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Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, fue condenado 11 de junio de 2010 en Valencia, estado Carabobo, a una pena de tres años y nueve meses de inhabilitación para ejercer su profesión. También fue despojado de sus derechos políticos y deberá pagar 1,250 Unidades Tributarias (unos 15,427 euros) por daños y prejuicios por "difamación" e "injurias".

En su columna "En Secreto", que escribía desde hace más de 30 años, Francisco Pérez señaló el 30 de marzo de 2009, que el alcalde de Valencia aprovechaba su posición para otorgarle puestos claves a los miembros de su familia. El alcalde, Edgardo Parra, presentó una denuncia por "ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada del servicio público".

Francisco Pérez rechazó la decisión del juez y negó cualquier intención de perjudicar el honor del alcalde y sus allegados. La presencia de los miembros de la familia del alcalde en el ayuntamiento es un hecho de conocimiento público, el columnista calificó esta decisión de "aberrante".

"El alcalde nunca me pidió el derecho de réplica, no me voy a retractar de lo que escribí porque confío y creo en mis fuentes de información", explicó Francisco Pérez saliendo del tribunal. El periodista también declaró que apelaría la decisión.

Reporteros sin Fronteras condena esta peligrosa decisión de carácter arcaico. La inhabilitación de Francisco Pérez para ejercer su profesión constituye una medida indigna y desproporcionada en vista de los hechos expuestos. ¿En nombre de qué principios un periodista sancionado es privado de su palabra? Esta decisión representa un gran obstáculo para la libertad de prensa y, si fuera confirmada, podría incitar a los periodistas a la autocensura.

Esta decisión constituye un golpe severo a la libertad de la prensa en Venezuela. El 11 de junio pasado el tribunal de Caracas emitió una orden de arresto contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal televisivo privado Globovisión, por un asunto que no está relacionado con su actividad de dueño de prensa, pero, por otra parte, el directivo es perseguido por "ofensa al Jefe del Estado" por las declaraciones que hizo en marzo pasado.