opiniones

Sobre la política de
seguridad del estado
por el Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-Panamá)

El Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-Panamá) manifiesta ante la opinión pública su posición ante la reciente expedición de Decretos-Ley que introducen cambios en la legislación de seguridad del país, lo que incluye la creación de nuevas instancias, tales como los Servicios Nacionales de Fronteras, Aeronaval y de Inteligencia.

En efecto, el gobierno nacional aprobó los Decretos-Ley Nos. 5 y 6 de 18 de agosto de 2008, que incorporan modificaciones a la Ley de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI) para permitir que personas que han realizado su carrera profesional en estas instituciones puedan dirigirlas, a diferencia del texto anterior que sólo abría esta posibilidad para civiles. En las nuevas disposiciones se aumenta de ocho a doce el número de escoltas a expresidentes de la República.

Los Decretos-Ley Nos. 7, 8 y 9 de 20 de agosto de 2008 crean el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN, una fusión del Servicio Aéreo con el Servicio Marítimo) y el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), así como introducen reformas a la estructura del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.

El SENIS podría obtener, tanto de instituciones públicas como privadas, "información básica" relativa a personas naturales o jurídicas, salvo aquélla que requieran de autorización judicial. Asimismo, "obligan a los operadores de servicios informáticos y de telecomunicaciones a mantener en sus archivos, registros que identifiquen a sus clientes y los servicios prestados a personas naturales y jurídicas".

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional se creó a raíz de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1990 y coloca, con esta reforma, al Director del SENIS como su Secretario Ejecutivo e incorpora a los directores de los nuevos "Servicios" al Comité de Información y Seguridad del SENIS.

Tomando en cuenta que el Ejecutivo expidió estos Decretos en uso de sus facultades legislativas extraordinarias otorgadas por la Asamblea Nacional mientras ésta se encontrase en receso y que estuvo, también, sujeto a la presión de diversos sectores sociales que acusaron de inconstitucionales estas reformas, el Ejecutivo se vio forzado a remitir a la Asamblea de Diputados otros aspectos que tienen relación con la interceptación de llamadas y actividades conexas, para que dicha Asamblea considerara su aprobación a través de Leyes de la República.

Más allá de las críticas realizadas por los sectores que acusan al gobierno de Martín Torrijos de propiciar el "retorno del militarismo" a través de la aprobación de estos Decretos-Ley (habida cuenta del protagonismo militar en nuestro país entre 1968 a 1989) consideramos que estas nuevas propuestas se inscriben dentro de una política de remilitarización de América Latina, promovida por Estados Unidos desde la década de los noventa con la aprobación del Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y, recientemente, el Plan Mérida. Estos proyectos, con la excusa de combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región, pretenden anular la soberanía nacional y privatizar y entregar a empresas transnacionales los recursos naturales de nuestros países (agua, bosques, energía y corredores biológicos), así como garantizar las inversiones extranjeras en los megaproyectos a través de mecanismos más sofisticados de represión de la protesta social y los movimientos populares.

No otra explicación tienen las leyes antiterroristas promulgadas en la región y la proliferación de bases y centros de proyección de fuerzas militares de Estados Unidos, tales como la activación de la Cuarta Flota y la base de Manta, en Ecuador, la cual debe ser desmantelada a fines de 2009 por decisión de su presidente, Rafael Correa, con el consiguiente peligro de que pretenda reubicarse en otros Estados, posibilidad de la cual no se excluye a Panamá.

La despiadada, injusta e ilegal invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989 trajo consigo la desaparición de las Fuerzas de Defensa de Panamá, situación que se legitimó con la reforma constitucional de 1993 y 1994 que prohíbe un ejército nacional en nuestro país.

Bajo un régimen de ocupación militar, Estados Unidos le impuso a Panamá el Arreglo Arias Calderón-Hinton de 1991, que contempla el apoyo y asistencia de su Servicio de Guardacostas al Servicio Marítimo Nacional panameño en la lucha contra el narcotráfico por mar, pero que abre el camino a la libre incursión del primero en el espacio marítimo e insular de Panamá, con la consiguiente violación de la soberanía nacional. Ya "en democracia", Estados Unidos ensayó su retorno militar a Panamá durante las negociaciones del Centro Multinacional Antidrogas (CMA), que naufragó por el rechazo nacional e internacional a dicho esquema en 1999.

Los planes de Estados Unidos de hacer prevalecer su supremacía militar en un Panamá "sin ejército" se profundizaron tras los hechos del 11 de septiembre de 2001. Con ese fin se inscribe la firma del Arreglo Complementario 2002, que amplía las potestades arrancadas a Panamá en el Arreglo Arias Calderón-Hinton de 1991. El Arreglo Complementario 2002, también conocido como Tratado Salas-Becker, fue suscrito el 5 de febrero de 2002 en total secreto y no fue enviado, tal como lo exige la Constitución Nacional , a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo (fue firmado y publicado en la Gaceta Oficial en medio de los Carnavales de ese año).

El Tratado Salas-Becker amplía extraordinariamente la presencia militar de Estados Unidos en Panamá al incluir su libre incursión en los espacios marítimo, insular, aéreo y terrestre de Panamá. No se trata ya del Servicio de Guardacostas sino de todas las ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, así como de terceros Estados, en territorio panameño. Al amparo del Tratado Salas-Becker han sido capturadas varias naves de bandera panameña por el Servicio de Guardacostas, confiscados sus cargamentos y enviados a Estados Unidos sus tripulantes sin ningún respeto hacia la jurisdicción nacional, donde han sido encarcelados injusta e ilegalmente, tal como es el caso del Perseus V.

Mientras que, en el caso del Perseus V, Estados Unidos sostiene que obtuvo la autorización para arrestar a los siete marinos panameños y el gobierno de Panamá lo niega, los siete panameños fueron condenados a severas penas sin el debido proceso y sin recibir los auxilios del gobierno de Martín Torrijos. En total, aproximadamente quince panameños padecen condenas en Estados Unidos y en Guantánamo, abandonados en un limbo jurídico.

Por otra parte, Estados Unidos también concretó con el gobierno de Mireya Moscoso la Enmienda Escalona-Bolton de 2004, una ampliación del Tratado Salas-Becker que permite a Estados Unidos y otros países aliados de esta superpotencia abordar y controlar naves de bandera panameña en cualquier parte del mundo con el pretexto de su guerra contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Ya una nave de guerra de Holanda detuvo otra de bandera panameña y retuvo su cargamento en las proximidades de Honduras, fruto de lo cual sus tripulantes también fueron sentenciados y cumplen condena en Estados Unidos, sin que al parecer mediara autorización específica por parte de Panamá.

Los citados arreglos configuran una ocupación y una tutela militar impuesta e inaceptable de Estados Unidos sobre Panamá e implican que la seguridad nacional panameña se encuentra sometida a a los requerimientos de la seguridad nacional de Estados Unidos.

La militarización de un país no se produce sólo por la vía del fortalecimiento de sus fuerzas armadas, ya que la misma puede darse a través de un aparato policíaco que, con el pretexto de la seguridad, haga exactamente lo contrario y termine restringiendo o suprimiendo los derechos civiles y políticos, la libertad de los ciudadanos.

En Panamá se han venido dando pasos hacia esta remilitarización bajo gobiernos "civiles" y "democráticos" (no militares), desde Endara, Pérez Balladares y Mireya Moscoso, hasta Martín Torrijos, como lo fueron el Acuerdo Arias Calderón-Hinton, el proyecto del CMA, el Tratado Salas-Becker, la expedición de la Ley antiterrorista de 2003; las Maniobras Panamax, de aire, mar y tierra, desde el año de 2003 hasta agosto de 2008 con el propósito de "proteger a Panamá y el Canal ante un posible ataque terrorista y del narcotráfico". Las Maniobras Panamax constituyen unos ejercicios anuales, ordenadps, financiados y jefaturados por el Comando Sur; con participación del Comando Norte y la OTAN pero que están en conflicto con nuestra Constitución Nacional y el Tratado de Neutralidad;. La remilitarización de Panamá también se refuerza con el envío periódico y creciente de nuestros policías a la Escuela de las Américas para recibir entrenamiento militar, así como con la Ley de 2007 que adscribe la investigación criminal a la Policía Nacional a través de la creación de la DIJ ; y, ahora, los recientes Decretos-Ley que, a nuestro juicio, reorganizan los aparatos de seguridad del Estado bajo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Es imposible contar con una legislación sobre seguridad ciudadana en Panamá mientras subsistan los acuerdos militares que someten a nuestro país al control estratégico de Estados Unidos, que exige la contención y la represión de los movimientos populares que reclaman una mayor democracia participativa en defensa de los recursos naturales y la soberanía.

El Decreto-Ley que crea el Servicio Nacional de Inteligencia tiene mucho en común con la Ley Patriótica estadounidense de 2001 que interviene en la vida privada de los estasdounidenses y conculca sus libertades ciudadanas.

Las medidas dirigidas a fortalecer el aparato de seguridad estatal coinciden curiosamente con la "campaña de mano dura" de un precandidato presidencial que ha pretendido ganar adeptos aprovechándose de la honda preocupación de los panameños por los crecientes niveles delictivos en el país.

El problema de la delincuencia requiere un análisis serio, equilibrado y en base a estadísticas reales; que tome en cuenta la opinión de los diversos sectores sociales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos; que implique un compromiso de los medios de comunicación de evitar mensajes que constituyan apología de la violencia y de promover una cultura de respeto; que la política criminal que se elabore como consecuencia de ese análisis sea parte de la política social del Estado, dirigida a crear más y mejores oportunidades a los jóvenes y una mayor justicia distributiva de la riqueza social.

Por lo tanto, el Servicio de Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) estima que los Decretos-Ley de Seguridad deben ser revisados en su totalidad por la Asamblea Nacional , en un debate verdaderamente nacional que tome en cuenta la opinión de todos los sectores sociales, pues su propósito no es resolver el problema de la delincuencia como dice el Ejecutivo, sino fortalecer el poder represivo del Estado, de cara a garantizar la implementación de los megaproyectos de las transnacionales extranjeras en nuestro país.

Como dice el Nobel de la Paz y nuestro Presidente Honorario, Adolfo Pérez Esquivel: "Muchas veces con el pretexto de la seguridad se condena la libertad… La policía debe ser una fuerza al servicio de la comunidad, pero la han transformado en una fuerza de represión contra el pueblo… La paz no es la ausencia de conflictos, es una dinámica permanente de vida…, de cómo nos podemos respetar unos a otros, en las diferencia y no en la uniformidad del pensamiento único".