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Organizaciones rechazan megaproyectos mineros
por Adital

Organizaciones guatemaltecas y mexicanas, reunidas en los días 6 y 7 de diciembre de 2008, en Mazapa de Madero, en la región de la Sierra Madre de Chiapas, rechazaron la explotación minera y los megaproyectos transnacionales llevados a cabo en sus países. En declaración dirigida a los pueblos de Guatemala y México, a las organizaciones democráticas e independientes, a los organismos defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación, expusieron sus reflexiones acerca de la situación.

Las organizaciones expresaron que la actividad minera encabezada hoy por las empresas transnacionales, no trae desarrollo, ni empleos, ni beneficios de ningún tipo a sus pueblos, sino un saqueo vergonzoso de sus recursos naturales. Señalaron que su forma salvaje de explotación solamente trae daños graves a la salud de la población, así como una contaminación irreversible de ríos, lagos, pozos, aguas subterráneas, tierras y aire, debido al uso diario de muchas toneladas de diferentes explosivos y sustancias tóxicas altamente peligrosas.

Además, las entidades destacaron que la mayor parte de los lugares en donde pretenden realizar actividad minera es en las montañas y sierras de donde nacen los ríos y acuíferos que serán gravemente envenenados con diferentes sustancias tóxicas:

"Al usar millones de litros diarios de agua, las minas constituyen una seria amenaza para la conservación de las reservas de agua subterránea y corriente, sin las cuales no podemos vivir".

Otros problemas provocados por esos proyectos mineros son la división y los conflictos sociales en las comunidades, así como corrupción de personas y autoridades de distintos niveles. Las organizaciones enfatizan que los pocos empleos generados por esas transnacionales no alcanzan todos y se trata de trabajos muy peligrosos, temporales y de algo riesgo.

Los pueblos denuncian que las actividades mineras son amparadas por los gobiernos de ambos países. Según ellos, las transnacionales "utilizan cualquier pretexto o fabrican acciones violentas, con el fin de justificar una militarización de las zonas con recursos mineros para ejercer el control social que necesitan las transnacionales para su actividad minera".

A causa de todo eso, las organizaciones acordaron en rechazar planes y políticas actuales y futuros que pretenden despojar sus comunidades de sus recursos naturales, así como someterlas a megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá (PPP). Además, declararon lesivas para sus pueblos las licencias de minería a cielo abierto, autorizadas ilegalmente en sus territorios, y exigieron su cancelación.

"Hacemos un llamado a todos los pueblos y comunidades, a reconstruir el tejido social para fortalecer la unidad y solidaridad como valores que nos den la suficiente energía y fuerza para enfrentar esta amenaza global, a la que debemos darle una respuesta global, sin fronteras", señalan en la declaración.