noticias

Comunidades indígenas y campesinas preparan movilización nacional
por Adital

Después de más de 500 años de luchas, indígenas, campesinos y comunidades populares panameñas continúan teniendo sus derechos violentados. Para presionar a las autoridades por el cumplimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas en Panamá, se realizará entre los días 17 de septiembre y 12 de octubre, una gran movilización nacional.

La manifestación, denominada "Por el Derecho a la existencia de los pueblos originarios y campesinos en sus comunidades y territorios ancestrales con justicia social", consistirá en una caminata de más de 300 km. La marcha saldrá el 17 de septiembre desde la comunidad de Quebrado Guabo, del distrito de Nole Duima, y llegará a la capital panameña el 30 de septiembre, en la que se realizará una asamblea.

Se espera que cerca de 150 indígenas participen de la caminata, la cual también va a contar con la participación de organizaciones campesinas y populares. Las movilizaciones continúan los días posteriores, con foros, protestas en las embajadas estadounidense y colombiana, marchas en solidariedad con los pueblos amazónicos y con la población de Honduras, Venezuela y Bolivia.

Las manifestaciones terminarán el 12 de octubre con una Marcha desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República, donde se presentarán a las autoridades las principales demandas de las comunidades. Los manifestantes protestan contra a instalación de grandes proyectos transnacionales, como minería, hidroeléctricas y turismo, que fuerzan a indígenas y campesinos a dejar sus tierras. Los proyectos, muchas veces son presentados como forma de desarrollo del país, en realidad sólo benefician a una minoría de la población.

De acuerdo con un comunicado divulgado por las comunidades de la región de Ngabe Bukle y Campesino, entre las principales reivindicaciones de los participantes se encuentran: la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de todas las resoluciones, acuerdos y convenios dictados y establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales que favorecen los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de los pueblos panameños.

Además, piden la derogación de la Ley n° 2, de enero de 2006, que promueve el monopolio de tierras indígenas y comunidades pobres que viven en las áreas insulares y costeras panameñas. También solicitan la anulación de las Resoluciones de Concesiones Mineras otorgadas por el Ministerio de Comercio e Industria, las cuales permiten la explotación de recursos minerales por parte de empresas transnacionales extranjeras, así como las Resoluciones de Concesiones Hidroeléctricas realizadas por la Entidad Reguladora de Servicios Públicos, que provocarán el desplazamiento de miles de campesinos e indígenas.

"Exigimos la libertad sindical para las organizaciones indígenas de las tierras altas, tierras para las familias afectadas por desastres naturales, mayor presupuesto para los programas sociales de la región, la eliminación del clientelismo político, la aplicación de la carrera administrativa; destinar el 25% de los fondos del canal para la región Ngabe Bugle y Campesino, administrado por los organismos del gobierno tradicional para impulsar un verdadero desarrollo en estos territorios", afirma el comunicado.