opiniones

Acerca del Ministerio
de Asuntos Indígena
por Enrique Inatoy

Deseo hacer una breve reflexión histórica acerca de la evolución de la política del estado panameño en relación hacia los pueblos indígenas, para formar un criterio frente a la creación del Ministerio de Asuntos Indígena que hoy plantea los representantes indígenas de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa.

Sin alguna duda conocemos, que a lo largo de la historia de Abya Yala hubo legislación de carácter colonialista, y como primera entidad rectora de la colonización indígena ha sido indudablemente la Iglesia Católica y posteriormente con las jornadas de la independencia y el nacimiento de las repúblicas el poder de la iglesia católica continuó con su misión evangelizadora, y no fue hasta 1942, cuando se crea el Instituto Indigenista Interamericano en México, Patzcuaro cuando los estados americanos asume un poco la responsabilidad de observar los asuntos indígenas desde la perspectiva investigativa antropológica y en Panamá en 1952, siguiendo estas políticas indigenistas de México, se constituye el Departamento de Asuntos Indigenistas, sujeto al Ministerio de Gobierno y Justicia, por un lado y por el otro lado se crea el Instituto Indigenista y de Antropología Social sujeto al Ministerio de Educación que más tarde se unifica y se transforma en la Dirección Nacional de Política Indigenista sujeto al Ministerio de Gobierno de Justicia. Al principio sus directores fueron latinos-panameños especialistas y expertos en indígenas y luego cedieron este cargo a los propios indígenas.

Y en la administración de la Presidenta Mireya Moscoso fue instalada la Comisión Técnica Ad Hoc mediante Resolución Ministerial No 442 de 24 de septiembre de 1999, integrado por instituciones estatales, representantes de los congresos indígenas, Asamblea Legislativa y las organizaciones no gubernamentales. Dicha comisión presentó en esta ocasión un proyecto de decreto de creación del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena y los lineamientos de política indígena con el fin de poner en marcha la ejecución de la tercera meta de la agenda presidencial con el enunciado "Una política social hacia y con los pueblos indígenas para reducir la pobreza y la desnutrición en las comunidades indígenas", y al final éste no tuvo mayores resultados.

Y por último se presenta en 2004, el intento de crear la Autoridad Nacional de Asuntos Indígenas por los legisladores indígenas, como una entidad descentralizada del estado, la cual contaría con personalidad jurídica, patrimonio propio y autónomo en su régimen interno, sujeto a la orientación de los congresos generales indígenas previa coordinación con el órgano ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, este anteproyecto de ley no caminó en la Asamblea Legislativa. No obstante, estas instancias gubernamentales indigenistas fueron conducidos con una perspectiva política meramente educativa, social, investigativa, antropológica y ahora económica y política que contribuyen al sostenimiento de un modelo de desarrollo neo liberal del estado panameño, que coincide con la visión de continuar el neocolonialismo interno, de asimilar la identidad política y cultural e imposibilitar el esfuerzo descomunal de los pueblos indígenas, por alcanzar su propio estrategia de desarrollo.

En este contexto del estado panameño dependiente de la política, de los recursos financieros y tecnológicos externos, crear un Ministerio de Asuntos Indígenas significaría el incremento de la burocratización, provocar actos de corrupción, más derroche institucional, y generar empleos a los centenares indígenas que forman parte de las filas de clientelismo de los descréditos partidos políticos, la razón por la cual serán postergados nuevamente las aspiraciones colectivas de autodeterminación de las naciones indígenas.

En esa dirección, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, como otro instrumento más de competencia paralela administrativa política del estado, sería seguir socavando a los congresos generales indígenas y sus estructuras naturales comunitarias con el objeto de mediatizar y manipular los planes y las estrategias independientes de desarrollo y profundizar la injerencia, la presencia y mantener el control absoluto del estado, razón por la cual en ningún artículo de la creación del ministerio se señala el fortalecimiento institucional autónomo y descentralizado de los congresos generales indígenas como un poder político administrativo independiente de gestión, capacidad de generar recursos propios, generar nuevas propuestas políticas de gobernabilidad, de distribución y redistribución no sólo de los recursos financieros, administrativos y naturales, sino de orientar una nueva democratización del poder, en función de una nueva propuesta de desarrollo desde la perspectiva indígena.

El desarrollo autónomo descentralizado que plantea los pueblos indígenas desde su territorio y con la posibilidad de reconstruir su propia visión para las condiciones que mejoren la calidad de su vida respetando no solo su cultura, sino su propia forma de participación en la vida política del país sin la injerencia externa de los partidos políticos. Pero para poder impulsar esta estrategia de desarrollo autónomo se necesita del poder político y el problema es que el poder político está emparentado con los partidos políticos que han consolidado ese poder desde un estado dependiente políticamente y económicamente que responde a una estrategia global de dominación política y económica de los Estados Unidos y a lo interno con nuevo carácter de asimilación, que impide las iniciativas autónomas de desarrollo pluralista descentralizada que conduzca al rompimiento con la política de dependencia política, económica, ideológica y cultural de las naciones indígenas y de la nación panameña. Estas ideas inevitablemente amenazan los intereses, objetivos y los privilegios de las clases dominantes ladinos panameños y sus aliados externos, razón por la cual cambia sus actores en cada nuevo escenario para mantener constantemente a los pueblos indígenas y al pueblo panameño en general empobrecidos, marginados y discriminados.

Todas las institucionales estatales que eluden los problemas económicos, sociales y políticos de las comunidades indígenas desde su propia cosmovisión, serán estériles en el intento y la buena fe y servirán para ocultar o desfigurar la realidad de los naciones indígenas de Panamá y condenarlos a un absoluto descrédito.