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El gobierno de los EEUU debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y transparente de los asesinatos de dos ciudadanos mexicanos recientemente perpetrados por agentes de la frontera estadounidense, señaló Human Rights Watch en el 11 de junio. Human Rights Watch manifestó que los incidentes, así como el creciente número de episodios en los cuales ciudadanos migrantes son asesinados o heridos por agentes fronterizos, generan graves preocupaciones acerca del posible uso ilegal de la fuerza letal.

Los agentes de control fronterizo dispararon contra Adrián Hernández, de 15 años, y lo asesinaron en la noche del 7 de junio de 2010, en un puente ferroviario que une Ciudad Juárez, México, con El Paso, Texas, cuando los migrantes atacaron a pedradas a los agentes que intentaban detenerlos. En otro incidente, Anastacio Hernández Rojas falleció el 31 de mayo, después de haber sido atacado con una picana eléctrica por los agentes de control fronterizo en el cruce de frontera San Ysidro, que separa a San Diego de Tijuana, el 28 de mayo.

“El aumento registrado en la cantidad de episodios de asesinatos perpetrados por patrullas fronterizas pone de manifiesto la necesidad de que EEUU lleve a cabo una investigación abierta y exhaustiva”, señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Todos los agentes fronterizos que sean declarados responsables por el uso de fuerza excesiva deben responder por ello”.

Según fuentes del gobierno mexicano, la cantidad de incidentes en los cuales patrullas fronterizas asesinaron o hirieron a ciudadanos mexicanos se ha incrementado notablemente en los últimos tres años. El gobierno mexicano informó, en un comunicado de prensa del 8 de junio, que, en 2008, cinco mexicanos fueron asesinados o heridos por la patrulla fronteriza. En 2009, el total fue de 12 personas; y en 2010, ya se han producido 17 incidentes.

El Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) de los EEUU señaló, en un informe, que en el incidente del 7 de junio, los agentes hallaron a un grupo de presuntos inmigrantes ilegales que intentaban ingresar en los Estados Unidos, y detuvieron a dos de ellos. Los otros huyeron cruzando la frontera y comenzaron a arrojar piedras a los agentes. Un agente efectuó varios disparos y mató a Adrián Hernández. La familia de la víctima manifiesta que Hernández no participó en el incidente en que se arrojaron piedras, y que tampoco había cruzado la frontera.

En el incidente previo, la policía de San Diego afirmó que Hernández Rojas, de 42 años, había atacado a los agentes de la patrulla fronteriza mientras realizaban los preparativos para enviarlo de regreso a México. Presuntamente, un agente golpeó a Hernández Rojas con un bastón policial y otro le provocó un shock con una picana eléctrica. Hernández Rojas perdió el pulso y dejó de respirar. Sobrevivió tres días con soporte vital, hasta que finalmente murió. Según trascendió, Hernández Rojas había vivido en los Estados Unidos desde los 14 años. Había sido deportado por una infracción de tránsito, luego había regresado a los Estados Unidos y había sido detenido nuevamente en la tarde del 28 de mayo.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que las autoridades deben, en la medida de lo posible, aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego. Los Principios Básicos establecen que, cuando el empleo de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, las autoridades deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito. El uso de la fuerza letal sólo está permitido cuando resulta absolutamente inevitable para resguardar la vida. Los Principios Básicos también exigen que se lleve a cabo un proceso eficaz de informe e investigación, especialmente en casos de muerte o heridas graves.