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Vol. 16, No. 11
6 de octubre, 2010


opiniones

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Once años insistiendo
por la verdad y la justicia

por COFADEPA-HG

El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, COFADEPA-HG, conmemora el 30 de septiembre el XI aniversario de su fundación, de lucha continua, de esperanza, de búsqueda y de apelación a las autoridades panameñas para que tomen en cuenta el drama de los torturados, asesinados y desaparecidos forzados de la época de la dictadura, que dirigiera Omar Torrijos Herrera y la camarilla de militares que lo acompañaron en la nefasta aventura de romper el orden constitucional del país y de imponer la bota militar sobre las libertades, el derecho y la justicia sobre el pueblo panameño durante más de veintiún años.

Fue en 1999, inmediatamente después de efectuadas las elecciones que un testigo, antiguo miembro de la Guardia Nacional, ofreciera información sobre el lugar donde posiblemente reposarían cuerpos humanos enterrados de manera ilegal durante la dictadura. De todos es conocido que, efectivamente, se encontraron osamentas humanas cuyos análisis revelaron que pertenecían a Heliodoro Portugal, primer desaparecido de la dictadura recuperado, hecho contundente que desenmascaró la verdad de la dictadura que por tantos años se quiso ocultar.

El Caso Portugal ha hecho historia en Panamá porque la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado panameño por la desaparición física y la violación de los derechos humanos de Portugal. Hay cientos de casos semejantes a la espera de la justicia, incluyendo los asesinados. ¿Será que las crímenes de lesa humanidad y de genocidio de la dictadura quedarán impunes en la historia panameña? La ausencia de una verdadera y responsable actuación del Ministerio Público pareciera decir que sí.

Es en este contexto que nace la organización de familiares de las víctimas de los desmanes de los militares que, pasando por todas las formas de atropello contra el pueblo, llegaron incluso tocar lo más sagrado: la seguridad y la vida de los ciudadanos. Las injusticias se extendieron a los familiares que fueron objeto de denegación de justicia, amedrentamiento y amenazas. Fue con la organización que pudieron salir adelante y hacerse protagonistas de lucha de sus seres queridos torturados, desaparecidos y asesinados.

Once años después, los familiares reclaman:

  • Atención responsable por el gobierno nacional. Está pendiente la instalación de una mesa de entendimiento entre las partes a fin de abordar la serie de situaciones que son parte de la agenda de la justicia de los familiares. A inicios del mes de junio, en reunión sostenida con ellos, funcionarios de la Cancillería comprometieron al titular a darle forma y realidad a esta iniciativa pero ha quedado en el olvido.

  • El análisis de los restos humanos que reposan en laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, IMELCF, toda vez que los familiares están impacientes por saber si entre ellos se encontrarán los buscados por ellos.

  • La entrega, por parte del señor procurador, de la partida de noventa mil balboas que reposa en un banco de la localidad destinada, como donación, a realizar las pruebas de ADN sobre los restos en custodia en el IMELCF. Igualmente, que el señor Presidente haga efectiva la entrega de los 45 mil balboas que ofreció para estos propósitos.

  • La protección del cementerio de la isla de Coiba, en donde ciertamente existirán tumbas que conservan los restos humanos de asesinados y desaparecidos que trágicamente tuvieron que pasar por esta antigua Isla Penal.

  • Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre sus consideraciones en torno al caso Panamá que le fue presentado años atrás.

  • La agilización de los casos en proceso que reposan en diferentes fiscalías que están incumpliendo con la norma sobre el tiempo de atención.

  • Testimonios de implicados, directa o indirectamente, en los diversos casos de desaparecidos y asesinados, a fin de que se pueda dar con el paradero de los restos que tanto necesitan conocer los familiares.

  • Contundencia del Ministerio Público en la investigación exhaustiva, responsable, profesional y técnica, en la presentación de las pruebas y en la debida acusación de aquellos posibles implicados en los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar en el país.

Las organizaciones de los familiares de las víctimas de la violación de los derechos humanos no cesan en su reclamo de la verdad y la justicia. Madres, padres de aquellos que fueron desaparecidos y asesinados están muriendo con el dolor de no haber conocido la verdad sobre sus hijos y de no haber podido llevarles una flor a sus tumbas. Al gobierno nacional le compete la responsabilidad de tomar en serio las injusticias cometidas en épocas pasadas cuya reparación está pendiente. La verdad y la justicia son fundamentales para garantizar un estado de derecho.


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