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¡Condena histórica!
por el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego

A sólo 17 días del IX aniversario de la fundación del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá-Héctor Gallego, COFADEPA-HG, a un mes de cumplirse los 40 años del inicio de la larga y sangrienta noche tenebrosa de la historia patria (11 de octubre de 1968), bajo la total indiferencia de algunos llamados civilistas y de la falsa oposición, y en medio del jolgorio electorero en que se encuentran sumergidos los partidos políticos burgueses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH ha condenado al Estado panameño el 12 de en el caso de Heliodoro Portugal por su violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y los derechos humanos de sus familiares; por violar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al dejar de tipificarlo debidamente dicho delito, así como ha incumplido su obligación de tipificar el delito de tortura, según lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Heliodoro Portugal fue secuestrado por la policía política del régimen torrijista cuando en mayo de 1970 se encontraba en el “Café Coca Cola” ubicado en el céntrico barrio de Santa Ana, Panamá. Agentes del G-2 de la Guardia Nacional vestidos de civil lo obligaron a montar un vehículo que se fue sin rumbo conocido. Bajo el régimen dictatorial y sin garantías constitucionales ni respeto a las libertades individuales, no había ante quien denunciar estos hechos. En septiembre de 1999 sus restos fueron encontrados en el antiguo Cuartel de “Los Pumas” de la GN en Tocumen mientras se buscaban los restos del también desaparecido sacerdote Héctor Gallego. Testigos presenciales señalan que Portugal fue llevado a una casa de torturas del G-2 donde se le interrogaba sobre presuntos vínculos con el dirigente izquierdista Floyd Britton, quien fuera asesinado por la GN durante el gobierno de Torrijos en la Isla Penal de Coiba y cuyos restos aún no han sido encontrados.

Cegados en su juerga electorera, políticos de gobierno y oposición parecen ignorar o son incapaces de entender el significado histórico de esta sentencia al Estado panameño.

En dicha sentencia el Estado panameño está obligado a) a reconocer su violación a los derechos humanos y Publicar dicha sentencia en la Gaceta Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional; b) a realizar “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con las violaciones declaradas en esta Sentencia”; c) a brindar atención médica y psicológica a los familiares de la víctima de sus violaciones; d) a adecuar en un plazo razonable su derecho interno y “tipifique los delitos de desaparición forzada y tortura, en los términos y en cumplimiento de los compromisos asumidos en relación a la Convención sobre Desaparición Forzada y la Convención contra la Tortura ”; e) a “investigar los hechos que generaron las violaciones” del caso Portugal “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”; f) a la reparación económica de sus deudos.

Esta sentencia pone en la picota al régimen militar y va desbrozando el camino de la verdad histórica que le permite a los pueblos de América Latina y a las nuevas generaciones de panameños, ver al régimen militar de Torrijos y Noriega como lo que realmente fue: una dictadura brutal y entreguista guiada por la Doctrina de Seguridad Nacional que aplicó medidas contrainsurgentes y desplegó con saña los métodos de terrorismo de Estado aprendidos por sus agentes en la Escuela de las Américas regentada por el Comando Sur de ejército de EEUU.

Por otro lado, esta sentencia abre las puertas al esclarecimiento y enjuiciamiento de los crímenes del régimen militar ante la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los 110 casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales verificados por la Comisión de la Verdad de Panamá, así como por los miles de perseguidos, torturados y desterrados, con lo cual su naturaleza criminal quedará totalmente al descubierto.

COFADEPA-HG se congratula por esta sentencia y reafirma su determinación de no cejar en su lucha y esfuerzos por encontrar a los desaparecidos, lograr justicia mediante investigaciones serias e imparciales que permitan encontrar los hechos reales de lo ocurrido en cada uno de los casos, enjuiciar a los culpables, develar la verdad y lograr finalmente la condena judicial, política e histórica del régimen militar.

No podemos concluir sin manifestar nuestro total repudio a los intentos del actual gobierno PRD-DC por revivir aquellos aciagos días mediante los Decretos Leyes que recrean el aparato del tenebroso G-2, la militarización de la Policía Nacional y la complicidad lacayuna con la política guerrerista de EEUU en la región manifiesta con la adhesión al Plan Mérida y los acuerdos que vienen haciendo a espaldas del pueblo panameño.