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Declaración
de jesuitas sobre políticas de inmigración
Declaración
de los jesuitas de Europa y Latinoamérica-Caribe
Las
políticas europeas de inmigración priman la seguridad
en detrimento de la libertad y la justicia de los inmigrantes
Con
motivo de la próxima (18 de diciembre) celebración de
la Jornada Mundial del Migrante -que conmemora la firma de la
Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias
(1990)-, las delegaciones del apostolado social jesuita de Europa y
Latinoamérica-Caribe denuncian las actuales políticas
europeas de inmigración y asilo y más en concreto la
Directiva de Retorno y el Pacto europeo sobre la inmigración y
asilo.
Para
los jesuitas, el Pacto europeo y la directiva citados, "priman
la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia (...) por más
que proclamen el respeto a todos los instrumentos internacionales que
garantizan los derechos humanos; y aunque pretenden la integración
social de inmigrantes legales y refugiados, garantizando el disfrute
de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes". En concreto,
denuncian:
-
"La
regulación de la salida obligatoria y de la expulsión
de migrantes en situación irregular (...) no considera las
amenazas a los derechos humanos en sus países de origen, ni
obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar asistencia
letrada efectiva".
-
"Los
plazos fijados para el ‘retorno voluntario’ (entre 7 y 30 días)
lo vuelven inviable en condiciones de seguridad jurídica (…)
y permite el internamiento de migrantes en proceso de expulsión
sin suficiente control judicial, y con un plazo (6 meses,
prorrogables hasta 18) desproporcionado para las necesidades de
identificación y aseguramiento del proceso".
-
"Las
prohibiciones de reingreso (hasta 5 años) impiden (…) que
la persona pida asilo en la UE por causas sobrevenidas tras su
retorno al país de origen". "La regulación
de los retornos en frontera excluye cualquier garantía
jurisdiccional y bloquea de hecho la petición de asilo".
-
"Tal
como se regula la repatriación de menores de 18 años a
sus países de origen (para entregarlos a sus padres o
tutores, o a instituciones de acogida de menores) no garantiza el
interés superior del menor".
Como
no hay margen político para modificar los términos de
la Directiva de Retorno, los jesuitas "confiamos en que se pida
justicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) para hacer prevalecer el Derecho internacional público,
el Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho
humanitario cuando se apliquen las normas de los Estados miembros que
traspongan la Directiva". Y piden a los países de la UE
que tomen distancia de las exigencias coyunturales del mercado de
trabajo, tengan presentes las necesidades estructurales de las
sociedades europeas en términos demográficos y centren
su mirada en los más vulnerables y sus derechos.
Madrid
y Rio de Janeiro, 11 de diciembre de 2008
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