La
verdad tras el cambio
por
Kevin Harrington - Shelton
Cada
diputado nos cuesta $2 mil diarios. Pero es tan poco el valor que
agregan a nuestra democracia, que sería más rentable
destinar lo
que hoy malbaratamos en la Asamblea, para aumentarles a los
jubilados. El escaso beneficio que recibimos a cambio lo ilustra su
aprobación en Primer Debate de la Empresa Nacional de
Autopistas,
una ley propuesta por el Gabinete -con 1 honrosa abstención- que
no
sólo facilita la compra de los corredores, sino que
además perpetúa
esos contratos leoninos tan criticados por la ciudadanía. El
sistema
de pesos y contrapesos que pagamos con tantos pesos no frenó
ésta
locura, sino que la aprobó ¡y en tiempo récord!
-pese a
advertírseles la inconstitucionalidad de los rellenos de lechos
marinos.
En
2 Memorada de Entendimiento (que mantiene en sospechosa reserva un
Presidente tan mediático), los ministros pagarían $1,070
millones
por vías que no valen $420 millones. La diferencia de $650
millones
la repartirán los mexicanos, como mejor les parezca.
Según el
viceministro de Economía, éste regalo-virtual fue
negociado
directamente por el Presidente. ¡Con razón la OECD nos
considera un
país de mentirita!
Es
pésima dicha decisión, porque en ninguna de esas
concesiones se nos
obliga a comprarlas. Tan sólo se fija una fórmula
matemática para
arribar al precio, en caso de decidir cancelarlas. Pero eso NO es lo
que hacen los ministros. NO cancelan las concesiones; sólo
compran
acciones detentadas hoy por los mexicanos (y ciertos panameños)
en
las concesionarias. Provocando con ello el ridículo de ser el
único
Estado del mundo que es concesionario de sí mismo… Dicha compra
es
innecesaria, porque si los obligaramos a cumplir sus compromisos
contractuales, la presión financiera de dar mantenimiento a unas
vías mal construidas que se deterioran rápidamente en
nuestro clima
conllevaría a que los mexicanos nos las entreguen -gratis-
muchísimo
antes de que venza su última concesión en 2093. Pero con
lo
aprobado por los ministros, asumimos gastos de mantenimiento que
elevarían el costo verdadero de esta "compra" a casi
$2,000 millones (o más, si se acaba de caer el Puente Marino en
la
vigencia de nuestra responsabilidad, o si no se logran venden los
rellenos de ATLAPA).
Continuemos
el análisis. Al comprar sólo acciones, Cambio
Democrático hace
suyas las cláusulas leoninas que anteriormente achacaba al PRD.
Y
adquiere todos los baldones de las concesionarias, incluyendo
aquellos $300 millones en bonos PYCSA que el mandatario tildó
como
"no muy kosher". Y $144 millones en bonos ICA (emitidos en
2005), $100 millones de los cuales no parecieran vinculados a la
construcción en sí de un Corredor Sur que se
completó en 1999.
Las
concesiones en sí permanecen vigentes. Incluyendo las ganancias
garantizadas, las tasas internas de retorno (a vañpres 1994),
las
tarifas de peajes pre-autorizadas, relleno de 22 hectáreas de
lecho
marino "constitucionalizado", etc., etc.
El
Presidente había anunciado que no aumentaría peajes y que
los
corredores serían gratis en 10 años. Pero sus ministros
determinaron otra cosa. En el artículo 23 condicionan el uso
gratuito a que se cancelaran, no los $1,070 millones publicitados,
sino casi $2,000 millones. Si sin peajes aumentados no se cancelaban
la cifra publicitada, con casi $2,000 millones, ¡muchísimo
menos!
Son peligrosos unos ministros que osan contradecir al Presidente, y
luego logran que él lo firme.
Pero
quizá el peor yerro de los diputados es que no aprendieron de su
error en la Ley Chorizo. Vuelven entremezclar en la oscuridad varios
temas, y a tambor batiente, en violación de su propia
técnica
legislativa. So pretexto de crear el ENA, reforman además el
régimen
en sí de las concesiones administrativas, la Ley 5 de 1988. Esta
ley
había sido hecha a la medida del general Manuel Antonio Noriega,
para delegar en el Ejecutivo sus facultades legislativas, sobre
cualquier obra que se antojara el Gabinete, y la debacle de los
corredores comprueba que constituye un cheque en blanco sobre el
Tesoro Nacional. El sentido común habría llevado a los
actuales
diputados a desfazer ese entuerto de la dictadura. Pero no.
Prefirió
aflojar aún más su control constitucional, al colar
dentro de una
ley de trámite un camarón reglamentando mecanismos para
parcelizar
el relleno de 22 hectáreas de lecho marino "constitucionalizado"
exclusivamente para la concesión ICA de 1997 -en la esperanza de
extenderlo a las 60 hectáreas de lecho marino que le
agregarían
para financiar 2 carriles al Corredor Sur.
¿Eso
nos justificará gastar $2 mil diarios por cada diputado?
El
autor es traductor oficial
