones en pro de los derechos humanos a uno y otro lado de la frontera fundamentan su oposición al Plan sobre casos de violaciones flagrantes a derechos humanos que nunca fueron investigadas y ni llevadas a juicio. Unos cuantos ejemplos bastan para ilustrar su preocupación:

En una carta de abril de 2008 a William Delahunt, del Subcomité de Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Vigilancia de la Cámara de Representantes, la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations-Federación Laboral Estadounidense y Congreso de Organizaciones Industriales) estableció su oposición a la Iniciativa Mérida, mencionando "infracciones sistemáticas y a menudo violentas contra los derechos laborales básicos, y nombrando específicamente dos casos: El primero es el asesinato del dirigente del Foro Laboral del Obrero Campesino en México, Santiago Rafael Cruz, del que las autoridades no hicieron seguimiento alguno, e ignoraron la evidencia indicativa de la relación entre el homicidio de Cruz y sus actividades sindicales. El segundo involucra un "ataque a gran escala contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares por la administración calderonista y el conglomerado minero Grupo México, en el que tres sindicalistas fueron asesinados sin que siguiera investigación ni intervención de fiscalía alguna, así como la falta de seguimiento alguno respecto a la responsabilidad del conglomerado en la muerte de 65 mineros en una explosión en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006.

La AFL-CIO es la mayor confederación sindical de Estados Unidos, que comprende sindicatos tanto nacionales como internacionales, incluso canadienses.

La carta afirma: "Sin mejorías significativas y concretas de los mecanismos institucionales para hacer salir a la luz a los criminales, sin capacitación en derechos humanos y el establecimiento de una supervisión civil efectiva, lo más probable es que fondos adicionales a estos elementos de seguridad agraven la corrupción y la violencia."

En 2006, las protestas ciudadanas de Oaxaca, estado del sur de México -en donde se unieron maestros sindicalizados, estudiantes, pueblos indígenas y ciudadanos- fueron reprimidas con lujo de fuerza por los elementos de seguridad federales y estatales. Grupos paramilitares y francotiradores mercenarios participaron también en un esfuerzo concertado para derrotar al movimiento que buscaba la salida del gobernador del estado -él mismo acusado de fraude y actos violentos- y mejorar las condiciones laborales de los maestros y las condiciones de vida en las comunidades en las que trabajan. Organizaciones de derechos humanos documentaron el asesinato de 23 personas, así como cuantiosos casos de abusos, maltratos, tortura, detenciones arbitrarias y encarcelamientos sin motivo. A la fecha continúan los asesinatos de los líderes del movimiento y el número de muertes ha subido a 62 de acuerdo con la CCIODH. Entre ellos se contó el asesinato del periodista estadounidense Brad Will; los homicidas fueron capturados en video. A pesar de la evidencia, el estado se ha negado a investigar seriamente el caso o a procesar a quienes perpetraron los crímenes, y el Procurador General de la República declaró cerrado el caso. Grupos de Estados Unidos se oponen a la asignación de fondos a fuerzas de seguridad mexicana basándose en este caso, y otros similares, que siguen sin solución.

Otros casos notorios incluyen los feminicidios en Ciudad Juárez y la tortura y violaciones de manifestantes de la comunidad campesina de San Salvador Atenco bajo custodia policiaca en 2006, y el de la periodista Lydia Cacho, quien fue arrestada y psicológicamente torturada después de escribir un libro en el que reveló la participación de importantes industriales y políticos en una red de pedofilia.

Desde que se le despachó a librar el combate al narcotráfico, el ejército mexicano ha acumulado una cantidad alarmante de denuncias de abusos contra derechos humanos, entre ellos varios incidentes de tiroteos fatales en puntos de inspección, estupros y brutalidad. El Informe para 2007 del Departamento de Estado de EEUU sobre Derechos Humanos en México resalta informes de participación de las fuerzas de seguridad en "homicidios cometidos [por estas fuerzas]; secuestros, varios de ellos perpetrados por la policía; maltratos físicos, pésimas condiciones de vida y sobrepoblación en reclusorios y cárceles; arrestos y detenciones arbitrarias; corrupción, ineficiencia y falta de transparencia del sistema judicial; confesiones obtenidas por maltrato físico permitidas como evidencia; ... corrupción en todos los niveles de gobierno; violencia contra las mujeres que llega hasta su asesinato..."

En febrero y marzo de 2008, la CCIODH investigó el estatus de abusos relativos en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca, y en Atenco (Estado de México). La Comisión realizó más de 650 entrevistas con víctimas de abusos. Su conclusión: "La CCIODH sostiene que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más extensa que se caracteriza por un patrón de comportamiento común y continuo de parte de las diferentes autoridades federales, estatales, y en algunos casos, locales. Este modelo de comportamiento puede considerarse como la política del estado."

El argumento de los grupos contrarios al Plan México no es que -dado el estado deplorable de sus sistemas policíacos y judiciales- México no merezca el paquete de asistencia estadounidense, como si fuera una suerte de premio por buena conducta. El problema es el tipo de ayuda que contempla el Plan México. Aumentar los poderes de instituciones corruptas y abusivas (y enriquecerlas) antes de reformarlas, empodera a quienes perpetran los abusos y potencialmente profundiza y consolida la corrupción.

Uno de los principales grupos pro derechos humanos en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirma: "La Iniciativa Mérida se caracteriza por una falta de perspectiva de los derechos humanos, un enfoque de seguridad humana que confunde la seguridad de los estados con la seguridad de los seres humanos... Ya es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar políticas miopes como ésta."

La necesidad de un Plan diferente

México se encuentra en una coyuntura crítica. Sus débiles instituciones democráticas se vieron sacudidas y desacreditadas por su respuesta inadecuada a la polarización electoral y a una vasta inequidad social que condena a millones a la pobreza y a la emigración. Las violaciones a los derechos humanos caracterizan todavía a gran parte de los organismos policíacos. El sistema judicial permanece atado a poderosos intereses, y le falta independencia del gobierno federal y gobiernos estatales y municipales.

México puede recoger el desafío de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede recaer en el dominio de la fuerza y el autoritarismo.

En esta coyuntura crítica, la Iniciativa Mérida significaría una regresión potencialmente devastadora.

Enfrentado a un problema real -la fuerza de los carteles de la droga en México y Estados Unidos- el Plan México propone soluciones que reproducen la lógica de la fuerza y el control patriarcales que sostienen a los cárteles de la droga; y luego aplica esas soluciones no sólo a una sangrienta batalla frontal con los narcotraficantes, sino a una multitud de complejas amenazas a la seguridad con profundas raíces en la sociedad mexicana.

Antes de poner el ejército en las calles -con todos los riesgos legales, políticos y prácticos que ello implica- el aumento dramático de la drogadicción en México debería ser tratado como una epidemia y atacado de inmediato a través de la educación, opciones para los jóvenes y rehabilitación. La guerra contra las drogas de Calderón incluye la construcción de centros de tratamiento, pero se concentra en el suministro y la aplicación de leyes, y el Plan México propone exclusivamente medidas de aplicación de leyes. Hasta hoy la principal consecuencia ha sido el desatamiento de la violencia en la mayoría de las regiones del país. La muerte, arresto o extradición de capos ha hecho estallar batallas por la sucesión y ha renovado la guerra por territorios. Entre tanto, no queda claro si el precio y la disponibilidad de drogas ilícitas se han visto afectados en los mercados estadounidense y mexicano.

Estados Unidos y México debieran rechazar asignaciones de fondos que hacen hincapié en una solución militar a su dependencia conjunta de la droga. Irónicamente, la parte de la política de Nixon sobre drogas que realmente funcionó -la expansión de servicios de tratamiento- es la única que ha sido menos imitada. El arma policíaco-militar de la "guerra contra el narco" no sólo ha sido un fracaso sino que amenaza a los mismos valores sociales que afirma defender.

La prioridad debe ser desarrollar planes y mecanismos nacionales de coordinación binacional que funcionen y cuyos efectos secundarios -como militarización, violación de derechos humanos y sofisticación de los elementos delictivos- no neutralicen los beneficios. Si algo se sabe de conflictos armados, es que no importa a qué lado se arme -y las armas acaban invariablemente en ambos lados: se produce una escalada de violencia.

El alcance cabal de la Iniciativa Mérida refleja el enfoque militar/policíaco de la administración Bush en materia de seguridad internacional, precisamente cuando esas estrategias han bajado en popularidad dentro de Estados Unidos. Cualquier administración entrante debe estar en libertad de desarrollar políticas nuevas y más eficientes con uno de sus vecinos más cercanos, en lugar de encontrarse atrapada en políticas fallidas e impopulares impuestas por la administración saliente.

Las principales organizaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos ya se manifestaron contra la Iniciativa Mérida, y pronto el Congreso de EEUU votará sobre ella. Para esquivar las trampas ocultas en esta política, un plan binacional más eficaz será el que se enfrente a las causas fundamentales, desarrollar mecanismos de coordinación binacional, y asumir las responsabilidades y obligaciones de Estados Unidos.