Foto tomada por Rosie Simms,
publicada el año pasado
por el periódico estudiantil McGill Daily mientras ella estudiaba en
Montreal
La
ofensiva de Martinelli contra el periodismo no servil
Asistente
y traductora de CBC devuelta
a su país al llegar a Tocumen
por
Eric
Jackson
El
año pasado,
cuando
estalló la controversia sobre la efímera Ley 8, que reformó el
Código Minero, Rosie Simms estaba en Panamá por un semestre: el
Semestre de Estudios de Campo en Panamá de McGill, un programa
cooperativo entre McGill University en Montreal y el Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Como parte de ello, hizo
una pasantía en CIAM, el grupo ambientalista de acción legal de
Panamá, estudiando los conflictos entre los derechos de los
indígenas y el desarrollo minero en este país. Ella no participó
en ninguna de las protestas antimineras, ya que el programa de McGill
tiene una estricta prohibición en contra de esto. Sin embargo,
conversó con los residentes de las áreas donde había preocupación
por su potencial minero: tanto los que pensaban que era una buena
forma de crear empleo como los que temían perder lo poco que tenían.
También tomó algunas fotos. Ella y una compañera de clases
hicieron algunos reportajes para el McGill Daily, el periódico
estudiantil de la universidad, y para Dominion/Media Co-op, un
pequeño medio de comunicación alternativo en Canadá. Ella no tuvo
ningún encontronazo con policías, autoridades migratorias u otros
funcionarios de gobierno, y cuando le llegó el momento de regresar a
Canadá, se fue sin que le hubieran dicho, en nombre del gobierno de
Panamá, absolutamente nada acerca de sus estudios o de sus
reportajes.
Ahora,
una de las
grandes
cadenas noticiosas del mundo, el equipo de The National, el principal
programa de noticias de la Canadian Broadcasting Corporation, está
trabajando en un documental sobre las actividades fuera de Canadá de
las compañías mineras de capital canadiense alrededor del mundo.
Aquí en Panamá, están interesados en la notoria mina de Petaquilla
Gold; los planes de Inmet (Minera Panamá), el gigante minero de
capital canadiense, de abrir un hueco de casi 60 kilómetros
cuadrados en un área silvestre protegida del occidente de la
provincia de Colón y el norte de la provincia de Coclé, con el fin
de extraer cobre; y el interés "a veces sí, a veces no"
de las compañías canadienses en Cerro Colorado, área rica en cobre
donde nacen los ríos de cuyas aguas bebe al menos un tercio de la
Comarca Ngäbe-Buglé. En Rosie Simms, encontraron a una joven
canadiense que sabe español, conoce el área y conoce el tema, así
que CBC la contrató como asistente para arreglar entrevistas e
itinerarios y como traductora para una misión periodística a
finales de enero y principios de febrero.
El
21 de enero,
Simms
voló hasta el aeropuerto de Tocumen y fue detenida por las
autoridades migratorias. Después de pasar cuatro horas incomunicada,
durante las cuales solo se le dijo que había un "impedimento de
entrada" en su contra, la pusieron en un avión de vuelta a
Canadá. No le dieron ninguna razón para el "impedimento".
Últimamente,
Ricardo
Martinelli es dado a las peroratas maníacas contra la prensa, y
parece ser que su red de espionaje dirigida por israelíes ha estado
monitoreando a Rosie Simms o a CBC o a ambas y que Martinelli decidió
dar un escarmiento utilizando a Simms, y tal vez a CBC. No está
claro si los periodistas de CBC enfrentarán un "impedimento"
similar cuando lleguen aquí.
Ricardo
Martinelli despotricando airadamente contra la prensa
Foto
por la Presidencia
Entonces, ¿fue
apabullante la experiencia para la Srta. Simms? Parece que no, pero
está fastidiada. Ella dijo:
Es muy decepcionante no poder dar
seguimiento al
trabajo
que he invertido en el proyecto de CBC durante los últimos 2 meses.
Estaba sumamente entusiasmada por la oportunidad de trabajar en este
proyecto fílmico con la CBC. La minería canadiense en Latinoamérica
es un tema de profunda importancia para mí, y fue increíble tener
la oportunidad de trabajar en el tema con una cadena canadiense de
reconocido prestigio. Siendo una persona con un entusiasta interés
en proseguir una carrera periodística de cierto nivel en el futuro,
esperaba aprender mucho trabajando con los experimentados reporteros
de CBC. La parte económica es menos importante para mí; sin
embargo, negarme la entrada a Panamá también significa que he
perdido un mes de trabajo y de salario.
¿Pensó Martinelli
en
las consecuencias de un ataque a una de las principales cadenas
noticiosas internacionales, y lo que podría significar a largo plazo
para las relaciones de Panamá con Canadá a muchos niveles? Es
difícil decirlo. En general, él solo habla con los medios que él
mismo controla por estos días. Sus vigilantes asistentes mantienen
lejos de su alcance a los reporteros que pudieran captar sus momentos
desmedidos. (Es parte de lo que obtiene Panamá por elegir a un
candidato que corrió para la presidencia sobre una plataforma de
"locura".) Es poco probable que haya consecuencias
inmediatas en Ottawa, ya que es improbable que el gobierno de Harper
tome el asunto con mucha seriedad. Sin embargo, a más largo plazo,
Martinelli y Panamá recibirán una cobertura de prensa más
escéptica en Canadá. Ciertas consecuencias económicas --y
posiblemente también diplomáticas-- surgirán del ataque del
presidente contra la prensa canadiense.
Panamá en el plazo 113ro
Nuestra
reputación en el mundo
por Reporteros sin Fronteras
Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa: Américas
La ola de protestas mundial del
año 2011 también atravesó el Nuevo
Mundo. Ésta, hizo descender en la clasificación a Estados Unidos (47º
lugar) y a Chile (80º), que perdieron 27 y 47 posiciones,
respectivamente. En estos países los periodistas pagaron su cuota por
la represión –o los disturbios– de los movimientos de protesta. En
Estados Unidos más de 25 periodistas padecieron durante dos meses
detenciones y la brutalidad de una policía pronta a inculparlos por
"mala conducta" ("disorderly conduct"), "alteración del orden público"
("public intoxication"), incluso ¡falta de acreditación! En Chile
–donde la revuelta estudiantil también cuestionó la extrema
concentración de los medios de comunicación–, a la violencia contra los
periodistas se sumaron atentados contra redacciones, ataques físicos y
en línea. Mucha de esta violencia se debió a los abusos de carabineros,
que rara vez fueron sancionados, y quienes también cometieron brutales
detenciones y destruyeron material de periodistas.
Continuando con el sur, Argentina
mantiene un buen sitio (47º). Mas
el año 2011 será recordado por los claros retrocesos de dos países:
Brasil (que descendió 41 lugares y ahora ocupa el 99º) y Paraguay (bajó
26, ocupa el 80º). Esta vez, la inseguridad es la razón de tal
evolución. En el norte y noreste brasileños, así como en las regiones
fronterizas paraguayas, es peligroso tratar temas como la corrupción
local, las actividades del crimen organizado y los ataques al medio
ambiente, tanto para los periodistas como para los blogueros. Tres de
ellos perdieron la vida en Brasil en 2011. Si bien el gigante
sudamericano demuestra sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad,
la justicia se aplica de forma desigual, según las regiones y los
estados, y se encuentra sujeta a fuertes presiones políticas. La misma
situación se vive en Paraguay, en donde un periodista fue asesinado y
el gremio periodístico denuncia la falta de una ley de acceso a la
información pública; su gran vecino recientemente adoptó una.
El balance humano de Brasil es
comparable al de Perú (115º), donde
también fueron asesinados tres periodistas. País conocido por las
frecuentes agresiones contra la prensa, Perú también se distingue por
la multiplicación de procesos penales por "difamación" o "injuria". El
periodista audiovisual Paul Garay Ramírez pagó sus denuncias con seis
meses de detención, entre abril y octubre de 2011.
Hostigamiento judicial, difícil
equilibrio pluralista, polarización
y agresiones frecuentes caracterizan aún el clima de Ecuador (104º) y
de Bolivia (108º), que conservaron las mismas posiciones. Esta
situación es todavía más marcada en Venezuela, que sin embargo ascendió
algunos lugares (16, ahora ocupa el 117º).
Con el asesinato de un
periodista, relacionado directamente con su
profesión, Colombia (143º) sigue en los abismos de la clasificación
debido a la persistencia de las amenazas, los exilios y las
suspensiones laborales forzadas, en particular de periodistas
provenientes de zonas en conflicto. Pese a los avances judiciales, el
país aún no ha saldado sus años de guerra ni las oscuras prácticas
–espionaje, sabotajes, campañas de descrédito– del antiguo Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS).
Contrastes en el centro
En Panamá se lamenta el asesinato
del director de una radio. El
retroceso del país (descendió 32 lugares, ocupa el 113º) también se
debe a la expulsión de dos periodistas españoles solidarios con las
comunidades indígenas que se enfrentan a los intereses territoriales de
la industria minera. Reina un clima execrable entre el gobierno de
Ricardo Martinelli y una amplia franja del gremio, acompañado de
campañas de descrédito personal.
En Guatemala, país mal
clasificado por su inseguridad, por una
censura tenaz y por un pluralismo insuficiente (descendió 20 lugares,
ahora ocupa el 97º), este año fue detenido un periodista sin que
existieran pruebas. En el mismo nivel se encuentra República Dominicana
(95º), que estuvo de duelo por la muerte de un periodista, asesinado
poco después de que estuviera algunos días en detención preventiva por
"difamación". Por otra parte, se han denunciado frecuentes abusos
policíacos en el país. En el vecino Haití (52º), que lentamente se
recupera del terremoto del 12 de enero de 2010, las tensiones políticas
registradas la víspera de la investidura de Michel Martelly, el 14 de
mayo, afortunadamente no sobrepasaron el nivel crítico respecto a la
seguridad de los periodistas.
Asimismo, en Nicaragua (ganó 11
lugares, ocupa el 72º), la
polarización vivida antes de la reelección de Daniel Ortega a la
presidencia, en noviembre, al final no afectó mucho el trabajo de los
periodistas y su libertad de movimiento. Pese a serios casos de
amenazas, el país subió varios lugares, al igual que El Salvador
(ascendió 14, ocupa el 37º), en el que se registró un bajo número de
agresiones. Costa Rica (19º) llegó este año al primer rango de los
países latinoamericanos, posición que tradicionalmente se disputaba con
Uruguay (32º).
El contraste más fuerte se da en
América Central. Honduras (135º)
sigue estancado al final de la lista desde el golpe de Estado de junio
de 2009. Los cinco periodistas asesinados en 2011 –en tres de los casos
el crimen está relacionado directamente con su profesión– y las
persecuciones sistemáticas contra los medios de comunicación de
oposición y las radios comunitarias, ratifican su siniestra reputación
como el país más peligroso del continente para la prensa, justo después
de México. Este país continúa su descenso (perdió 13 lugares, ocupa el
149º), en el trágico contexto de la ofensiva federal contra el
narcotráfico, que ha dejado 50.000 muertos en cinco años. Cinco
periodistas fueron asesinados en él. Además, ahora se registran
crímenes y represalias contra los internautas que desafían la violencia
del ambiente.
En el último lugar del continente
se encuentra Cuba (167º), que aún
no ha accedido a la apertura en materia de libertades públicas y de
derechos humanos que se esperaba tras la liberación del último
periodista disidente que se encontraba encarcelado, el 8 de marzo de
2011, después de la de sus colegas víctimas de la "Primavera Negra".
Represión y breves detenciones amenazan aún a periodistas y blogueros
que franquean del control del Estado.
Después de Canadá –que vuelve a
estar a la cabeza en la
clasificación del continente (ascendió 11 lugares, ocupa el 10º)–,
Jamaica (16º) y sobre todo Surinam (subió 13 lugares, ocupa el 22º) y
los siete países que integran la Organización de Estados del Caribe
Oriental (OECS, 32 lugares arriba, ocupan el 25º), registran progresos
justificados porque prácticamente no se han registrado hechos violentos
u obstaculizaciones serias a la libertad de informar. Otra sorpresa,
pero en sentido inverso, es la de Trinidad y Tobago (descendió 20
lugares, ocupa el 50º), país marcado por un escándalo de espionaje de
periodistas, maniobras de boicot contra medios de comunicación
audiovisuales y abusos de procesos legales. Guyana (58º), donde el
Estado aún tiene el monopolio de la radio, conoce una situación similar
y permanece en la misma posición.
