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Vol. 15, No. 11
29 de junio, 2009

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En Honduras...
Golpe de estado destituye a Zelaya e impide realización de consulta popular
por Adital

Las diversas denuncias de movimientos sociales y ciudadanos hondureños del inminente golpe de estado en Honduras no impidieron que el acto se concretizara en el país. En la mañana de ayer (28 de junio), el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado de su residencia y llevado a una base aérea en Tegucigalpa, capital hondureña. Desde allá, fue trasladado a Costa Rica, donde fue recibido como Jefe de estado constitucional por el presidente Óscar Arias.

Después de la destitución de Zelaya, el Congreso Nacional de Honduras, en una sesión de emergencia, aprobó el decreto en el cual destituyó a Zelaya y nombró a Roberto Micheletti -presidente del Congreso- como nuevo mandatario hasta el 27 de enero de 2010, fecha en que termina el mandato de Zelaya.

En la ocasión, José Alfredo Saavedra -secretario de la Cámara Legislativa y, ahora, presidente del Congreso- leyó un decreto legislativo en el cual el primer artículo establece que el Congreso Nacional reprueba las aptitudes de Zelaya y lo retira del cargo de presidente.

"El Congreso Nacional en la aplicación de la Constitución de la República acuerda en lo literal A: reprobar la conducta del ciudadano presidente de la república, Manuel Zelaya, por sus reiteradas violaciones a la Constitución de la República y a las leyes, y la no observación de las resoluciones y órdenes de los órganos jurisdiccionales", se indica.

Micheletti asumió la presidencia con la aprobación de la mayoría de los diputados del Congreso y garantizó que las próximas elecciones presidenciales se realizarán en noviembre de 2009, conforme lo que ya había sido convocado por el Tribunal Supremo Electoral. Para evitar posibles disturbios que perturben el proceso de transición presidencial, Micheletti decretó el toque de queda para las próximas 48 horas.

El golpe de estado fue realizado momentos antes de que el país iniciara la consulta popular. El presidente legítimo de Honduras, electo por el pueblo en 2006, Manuel Zelaya, había convocado a una encuesta popular a realizarse el 28 de junio, donde los hondureños y hondureñas decidirían sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre. Si fuere aprobada, la urna preguntaría a la población si estaba a favor o en contra de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución para el país.

La iniciativa de Zelaya generó una polarización en Honduras. Mientras los movimientos sociales estaban a favor de la consulta, los miembros del Congreso no concordaban con la propuesta, pues la consideraban un intento de continuismo. La tensión se agravó la semana pasada, cuando Zelaya destituyó del cargo al Jefe Militar del Estado Mayor, General Romeo Vásquez, por no colaborar con la distribución de las urnas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional anularon la decisión del primer mandatario y restituyeron al militar.





Movimientos sociales reaccionan contra el golpe
por Adital

Las tres Confederaciones Sindicales de Honduras, el Bloque Popular y las Centrales Campesinas convocaron hoy (29 de junio) a una huelga general en repudio al toque de queda de 48 horas decretado por el presidente interino del país, Roberto Micheletti. La medida fue determinada a la medianoche de ayer en respuesta a las manifestaciones populares contra el golpe de estado que destituyó a Manuel Zelaya Rosales del comando del país el domingo (28).

Las entidades populares exigen que las Fuerzas Armadas de Honduras cesen la persecución a militantes políticos que, desde ayer, protestan en las calles del país contra la deposición de Zelaya Rosales, que se encuentra en Managua, Nicaragua. El sábado, las Fuerzas Armadas secuestraron y expulsaron del país al ex presidente, acusado por la Corte Suprema de abusar de las leyes nacionales al proponer para ayer una consulta popular, que podría definir sobre una posible Nueva Asamblea Constituyente.

En una nota, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció el corte de energía eléctrica y la presencia de tanques y helicópteros militares alrededor de la casa presidencial, en Tegucigalpa, capital del país, donde miles de manifestantes realizaron protestas ayer.

El Comité Internacional de Coordinación (CCI) de Vía Campesina consideró el golpe como una "acción desesperada de la oligarquía nacional y de la derecha recalcitrante por preservar sus intereses del capital y, en especial, el de las grandes empresas transnacionales". Los manifestantes afirman que, detrás de la acción truculenta de las Fuerzas Armadas, están la Corte Suprema y los conservadores de la oposición.

En la evaluación de Vía Campesina, el gobierno de Zelaya defendió a los trabajadores y campesinos del país al ingresar, este mes, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), bloque de izquierda impulsado por el gobierno venezolano.

Varias entidades civiles de países de América Latina y América Central demostraron repudio y realizaron protestas contra el golpe ocurrido en Honduras. La Central Obrera de Bolivia (COB) se reunió hoy en La Paz, capital boliviana, para demostrar solidaridad al pueblo hondureño. La entidad planea, para los próximos días, una marcha nacional "en defensa de la democracia" de Honduras y contra el "golpe fascista de origen imperialista".

El Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), de Nicaragua, consideró que la justicia hondureña no posee justificaciones para el golpe de estado y afirma que la acción "abre el camino a la confrontación y a la violencia en el país". En un comunicado, la entidad nicaragüense recuerda que la Constitución hondureña garantiza "a sus ciudadanos el derecho de desconocer y rebelarse contra quien hoy pretende asumir el poder por la vía del golpe militar".

El Encuentro Ecuménico Juan Vives (Ecuvives), de Venezuela, consideró que la sociedad hondureña "sufre el ataque de los poderes más egoístas y reaccionarios del planeta. Quinientos años de esclavitud y opresión no parecen suficientes para satisfacer la voracidad de una clase dominante aliada a los intereses transnacionales de las grandes potencias".

El grupo venezolano además criticó a la Conferencia Episcopal Hondureña, que, en junio, acusó al Presidente Zelaya de "polarizar" al país. "En 500 años de muerte y opresión, no había habido divisiones, la población vivía en santa paz, los ricos y los pobres se sentaban fraternalmente en la misma mesa, y los oprimidos -eternamente amordazados- celebran felices su desgracia con los opresores", ironizó el Ecuvives. 


Roberto Micheletti ordenó la detención de Rafael Alegrón (dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina); Juan Baraona (Dirigente del Bloque Popular); Carlos H. Reyes (Dirigente del Bloque Popular); Andrés Padrón (Movimiento por los Derechos Humanos); Luther Castillos (dirigente sindical); César Han (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras); Andrés Pavón (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras); Marvin Ponce (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras); Salvador Zúñiga (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Berta Cáceres (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).


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© 2009 por Eric Jackson
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